En la demanda presentada por el gobierno de México ante una corte de Estados Unidos contra el tráfico ilegal de 500 mil armas al año, el país puede vencer a gigantes productoras y distribuidoras armamentistas que nutren a organizaciones criminales. Para el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio, se trata de un litigio estratégico crucial para la pacificación del país y le augura éxito

Al parafrasear la metáfora bíblica que da forma al deseo de derrotar al poderoso, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, subraya: “nos complace enfrentar a un Goliat representado por las grandes productoras y distribuidoras de armas que se trafican a través de la frontera y causan miles de pérdidas humanas en nuestro país”. Ello en relación a la demanda interpuesta por el gobierno de México en una corte de Estados Unidos contra los fabricantes más poderosos por su permisibilidad en la venta de armamento: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group, entre otros, cuyas ventas anuales a clientes en México rebasan las 340 mil armas al año.

El 4 de agosto de 2021, México presentó una demanda civil de daños para que las empresas demandadas compensen al gobierno mexicano por los daños causados por sus prácticas negligentes, y con elobjetivo de que las empresas desarrollen y apliquen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores.

Para Celorio Alcántara, se trata de un litigio estratégico contra el tráfico ilícito de armas frente a la negligencia de las empresas de manufactura, distribución y venta de armas, y su correlato de  muertes, lesiones e inseguridad en México. Además de que avizora signos de obtener resultados positivos.

El abogado litigante admite en entrevista que, como consecuencia de la demanda contra fabricantes y vendedores de armas, presentada en agosto en una Corte de Massachusetts, no ha cesado el tráfico ilegal de armamento al país.

“Como consecuencia de la demanda no ha cambiado nada el tráfico de armas, o es muy temprano para saber si hubo algún cambio. Donde sí hay un cambio es la relación bilateral con Estados Unidos y la presencia multilateral” de México contra este flagelo, indica Celorio Alcántara, maestro en derecho estadunidense por la Universidad de Houston.

Desde su despacho en el sexto piso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, considera que, pese al tratado sobre el comercio internacional de armas (ATT, Arms Trade Treaty, en inglés) de la ONU, “pareciera que la generación de medio millón de armas al año que ingresan a México es espontánea, porque sin duda esas armas no proceden de las Fuerzas Armadas mexicanas; proceden de los Estados Unidos”.

Para el experto en derecho, en estos tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un cambio de mentalidad sobre evitar el tráfico ilícito de armas, nos habíamos concentrado por años, únicamente, en la detención de sustancias ilícitas, pero los cárteles, entre más armas tengan, tienen más poder para traficar sustancias.

“Concentrándonos en el tráfico ilícito de armas: hay más decomisos, hay más estrategias de coordinación con Estados Unidos, patrullajes espejo, se comparte información, y estimamos que todas las estrategias juntas pueden ayudar a terminar con este flagelo de manera conjunta”, indica.

Señala que la persecución del delito del tráfico ilícito de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas tiene un efecto, pero faltaba hablar de las empresas, para que baje el número de armas que se trafican de Estados Unidos a México.

“No es que sea difícil ganar la demanda: estamos convencidos de nuestros argumentos, aquí la cuestión es que no podemos garantizar qué va a pasar mañana, no es como comprar un producto, que haya una transacción y se acabó. Presentamos la demanda con argumentos muy sólidos, pero lo que pase dentro de la cabeza del juez no lo sabemos, yo creo que estimamos  un 50/50 de que va a proceder, pero para ganar el litigio tenemos que superar esta primera etapa, relativa al mérito de la demanda, donde las empresas demandadas podrían apelar la decisión, y entonces tendríamos que ganar en la apelación. Será complejo ganar rápido”.

El abogado Celorio considera que sí hay muchas posibilidades de que México gane esta demanda, no obstante advierte que “las empresas se van a defender con todas las triquiñuelas que puede tener un litigante”.

Agrega que en la lucha del gobierno de México para abatir la violencia, se debe priorizar este tema de las armas antes que otros asuntos. “Porque, ¿qué es un cártel sin poder de fuego? Si tuvieran menor poder de fuego sería más difícil para estos criminales amedrentar a personas, lograr que un grupo esté en algún lugar, que las autoridades no se animen a arrestarlos”.

Al respecto, Celorio añade que “si estuviéramos en otro marco jurídico, en un marco de derecho de la guerra, entonces, lo que podría hacer el Ejército o la Guardia Nacional no es arrestar sino neutralizar, matar, el derecho de la guerra permite eso”.

Pero como el país no está en guerra, indica que el marco normativo obliga a las autoridades a arrestar, a poner a disposición del sistema de justicia a los presuntos delincuentes, quienes pueden salir libres si no se acredita la comisión del delito.

Negligencias

Celorio Alcántara, maestro en sanciones internacionales y derecho comparado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco, explica que las empresas de armas sí han sido negligentes. Detalla que éstas atentan contra la obligación de debido cuidado, basado en la teoría del Tort Law o derecho de las responsabilidades contractuales, que las obliga a cuidar que sus productos no causen daño. Se trata de una obligación contractual de prever que su producto pueda causar un daño.

“¿Cómo sabemos que las empresas son negligentes? Porque saben por películas, series, reportes de prensa y gubernamentales, videos del Cártel Jalisco Nueva Generación que sus productos se utilizan en México para la comisión de un delito. Por ello, con la responsabilidad contractual de estas empresas, teniendo toda la tecnología y poder económico, podrían evitar que sus armas lleguen a México, ¿cómo lo podrían hacer? Muy sencillamente, ¿por qué a un arma, que se vende para actividades recreativas o de colección, no le pones un aditamento?”, cuestiona.

Agrega que en el derecho estadunidense y en el derecho mexicano hay una obligación de las personas físicas y morales de hacerse responsables por sus acciones u omisiones que pongan en peligro la vida. Por ello, considera que se trata de una demanda estratégica que no se va a lo obvio de demandar a una tienda que vende armas en la frontera de Texas con Tamaulipas. “Estudiamos a profundidad la mejor forma de llegar a un resultado positivo y que nos presentara los menores escollos posibles. Consideramos que presentar una demanda en Texas contra una empresa de venta de armas en la frontera nos habría representado una batalla cuesta arriba en el circuito de apelaciones, y después, en la Suprema Corte, si llegara a prosperar”.

Explica que se argumentó la demanda con base en información pública respecto al número de armas encontradas e incautadas en escenas del crimen en México en los últimos 10 años, en el que se identificaron a empresas distribuidoras y vendedoras que representan el 70 por ciento de armas que proceden de Estados Unidos.

En coincidencia, dice, esas empresas tienen su asiento en  Massachussets y Texas, en el noreste de Estados Unidos, que corresponden a un circuito de apelaciones que no es tan conservador y que ha mostrado cierta apertura a abordar el control y posesión de armas.

El largo y sinuoso proceso

El consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio Alcántara, reconoce que si bien “no vamos a resolver el tráfico ilícito de armas, sí atendemos a uno de los factores involucrados en este fenómeno y la violencia armada en México: que el gobierno de Estados Unidos regule la venta de armas en su territorio”.

Señala que en el sistema judicial en Estados Unidos los grandes despachos se aprovechan de la facilidad para demandar del derecho del Tort Law, que se define como “un acto u omisión que resulta en un daño o lesión contra otro” o “de la responsabilidad civil extracontractual”, que en ese país está muy desarrollado y México lo está aprovechando para su demanda.

El argumento es que el gobierno de México sufre, como un particular, un daño directo e indirecto por el tráfico de armas auspiciado por las empresas, por lo que se presentó ante una Corte Federal en Estados Unidos para argumentar que omisiones de empresas demandadas generan un daño en territorio mexicano.

Por ello, dice, el país se anticipó a los cuestionamientos a la legitimación procesal activa de México, mediante precedentes como el caso The Sapphire 1870, en el que la Suprema Corte del vecino país reconoció que un particular extranjero o un gobierno extranjero sí pueden demandar en cortes estadunidenses cuando haya sufrido un daño presuntamente ocasionado por un particular o una persona moral en Estados Unidos.

Respecto a los cuestionamientos de la legitimidad procesal activa, indica que son que el gobierno de México sufre un daño directo, donde existe una doctrina procesal con la que se alega que demanda a nombre de todos los mexicanos. Es un litigio estratégico del gobierno mexicano, no es de México y de todas sus víctimas de la violencia armada porque sería muy complicado poder representarlas a todas. En la práctica, sería imposible llegar a acuerdos con intereses económicos y abogados diferentes.

Respecto a la legislación de Estados Unidos que otorga inmunidades, explica que ésta busca abstraer a las empresas manufactureras, distribuidoras y vendedoras de armas de cualquier señalamiento por el mal uso de un arma, denominada PCLAA (Protection of Lawful Comerce in Arms Act). El funcionario precisa que “únicamente son responsables estas empresas por el mal funcionamiento del producto”. Sin embargo, explica que hay una serie excepciones que argumenta el gobierno de México en la demanda. Entre ellas, que la venta de estas armas viola leyes estatales y federales. “Aquí radica su carácter estratégico de la demanda en Massachussets”.

Apunta que “hay una legislación muy estricta en ese estado, donde se prohíbe la publicidad falsa y engañosa; tú no puedes vender un arma para actividades recreativas o para caza cuando la estás dirigiendo a una persona que puede matar o, el caso que nos ocupa, para que una organización del crimen organizado pueda dañar a mexicanos en nuestro país”.

El caso de la extraterritorialidad, el consultor jurídico se pregunta¿qué alcance tiene una legislación doméstica federal de Estados Unidos respecto a daños que ocurren en territorio de otro país?. Y responde: “el precedente judicial del Tort Law indica que la ley que rige es la ley donde ocurrió el tráfico ilícito de armas. Bajo esa teoría, el derecho mexicano tendría que regir y el juez de la causa tendría que observar y recurrir a lo que dice la legislación mexicana en términos de tráfico ilícito, uso y responsabilidad de estas armas”.

Explica que en México no hay una segunda enmienda constitucional como en Estados Unidos, por lo que los cárteles del crimen organizado no gozan de un derecho a comprar, poseer y utilizar armas. Por ello, la legislación que otorga inmunidad en Estados Unidos no tiene efecto en México. En resumen, advierte Celorio Alcántara, México, un actor extranjero, sí puede demandar en Estados Unidos a empresas porque el daño ocurre en territorio mexicano donde la PLCAA no tiene efectos.

Daños y pérdidas

El consultor jurídico de la SRE acusa que México ha sufrido daños directos como la muerte y lesiones de funcionarios, elementos de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas; y gastos en armas de más poder de fuego  para responder al uso de estas armas de manufactura estadunidense. Así como daños indirectos como pérdidas por ingreso en turismo. “Cada vez que hay una alerta de violencia del Departamento de Estado de Estados Unidos disminuye el flujo de turistas extranjeros en México, donde la violencia armada es ocasionada por acciones y omisiones de empresas de armas”.

Estas empresas saben o deben de saber que sus compradores son prestanombres, personas con antecedentes penales, que compran varias armas de alto poder en una sola transacción varias veces en la semana el mismo tipo de armas, fuera de inventario, que van a parar al crimen organizado.

Otro elemento es el número de armas que se producen, distribuyen y venden en Estados Unidos y su correlación con el número de muertes en México. “Estamos demandando a las empresas en Massachussets que son responsables de cerca del 70 por ciento de las armas que se encuentran en México y que ingresaron de manera ilícita al país. Es decir, se está creando un mercado de consumidores en México, país que mantiene una regulación muy estricta que impide al particular comprar un arma con la misma facilidad con la que la compra en Estados Unidos, y si desea comprar un arma hay una regulación muy estricta respecto a calibres y usos”.

Finalmente, el consultor jurídico de la SRE indica que a finales de enero de este año, el gobierno de México presentará sus argumentos contra las defensas esgrimidas por empresas demandadas.

“Las empresas van a contrademandar, y seguramente pedirán que se deseche la demanda porque no tenemos la Legitimación Procesal Activa o porque gozan de inmunidad, por lo que la demanda de México puede llegar al segundo circuito de apelaciones o, incluso, a la Suprema Corte.

“Sería muy interesante escuchar al segundo circuito o a la Suprema Corte que un gobierno extranjero no puede demandar por el daño que le causa un producto. Una compañía automotriz es responsable del daño que ocasione su producto en cualquier lugar del mundo, hay muchos antecedentes: las tabacaleras, que son los precedentes en los que nos estamos apoyando, y la industria de los opioides.”

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