La demanda para investigar a Felipe Calderón por abuso de sus facultades de general de cinco estrellas, al haber ordenado la “guerra” interna que tiene más de cinco años y, si antes no provoca un golpe de Estado, amenaza con mantener hasta el final de su mal gobierno antidemocrático y antirrepublicano, ha sido un acierto jurídico-político de los 23 mil 426 mexicanos que se atrevieron a suscribirla y llevarla ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos. Esto después de agotar internamente todas las peticiones, individuales y colectivas, conforme al artículo 8 de la Constitución, formuladas de viva voz y por escrito, de manera pacífica y respetuosa y cuyas respuestas, una y otra vez, han sido la mayor intensificación de esa “guerra” que ya arrojó 60 mil homicidios (consultar el semanario Zeta, 9 de diciembre de 2011).

 

Admitida para su conocimiento penal y a la espera de su resolución, lo importante es que sean sometidos a juicio Calderón y sus funcionarios de ¡seguridad!: Genaro García Luna (Seguridad Pública), Guillermo Galván Galván (Defensa Nacional), Mariano Francisco Saynez Mendoza (Marina) y los narcotraficantes con su cara más representativa: el millonario Joaquín el Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más criminales que tienen a más de la mitad del territorio como campo de batalla.

 

La criminalidad de los gobernantes desquiciados (Yves Ternon, El Estado criminal, Ediciones Península; Vincenzo Ruggiero, La violencia política, un análisis criminológico, Anthropos; varios autores, Violencia y política, revista Sistema,1996; y varios autores, Violencia y política, Monte Ávila Editores), conduce a generar más violencia para atemorizar a los ciudadanos y tenerlos bajo un control autoritario, en un escenario supuestamente democrático y de aparente vigencia de los derechos humanos y sus garantías procesales, cuando lo que impera es un estado de guerra. Es el caso del gobierno de Calderón, quien apoya su terrorismo con base en la fracción VI del artículo 89 constitucional, que pasa expresamente por alto el 29 que exige, ante “una perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, la aprobación del Congreso de la Unión.

 

Calderón, quien ni siquiera cumplió con el servicio militar y como abogado jusnaturalista ignora el derecho positivo mexicano e internacional, decidió unilateralmente una “guerra” sin resultados ya que su “estrategia” ha servido únicamente para mantener la barbarie que ilustra el lema criminal de “que el poder es el poder de matar” de los regímenes dictatoriales que están siendo derrocados en los países árabes. Se ha convertido en un dictador dueño de la verdad única y absoluta al desatender peticiones y reclamos de movimientos sociales, protestas y la denuncia ante la Corte Penal Internacional.

 

Tan es un dictador que, cobardemente porque no lo firmó, salvo los logotipos del gobierno federal con el escudo nacional, publicó un documento donde insulta a los 23 mil 426 mexicanos que firmaron la demanda y amenazó con “proceder legalmente” (varios periódicos, 28 de noviembre de 2011). Éste fue elaborado por Alejandra Sota (coordinadora de Comunicación Social de la oficina de la Presidencia) y los consejeros… ¡jurídicos! Gerardo Laveaga… ¡director de una escuelita penal patito, el Instituto Nacional de Ciencias Penales! Y Miguel Alessio Robles, quienes han descalificado la demanda como un par de intolerantes que cobran en Los Pinos y buscan impunidad para su defendido.

 

Los “defensores” a sueldo son, por tanto, funcionarios candidatos a juicio político porque sus actuaciones, sin conocer la demanda y sin esperar la resolución de aceptación o no para la investigación de crímenes de guerra y lesa humanidad, han procedido contra los intereses públicos fundamentales al defender a un individuo por encima de las instituciones del Estado y Constitución, y de conformidad a los análisis de esas conductas (Otto Kirchheimer: Justicia política, Uthea; Justicia política, Otfried Höffe, Paidós; y Eduardo García de Enterría, La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo, Civita).

 

Laveaga, prepotente, burlón y para que Calderón sepa que desquita los más de 100 mil pesos mensuales que gana por la asesoría a control remoto, calificó con sorna de “muchachos acusadores” a quienes presentaron y suscribieron la demanda. Y el otro asesor –a quien le depositan también 100 mil pesos al mes–, se puso sus moños y expresó que como le dedica su horario de trabajo por completo a Calderón, no tenía tiempo para comentar la demanda: “No me merece ni un minuto de mi tiempo”. Como cobra en Los Pinos por hora, el abogado patronal, empero, soltó una serie de juicios respecto a que la acusación no prosperaría.

 

A lo mejor ambos son los abogados que al representar a Calderón demandarán a los 23 mil 426 mexicanos (más los que se sumen), y haciéndose eco de su panfleto acusarlos de “imputaciones falsas y calumniosas… por claramente infundadas e improcedentes (las acusaciones ante la Corte Penal Internacional), que afectan terriblemente el buen nombre de México”. Sería ante la Procuraduría General de la República y un juez de lo penal, donde veríamos a Calderón y sus abogados de marras. Y como él presume de abogado, pues, el proceso estaría interesante. La amenaza calderonista, por cierto, no pasa de ser un abuso de poder… uno más, del que ojalá no recule.

 

*Periodista