La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral recibió 1 mil 357 propuestas para modificar el sistema electoral mexicano, informó el titular del órgano, Pablo Gómez Álvarez, al presentar los resultados del ejercicio que dio sustento a la iniciativa de reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El funcionario detalló que el proceso incluyó 63 audiencias públicas, realizadas en 31 entidades del país, siete en Estados Unidos, una migrante en la Ciudad de México y 24 encuentros en la sede de la Secretaría de Gobernación, además de propuestas recibidas mediante el micrositio oficial habilitado para la consulta.
Precisó que en total participaron 1 mil 357 ponentes, de los cuales 573 expusieron en las entidades federativas, 281 en la Ciudad de México, 100 en Estados Unidos, 393 a través del micrositio y 10 en la audiencia migrante, así como 181 especialistas, consejeros y magistrados vinculados directamente al sistema electoral mexicano.
Gómez Álvarez señaló que México vive una “transformación profunda” desde las elecciones de 2018, consolidada tras los comicios de 2024 y 2025, en los que la voluntad popular modificó la forma de ejercer el poder y amplió derechos sociales sin condicionamientos, aunque advirtió que la estructura de representación política no ha cambiado al mismo ritmo: “Los nuevos sistemas de democracia participativa no alcanzan aún a tener un papel relevante en la intervención del pueblo en las decisiones”.
Indicó que uno de los principales problemas identificados fue el alto costo del sistema electoral, que en 2024 alcanzó los 61 mil millones de pesos, de los cuales 36 mil millones correspondieron a la Federación y 25 mil millones a los estados, lo que convierte a México en el país con mayor gasto electoral a nivel mundial. “La nueva realidad democrática no puede continuar operando bajo reglas diseñadas dentro de un contexto histórico distinto”.
Ante este escenario, explicó que la iniciativa propone revisar el gasto público electoral, reducir la “hipertrofia de los organismos administrativos” y reorganizar al Instituto Nacional Electoral para que cuente con “órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas”, además de desligarlo de la designación de consejeros de los organismos locales.
La propuesta también plantea disminuir en una cuarta parte el financiamiento anual a los partidos políticos, y mantener el subsidio estatal como un mecanismo de equidad, pero ajustado a la realidad económica del país y a la demanda social de austeridad.
En materia de fiscalización, el doctor Gómez puntualizó que se busca fortalecer al INE como autoridad exclusiva en los ámbitos federal y local, mediante un “sistema de información cotidiana que permita al instituto contar con datos oportunos de todas las operaciones financieras, así como aquellas que se denominan ‘actividades vulnerables’ que realicen los partidos y candidatos”.
Finalmente, Gómez Álvarez subrayó que la reforma constitucional propuesta no es un ajuste administrativo, sino una actualización integral del Sistema Electoral Mexicano, orientada a fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público, robustecer la fiscalización y respetar el federalismo electoral.
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