El Frente Alimentario Estudiantil (FAE),conformado por alumnos de escuelas y facultades de Universidad Nacional Autónoma de México), denunció que la reciente modificación al artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario –ente que tiene la facultad de expulsar a estudiantes y académicos a quienes encuentre responsables de actos graves– representa una amenaza directa al derecho a la libre expresión, asociación y manifestación dentro de la máxima casa de estudios, porque apunta de manera ambigua el concepto de vandalismo; no obstante, las autoridades de la UNAM afirman que no se trata de una medida contra la protesta estudiantil.
El artículo 15, que es el que está en disputa y por el cual han comenzado a protestar varias escuelas y facultades, establece: “en los asuntos que constituyan actos vandálicos, las autoridades de las entidades académicas iniciarán de oficio el procedimiento disciplinario, determinado como medida provisional la suspensión o expulsión inmediata de quienes presuntamente hayan participado en los hechos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria. Dichas autoridades remitirán el expediente de inmediato al Tribunal Universitario para que éste desarrolle las etapas de investigación, sustentación y de resolución”.
Para los alumnos, esa modificación es ambigua y podría ser utilizada para restringir la libertad de expresión y el derecho a la protesta dentro de la Universidad. “Nuestra postura como frente es que consideramos que esta reforma constituye un acto de violación al derecho fundamental de la libre protesta y libre expresión y libre asociación. Básicamente, aunque digan que esa no es su intención, a conveniencia de las autoridades universitarias no se establece si podremos continuar con la manifestación a través de carteles, imágenes o flyers pegados con engrudo en las paredes de los planteles”, explica el estudiante universitario David Carvente.
En entrevista para Contralínea, el miembro del FAEdenuncia que el artículo 15 permite una interpretación confusa de lo que constituye un acto vandálico, lo que podría ser utilizado para reprimir las protestas estudiantiles. “[La nueva redacción] deja abierto al criterio de quién esté delegando, si somos vándalos o no”.
Carvente señala que, como estudiantes y movimiento enfrentan, una represión sistémica: “si bien no nos están amarrando las manos y callando la boca de manera directa, es totalmente clara la [presencia de una lógica de] ultraderecha aquí”.
Desde el FAE, la crítica al reglamento se entrelaza con múltiples denuncias respecto al rumbo que ha tomado la Universidad. “El frente alimentario surge como respuesta a una crisis profunda dentro de la UNAM: como bien se ha señalado, la corrupción y la burocracia han desplazado los principios fundamentales como equidad, la transparencia, y democratización. Nuestros espacios, derechos y servicios están siendo vulnerados y arrebatados de manos de la comunidad universitaria, en beneficio de una élite burocrática”.
Uno de los temas centrales para el frente es la privatización creciente de servicios universitarios. David Carvente menciona, como ejemplos, el aumento de cuotas en todo el proceso universitario: inscripción, titulación, cursos, exámenes profesionales, además de mayor presencia de cafeterías concesionadas y la intervención de empresas privadas en estos espacios. Ello “ha encarecido los alimentos y obstaculizado el acceso a una alimentación digna para las y los estudiantes”.
UNAM niega reprimir las protestas
Pese a la ambigüedad con la que fue redactada la modificación al Reglamento del Tribunal Universitario, las autoridades de la UNAM niegan que en el fondo esto sea porque se pretende acallar la crítica y evitar las manifestaciones estudiantiles.
Incluso, se dio a conocer que el rector Leonardo Lomelí Vanegas convocará a la Comisión de Legislación Universitaria para revisar los cambios con el objetivo de evitar cualquier tipo de ambigüedad que pudiera “interpretarse como afectación a la libre expresión y manifestación de las ideas de la comunidad universitaria y a su derecho a la protesta”.
A través de un comunicado, la UNAM expresó su “compromiso con el ejercicio pleno de los derechos y libertades, en un ambiente de conciencia respetuosa que garantice la integridad de todas y todos los universitarios”.
Asimismo, en la Gaceta UNAM el abogado general, Hugo Concha Cantú aseguró que las recientes modificaciones a las normas no restringen las libertades. “Por el contrario, dan al modelo disciplinario toda una perspectiva de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos al interior de la Universidad”.
En concreto del artículo 15, el abogado general enfatizó que éste no habla de protestas ni de la libre manifestación de ideas, sino de cómo actuar cuando se está frente a actos vandálicos, entendiéndose como aquellos que dañan gravemente el patrimonio de la comunidad universitaria y los que atentan contra la integridad física del personal y miembros de la misma.
“El artículo establece que cuando se trate de actos de violencia extrema, se lleve el procedimiento ante el Tribunal Universitario. No tiene nada que ver con que la Universidad quiera criminalizar la protesta. Al contrario, toda la reforma lo que hace es que los derechos de los universitarios –entre otros el de la libertad de protesta, los de manifestación de ideas y de expresión– estén protegidos y se puedan ejercer de manera correcta”, afirmó.
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