Decenas de estudiantes, académicos y trabajadores de la UNAM han sido víctimas de asesinatos y desapariciones entre 2002 y lo que va de 2023. El colectivo Nos Hacen Falta documenta 96 integrantes de la comunidad universitaria víctimas de grupos de extrema derecha, contrainsurgencia, crimen organizado, delincuencia común y agentes del Estado. Lejos de mostrar solidaridad y acompañamiento, las autoridades de la máxima casa de estudio cerraron las puertas a las familias, estigmatizaron a las personas muertas y desparecidas e, incluso, obstaculizaron investigaciones judiciales

De 2002 a la fecha, la comunidad universitaria ha padecido 44 homicidios, 25 feminicidios, cuatro ejecuciones extrajudiciales, 12 desapariciones, una desaparición forzada, tres muertes “accidentales”, tres suicidios en contextos de violencia y cuatro muertes más de las que no se han determinado aún las causas. En total, suman 96 víctimas. Entre los agresores, se advierten grupos de ultraderecha, comandos de contrainsurgencia, integrantes del crimen organizado y delincuentes del fuero común.

La información fue generada por el colectivo Nos Hacen Falta y, en específico, por un grupo encargado de integrar la base de datos en el que también participan estudiantes independientes y de otras organizaciones.

De los 96, un total de 19, es decir, el 20 por ciento, se trata de casos que ocurrieron al interior de instalaciones universitarias o en las inmediaciones. En los demás, las víctimas fueron asesinadas o desaparecidas mientras se dirigían a escuelas, facultades o institutos de la UNAM o volvían de ellas. Hay también casos de quienes se encontraban en prácticas o realizando estudios fuera de la ciudad. Y de quienes fueron sustraídos o asesinados en sus propias casas.

“Nos ha sorprendido el número de casos ocurridos dentro o en las inmediaciones de la Universidad”, expone Alejandra Lomnitz, integrante del Colectivo Nos Hacen Falta y participante en el grupo que construyó la base de datos.

Le resulta preocupante que la violencia repercuta en los espacios universitarios, donde los estudiantes, profesores y trabajadores deberían sentirse seguros. “Eso es muy fuerte y muy grave, nos impactó. Uno pensaría que el número de casos ocurrido en la Universidad debería ser cercano a cero, y no”.

La mayoría de los asesinatos y desapariciones ocurrieron durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). De hecho, el pico más alto ocurrió en los dos últimos años del peñismo, con el 27 por ciento del total de casos.

“Se tienen registros desde 2002; a partir de 2012 hay un despunte de la violencia, con la llamada ‘guerra contra el narco’ que inició Felipe Calderón. Así empieza este despunte de violencia, que sigue aumentando hasta el punto más alto, de 2017 a 2018. Después los casos se han mantenido altos, pero ya no con la misma dimensión. Bajaron ligeramente”, señala Alejandra Lomnitiz.

La base de datos, de la cual Contralínea posee copia, ha sido compartida a las autoridades universitarias por integrantes del colectivo Nos Hacen Falta. La intención ha sido que la Universidad, con todas sus capacidades y su autoridad moral, asuma un diagnóstico riguroso de lo que ocurre, dé acompañamiento a las familias de las víctimas e, incluso, presione a las fiscalías y gobiernos para que realicen su trabajo.

“La UNAM, como institución misma, podría hacer la diferencia en estos casos, con todos los recursos y toda la fuerza política que también tiene. Podría pedirle al resto de instituciones y autoridades que hagan su trabajo de búsqueda, de procuración de justicia”, explica Alejandra Lomnitz, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante de Nos Hacen Falta.

Abunda en que la Universidad, lejos de desentenderse de estos temas, como hasta ahora, podría generar “un registro a profundidad [de los casos] para que también pueda saber cómo esta violencia está afectando a su comunidad; y cómo puede actuar en respuesta a las verdaderas necesidades de la comunidad universitaria”.

Explica que un estudio multidisciplinario de estos casos permitiría a la Universidad dar una respuesta más allá de la mera securitización del fenómeno o la implantación de medidas restrictivas a la movilidad en las instalaciones universitarias.

Cada caso documentado en la base de datos detalla lugares de agresión, fechas, horarios, nombres y edades de las víctimas, tipos de crimen, comunidad a la que pertenecen los agredidos (estudiantes, académicos o trabajadores de escuelas, facultades, institutos, direcciones o coordinaciones). En algunos casos, si hay carpetas de investigación y quién se hizo cargo de las indagatorias.

Del análisis de la información, se desprende que 69 de las víctimas son estudiantes; 15 académicos (docentes y/o investigadores) y cinco trabajadores. Es decir, el 72 por ciento de las personas asesinadas o desaparecidas son alumnos.

Gabriela Espejo, de Nos Hacen Falta, señala que el trabajo del colectivo busca visibilizar los casos y no permitir que la memoria se pierda. “Que cada quien desde sus propias identidades asuma que las personas que han desaparecido les hacen falta, porque son de su comunidad; y que tienen una historia, un rostro, una personalidad”.

Señala que conocer este tipo de información “tiene cierto costo emocional”; más aún hacer este tipo de documentación.

En ese sentido, Alejandra Lomnitiz se refiere a las dificultades emocionales para abordar estos casos de violencia. Señala que finalmente se trata de un cúmulo de datos que dan cuenta de hechos de violencia extrema ejercidos contra personas que son parte o fueron parte de la comunidad universitaria.

“Hay una situación emocional. Estamos documentando situaciones muy fuertes y todo el tiempo leyendo a detalle lo que ocurrió: los hechos de violencia y los distintos casos que hay. Estar leyendo todo el tiempo estas situaciones de violencia es como un recordatorio de la vulnerabilidad que también tenemos.”

Del aspecto metodológico, señala que muchos datos se comenzaron a rastrear de algunas publicaciones periodísticas, posteos en redes sociales o avisos de compañeros preocupados por las propias víctimas. En muchos casos, las familias no denuncian, por temor o porque no saben cómo hacerlo.

Explica que, por ello, la estadística hasta ahora integrada no estaría contemplando todos los casos. Explica que se trata de un avance muy importante, sin embargo, probablemente, haya todavía casos por documentar, es decir, una cifra negra, no documentada.

“El acceso a la información ha sido de las mayores dificultades. Por lo mismo, esta base de datos es muy buen punto de partida. Esto es lo que hemos podido hacer. No se ha tenido apoyo institucional. Imaginemos lo que se podría hacer con apoyo y recursos de la Universidad: una base de datos más completa y una investigación más profunda.”

Lourdes Mejía –madre de Carlos Sinhué Cuevas Mejía, activista estudiantil ejecutado extrajudicialmente el 26 de octubre de 2011– califica de “muy grave” que las autoridades de la UNAM den la espalda a las familias. En carne propia ha padecido el desprecio de dos rectores (José Narro y Enrique Graue) cuando ha pedido información a la Universidad que pudiera coadyuvar en el esclarecimiento del asesinato de su hijo.

Reprueba no sólo el cierre de puertas, sino que, “inclusive, en algunos casos hasta amedrentan a las familias: que se callen, que no digan nada; es la forma de evadir las autoridades de la UNAM su responsabilidad como institución”.

Recuerda que en el caso de su hijo, en un principio la Universidad y el gobierno del entonces Distrito Federal, a cargo de Marcelo Ebrard (2006-2012) y luego el de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), buscaron criminalizar y estigmatizar al estudiante. “A las familias nos mandan, pues, por un tubo, por decirlo; porque no nos atienden. O nos criminalizan e, inclusive, hasta nos llegan agredir”.

Por las irregularidades en la investigación, no garantizar el acceso a la justicia y a la verdad y el intento de criminalizar al estudiante asesinado, entre otras irregularidades, en marzo de 2020 el gobierno de la Ciudad de México, ya encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, pidió perdón a la familia. La Universidad, que fue negligente en la entrega de información a la Fiscalía y        que había revictimizado al alumno y a su madre, guardó silencio.

De un solo caso, la UNAM ha reconocido responsabilidad. Apenas el 11 de octubre pasado la institución ofreció una disculpa pública por el caso de Mariela Vanessa Díaz Valverde.

En nombre de la UNAM, el rector Enrique Graue Wiechers reconoció las omisiones cometidas ante la desaparición de la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. De la alumna no se sabe nada desde hace más de 5 años, el 27 de abril de 2018.

“Si bien corresponde a las fiscalías de Justicia la investigación de los delitos, me disculpo, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante ustedes y ante toda la comunidad universitaria, por lo que pudimos hacer y que no hicimos o hicimos insuficientemente”, expuso el funcionario ante Gabriela Díaz Valverde, hermana de Mariela. La madre de la víctima falleció hace 5 meses y nunca fue atendida ni respaldada por las autoridades universitarias.

El rector, por ello, dijo que el acto de disculpa pública también es “un compromiso ético y un acto de solidaridad y respeto hacia la memoria de la madre de la estudiante, Herminia Valverde, y de la familia Díaz Valverde, quienes han llevado a cabo una incansable búsqueda ante la dolorosa ausencia de Mariela”.

El rector estuvo acompañado por el entonces coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien unos días después sería reubicado a la presidencia del Club Pumas de la Universidad Nacional. En el acto, también estuvo la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, Mary Frances Teresa Rodríguez Van Gort.

A puerta cerrada, en el auditorio Doctor Alberto Guevara Rojas, de la Facultad de Medicina, Enrique Graue hizo mea culpa por la falta de entrega oportuna de información a la familia por parte del personal universitario. Y por “la exigencia tardía de su búsqueda y localización”. Tales hechos “contribuyeron a las dificultades que enfrentó la familia ante las instancias responsables de la investigación para su localización”, reconoció.

Ahora, un lustro después de los hechos, el rector hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que agilice las investigaciones, continúe las acciones de localización y coordine sus esfuerzos con las fiscalías y las comisiones de búsqueda de las entidades de la República.

“Para que se esclarezca la verdad, se haga justicia y se dé cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a la instancia de procuración de justicia; y para que las entidades de atención de víctimas cumplan con lo dispuesto en la ley de la materia”, dijo.

Agregó que la disculpa pública es “también una ocasión para construir, entre todas y todos, la memoria histórica que permita garantizar la no repetición del flagelo de la desaparición de personas y potenciar todos los mecanismos para una búsqueda eficaz”.

Por su parte, Gabriela Díaz Valverde exigió a las autoridades hacer lo que les corresponde, “desde su responsabilidad, pero, sobre todo, desde la humanidad; que no haya necesidad de exigir justicia, que no se les tenga que demandar empatía; que no se les revictimice en las instituciones. Lo mínimo que merecemos las familias y las víctimas es el máximo apoyo, el respaldo de las instituciones, porque así lo establece la ley y esta casa de estudios tiene la facultad de brindar respaldo para protección de su comunidad”.

La Base de Datos sobre el Costo Humano de Integrantes de la UNAM por la Guerra en México fue iniciada en 2015 en el seno de Nos Hacen Falta. Estudiantes y académicos de este colectivo, junto con alumnos y profesores de otros e independientes, desarrollaron una investigación más profunda y sistematizada en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) IN309020, titulado “En las manos de Tezcatlipoca: descomposición social y disfuncionalidad del Estado. Violencia, conflictividad y resistencias sociales en México”.

El proyecto recoge una serie de casos de bajas humanas (muertes violentas y desapariciones) dentro de la comunidad académica, administrativa y estudiantil de la UNAM, sucedidas desde 2002. Actualmente el Equipo de base de datos trabaja en el procesamiento y análisis de los datos a partir de enfoques cuantitativo y cualitativo. Entre los objetivos de este trabajo académico se encuentra “observar la lógica con la que operan los perpetradores de la violencia”.

Contralínea solicito entrevista con la UNAM sobre las desapariciones y asesinatos cometidos contra integrantes de la comunidad universitaria. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Zósimo Camacho/Primera parte

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