Gobierno de AMLO denuncia al ministro Aguilar por presunta corrupción

Gobierno de AMLO denuncia al ministro Aguilar por presunta corrupción

El ministro, Luis María Aguilar, aún no ha resuelto las controversias constitucionales en torno a la distribución de los libros de texto

Luis María Aguilar –ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación­– habría beneficiado indebidamente a una corporación que estaría evadiendo impuestos por 25 mil millones de pesos, pues atrajo el caso desde hace 8 meses mediante una facultad extraordinaria y no lo ha resuelto. Por ello, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo denunciará este día ante el pleno del máximo tribunal, reveló el procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla.

Al respecto, el primer mandatario señaló que dicho ministro “lleva 8 meses con un expediente guardado, que implica el que se resuelva, a favor o en contra, pero que se resuelva, un asunto de 25 mil millones. Luis María Aguilar fue presidente de la Corte. Pues tiene, pidió él ese expediente, según nos informa el procurador fiscal, lo pide para guardarlo, lo tiene ocho meses y no resuelve”. Y acusó que claramente hay un interés de por medio.

En su conferencia mañanera, López Obrador explicó que esos 25 mil millones de pesos que se adeudan al fisco son equivalentes al presupuesto de Baja California Sur, de Tlaxcala, Zacatecas o Campeche, y a pesar de ello no lo resuelve: “lo tiene guardado. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita?”

Asimismo, evidenció que en el tema de los libros de texto gratuitos el mismo juzgador sí ha resuelto “rapidito” suspender provisionalmente la entrega de los materiales educativos para los casos de Chihuahua y Coahuila. “Ahí sí hay justicia pronta y expedita porque [el ministro] está contra nosotros. Son procesos distintos, pero no se miden con la misma vara. En este caso, como se trata de proteger un asunto en donde están de por medio 25 mil millones de pesos… No estoy diciendo que deban ya los jueces dar la razón al gobierno para recuperar ese dinero, no, estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley, pero ¡cómo lo guarda!”

El titular del Ejecutivo federal cuestionó la decisión del ministro de la Corte: “¿por qué lo mete, lo tiene en la gaveta de su escritorio, mientras, como tú lo señalas, presenta la gobernadora de Chihuahua un recurso, una controversia, y resuelve así? Yo creo que se llevó como una semana, ¿no? Fast track, o sea, ya. Pero este otro caso, 8 meses”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si Luis María Aguilar es o no cercano a la empresa que está beneficiando con esta tardanza. “Eso ellos pueden explicarlo, él mismo podría decir, la Suprema Corte, porque a lo mejor sí lleva mucho tiempo, es un asunto complejo, pues que lo informen, pero 8 meses. Y eso porque ahora se está denunciando, porque, si no, nosotros terminamos como alcahuetes, como cómplices. No, no, no. Si no se da a conocer, pues ahí se lleva el resto del año”.

Y confió que tras esta denuncia se resuelva pronto porque se trata de 25 mil millones de pesos. “Y para las partes lo mejor es que se decida en un sentido o en otro, de conformidad con la ley, pero no mantener ahí guardado, archivado, el expediente”.

Acerca de la instancia ante la cual van a presentar la denuncia, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde detalló que será ante el propio pleno de la Suprema Corte, porque la Judicatura no es competente para juzgar a ministros y ministras del máximo tribunal.

Se va a “presentar una queja ante el pleno de ministras, de ministros, precisamente por esta circunstancia de dilación en resolver. […] El Consejo de la Judicatura es este órgano que vigila a jueces y magistrados, pero en el caso de ministros no se puede presentar las quejas ante el Consejo de la Judicatura, que no tienen competencia para poder vigilar a los ministros. Son los propios ministros los que se vigilan a sí mismos, por eso vamos a plantear esta queja ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia”.

Procurador fiscal denuncia negligencias

También presente en la conferencia matutina, el procurador fiscal detalló que la presunta evasión corresponde a “una empresa de gran tamaño con presencia nacional”, sin dar más detalles para no entorpecer el debido proceso. Dicha corporación, indicó, “fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013, y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos. Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de na sentencia que lo obligue al pago de impuestos”.

Medina Padilla expuso que la Suprema Corte tiene un papel fundamental en este tipo de estrategias, “pues esta empresa solicita de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto que son novedosos y que son relevantes, no obstante que ya existen jurisprudencias y antecedentes, precedentes de que el tema tiene que ser resuelto, como lo han resuelto ya los tribunales colegiados por distribución de competencia conforme a nuestra Constitución”.

Y denunció que hasta ahora la federación no ha podido recuperar esos 25 mil millones de pesos, porque desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. “Y en particular, en los últimos 8 meses el ministro Luis María Aguilar Morales, quien con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa pidió al pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”.

Para el procurador fiscal, la Corte ha sido omisa en resolver este asunto. Por lo que acusó que “retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta no solamente contra la Constitución Federal, contra la propia naturaleza de la Suprema Corte de Justicia que debe impartir justicia, sino también en contra de los recursos de todos los mexicanos. Anunciamos que, frente a esta actuación, el gobierno federal presentará una queja en contra del ministro [Aguilar Morales] por este actuar, este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de nuestra nación para beneficio de todos los mexicanos”.

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