La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Jorge Romero, decidió apostar por la intervención extranjera al promover narrativas contra las instituciones federales, la democracia y un gobierno electo popularmente; además de impulsar vínculos con sectores de la ultraderecha internacional para confrontar al proyecto de la llamada cuarta transformación. Ahora, desde las arcas de gobiernos estatales como el de Chihuahua, con María Eugenia Campos Galván, este bloque político decidió faltar a todas las normas y leyes nacionales e internacionales con el fin de frenar el humanismo mexicano, señaló Ariadna Montiel, presidenta de Morena.

En conferencia de prensa, la dirigente del partido guinda reconoció que detrás de las posturas que vulneran la soberanía nacional existe una estrategia político-electoral impulsada por grupos de derecha –como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, así como por algunas asociaciones civiles, despachos de abogados, empresarios, dueños de medios de comunicación y opinadores–, que buscan articularse con la ultraderecha internacional –encabezada por gobiernos como el de Estados Unidos, Argentina, El Salvador y Ecuador–. Como ejemplo, citó el caso de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien en su reciente visita por México se reunió con la gobernadora María Eugenia Campos, de Chihuahua; Denisse García Muñoz Ledo, de Guanajuato; Teresa Jiménez, de Aguascalientes, así como con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Todos del PAN.

Y es que al ser consultada por este semanario sobre la narrativa impulsada desde la dirigencia panista para vincular al narcotráfico con Morena y con sus figuras del gobierno federal como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de acusar una supuesta “persecución política” en contra de perfiles como el de Maru Campos, Montiel respondió que estas declaraciones han permeado desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que forman parte de una estrategia alineada con agendas intervencionistas.

“Entonces, a nosotros lo que nos importa es lo que el pueblo opina y vamos a seguir resaltando que esta narrativa es una estrategia electoral que hoy se quiere ayudar de la ultraderecha internacional; así la visita de la señora Ayuso y así la decisión de un gobierno estatal panista que, faltando a todas las normas y las leyes nacionales e internacionales, decidió promover la intervención de agentes extranjeros, y nosotros hemos estado denunciado esto”.

En ese contexto, la dirigente morenista vinculó estas acusaciones con el caso de los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) supuestamente involucrados en operativos de seguridad en Chihuahua, hecho que, reiteró, constituye una violación a la soberanía nacional. Asimismo, insistió en que la administración estatal encabezada por Campos Galván sí permitió la actuación de agentes extranjeros en tareas de seguridad pública, lo que contraviene con normas nacionales e internacionales. No obstante, aclaró que el tema deberá ser investigado bajo la autonomía de la propia Fiscalía General de la República.

A ello, la morenista sostuvo que no sería la primera vez que el gobierno de Campos se ve envuelto en polémicas relacionadas con acuerdos políticos y con temas de seguridad con autoridades estadunidenses. En ese sentido, recordó las denuncias realizadas anteriormente por la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño sobre un presunto acuerdo entre la mandataria estatal y el entonces gobernador de Texas, Greg Abbott, durante los momentos más críticos de la crisis migratoria en la frontera norte.

“La gobernadora del estado de Chihuahua tuvo un acuerdo con el gobernador entonces del estado de Texas, el gobernador Abbott, justo en los momentos más críticos de la relación y de los temas migratorios, cuando él dijo que iba a poner boyas y demás contra nuestros hermanos migrantes, y se denunció desde entonces y se ha venido comentando”.

Consultada sobre la supuesta persecución política denunciada por Jorge Romero Herrera, quien anunció una movilización nacional en respaldo a María Eugenia Campos Galván, al afirmar que Morena la persigue “por el pecado de combatir al crimen organizado”, Montiel rechazó que exista este escenario, el del uso faccioso de las instituciones federales. “Desde nuestro proyecto de nación no hay persecución política, le toca a la Fiscalía, que es autónoma; e insisto: tan no hay persecución, que Jorge Romero sigue libre siendo el jefe del Cártel Inmobiliario”.

Encubre Jorge Romero al Cártel Inmobiliario; Morena acusa modus operandi

En la misma conferencia de prensa, realizada en la Ciudad de México, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó a su homólogo del PAN, Jorge Romero, de encubrir al llamado “Cártel Inmobiliario”, operado bajo un esquema de corrupción en la alcaldía Benito Juárez.

Y aunque el tema no es nuevo, Montiel aseguró que la magnitud de esta corrupción inmobiliaria permitió la construcción irregular de 130 inmuebles, con excedentes de hasta siete niveles por encima de lo autorizado por la norma de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Ello da un total de 264 niveles irregulares, es decir, una cifra que supera la altura de “algunas de las torres más altas de Dubái”.

Asimismo, sostuvo que el caso salió a la luz no solo por las presuntas anomalías administrativas, sino también por las fallas estructurales registradas en diversos edificios, las cuales provocaron inconformidad entre habitantes y compradores de vivienda. Según explicó, esto permitió evidenciar una red de corrupción inmobiliaria que, afirmó, operó durante varios años en la demarcación. “Hay que recordar que el Cártel Inmobiliario se descubrió porque no solamente se incrementó el número de niveles permitido, sino que los edificios tenían muchas fallas y las personas empiezan a manifestar su inconformidad, y es como se devela el Cártel Inmobiliario que venía ya desarrollándose”.

Captura de pantalla, Morena

En sus palabras, Montiel señaló que el principal promotor de este esquema de corrupción es precisamente Jorge Romero. Así, con este contexto, cuestionó la legitimidad y honestidad del opositor. “En un periodo anterior a Jorge Romero solo fueron cinco inmuebles que tenían este tipo de irregularidades, pero inicia marcadamente en el gobierno de Jorge Romero, con 27 inmuebles detectados hasta el 2022. Con el siguiente alcalde, Christian Von Roehrich, que hoy se encuentra preso, son 58 inmuebles que se detectan con estas irregularidades. Después, el siguiente alcalde es Santiago Taboada, que hoy es el secretario de organización del PAN con 40 inmuebles. Y se detiene aquí la información porque esta es una información del 2022, pero también Taboada lo detiene porque es cuando se destapa de manera más sentida este escándalo”.

La magnitud en dicho esquema, sostuvo la dirigente morenista, no es menor. Y es que la también extitular de la Secretaría del Bienestar acusó que la supuesta corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez supera los 7 mil 142 millones de pesos, “que ha visto afectada a familias, a comunidades, porque esa corrupción ha traído una mala planeación y una crisis urbana”. Y aunque Montiel presentó ciertas cifras relacionadas específicamente con la Ciudad de México, aseguró que este modus operandi no se limitó a la capital del país, sino que habría sido replicado en otras entidades federativas gobernadas por administraciones del PAN.

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