Una de las agencias con las cuales Estados Unidos “justifica” su injerencismo es la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), supuestamente encargada de combatir el narcotráfico en el mundo. En México, ese organismo ejerció 819.8 millones de dólares sólo en el sexenio de López Obrador. Actualmente, la INL financia asociaciones civiles señaladas por el SAT de “simular actividades científicas y tecnológicas”, como el CEEAD, que cuenta entre sus filas a ultraderechistas y golpistas venezolanos, quienes diseñaron el Plan Control Territorial de Nayib Bukele
La estrategia injerencista de Estados Unidos incluye su política de combate a las drogas, no sólo con la operación de la DEA, sino también de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en inglés). La INL depende del Departamento de Estado y opera a través de la red consular. Aquí, tiene su base en la Embajada de Estados Unidos, que encabeza el exboina verde Ronald Johnson. Su actual directora para México es Katie Stana.
Stana es personal de carrera dentro del Departamento de Estado. En su perfil destaca que fue becaria Pearson de Política Exterior en la oficina del senador Chris Murphy; fue directora Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada de Islamabad; estuvo en la Embajada en Italia como oficial supervisora de Servicios Generales; fue oficial consular/rotacional económica en la Embajada de Ankara; y fue parte de la Embajada de Montevideo. Se graduó en 2016 de la Escuela Nacional de Guerra del Fuerte Lesley J McNair y de la Universidad de Virginia en 2002[1]. En 2024 dejó el consulado en Barcelona y posteriormente llegó a incorporarse a la Embajada de EU en México.
Programas de la INL financiados en México
De acuerdo con la Embajada estadunidense, la INL coordinó “todos los proyectos comprendidos dentro del presupuesto de 2 mil 300 millones de dólares de la Iniciativa Mérida”. Por ello, “proporcionó, equipo, asistencia técnica y creación de capacidades al personal de procuración de justicia y judicial mexicano” entre 2008 y 2021, cuando el gobierno del presidente López Obrador canceló dicha Iniciativa Mérida, por considerarla injerencista, y promovió el Entendimiento Bicentenario.
La estrategia de la INL desde los sexenios de Calderón y Peña Nieto, fue no sólo colaborar con el gobierno federal, sino también con las organizaciones de la sociedad civil “en la reducción de la demanda de drogas y en la promoción de una cultura de legalidad”.
Ya durante el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la INL financió al menos a 48 empresas, ONG y universidades por un monto de 819.8 millones de dólares constantes de 2023. Sin embargo, el principal financiamiento lo tuvo el mismo Departamento de Estado en México, por poco más de 430.4 millones de dólares. De los 18 proyectos que fueron registrados en el periodo 2019-2024, uno de los programas obtuvo el 97.3 por ciento.
Dicho proyecto fue financiado con 418 millones 613 mil 634 dólares para que la INL “promueva los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos al apoyar programas bilaterales, regionales y globales que permiten a socios y aliados gestionar y abordar las amenazas transnacionales en su origen”.
Según los registros del gobierno de Estados Unidos, estos programas “mejoran la capacidad de los países asociados para cooperar eficazmente con las fuerzas del orden estadunidenses, y abordan las condiciones subyacentes, como la corrupción y el débil estado de derecho, que fomentan la fragilidad estatal”.
La Universidad de Arizona tuvo dos proyectos, uno para el “uso de clínicas de defensa de víctimas y capacitaciones institucionalizadas para promover la competencia en las reformas de la justicia mexicana”, financiado por 736 mil 856 dólares. El segundo proyecto fue financiado por 76 mil 712 dólares, y el objetivo fue “realizar un proyecto para combatir delitos de alto impacto en los estados mexicanos a lo largo de la frontera entre EU y el norte de México”.
En las bases de datos del gobierno de Estados Unidos, se suele perder información por la cantidad de publicaciones que tiene. Ese es el caso de un rubro de financiamiento titulado “Non United States Other”, que tuvo un financiamiento por 67.8 millones de dólares en el periodo 2019-2024.
Figura 1. ONG, empresas y universidades financiadas por la INL (2019-2024)
Destacan también cursos de entrenamiento en Florida. Tal es el caso del curso “Miami Dade 2022 Law Enforcement Training Mexico Covers”, que contó con un financiamiento por 943 mil 678 dólares. Y otro programa más financiado en 2024 por 246 mil 757 dólares en el que el objetivo fue “la transferencia de dinero, propiedad, servicios o cualquier cosa de valor al estado, gobierno local, u otro receptor para realizar un propósito público de apoyo o estímulo autorizado por el estatuto federal”.
Otro curso más fue para investigar presuntos actos de corrupción en el que, de nuevo, la finalidad principal del financiamiento es para un supuesto “propósito público”, y el monto fue por 22 mil 633 dólares. Como es sabido, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) fue cancelada y degrada para integrarse al Departamento de Estado, y el financiamiento fue redirigido; entre ese redireccionamiento está el que se ejercía para medios de comunicación que presuntamente investigaban la corrupción.
Fiscalías objeto de la injerencia
Las fiscalías han sido objeto de la intervención que ejerce la INL por vía directa e indirecta, sea porque otorga cursos de preparación, ya sea a policías, como a encargados de implementar el nuevo sistema penal acusatorio, jueces y fiscales. Incluso, se complementa con los cursos otorgados por el FBI. Uno de los casos emblemáticos fue el del exfiscal Carlos Zamarripa en Guanajuato, quien presumía de los cursos. Ello figura como un claro ejemplo del fracaso que implican estos cursos, pues la procuración de justicia en dicho estado –que además tiene altos índices de violencia– no ha dado resultados.
Otra de las organizaciones que recibió recursos de la INL es Tojil. Los recursos fueron para “apoyar el proyecto de mejora de la responsabilidad y transparencia en las fiscalías en México”. Tojil recibió entre 2021 y 2024 1 millón 814 mil 454 dólares. En su página se definen como una “organización sin fines de lucro dedicada a combatir la corrupción y la impunidad mediante litigio estratégico, investigaciones y colaboración con las autoridades para desarrollar políticas públicas”. En 2024 su directora Adriana Greaves, cofundadora de Tojil, participó para dirigir la fiscalía anticorrupción en la Ciudad de México.
Al llegar Bertha Alcalde a la Fiscalía, designó a Adriana Greaves como titular de la Unidad de Asuntos Internos. En su plan está la capacitación y profesionalización del personal, establecimiento de acuerdos y criterios claros para el ejercicio institucional.
Greaves colaboró en la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad. Fue consejera editorial del Periódico Reforma en 2022. Además, en el perfil que conserva la página Tojil menciona que fue integrante de la UN Convention Against Corruption (UNCAC Coalition), que ahora se llama Global Civil Society Coalition, e implementadora de programas de la Open Society, las golpistas National Endowment, USAID y de la INL.
En 2014 y 2015, fungió como fiscal titular en la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la entonces Procuraduría General de la República. Dicho sistema penal, como ya dio cuenta Contralínea, contó con recursos del gobierno de Estados Unidos.
Quien también forma parte de Tojil es Estefanía Medina Ruvalcaba. Desempeñó varios cargos en la extinta PGR. Fue asesora en la Cámara de Diputados y en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al igual que Greaves, fue consultora de la USAID de la Embajada de Estados Unidos en México y de la Embajada de Reino Unido. Trabajó en Reforma entre 2019 y 2021, y desde 2024 es vicepresidenta de la Comisión de Anticorrupción de la International Chamber of Commerce México.
Otra de las empresas contratadas por la INL es General Dynamics, empresa que es parte del complejo militar industrial. Recibió 4 millones 575 mil 300 dólares para “gastos administrativos y de funcionamiento de la División de Servicios de Supervisión que contribuyen a los servicios de asesoramiento y asistencia”.
El Instituto Republicano Internacional (IRI), que pertenece a la red de institutos de la NED recibió 692 mil 680 dólares para “apoyar la Nueva Justicia de México y los mecanismos de justicia alternativa”.
Como ya dio cuenta este seminario, otra institución que recibe financiamiento de la INL es Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas (Lab-Co), que dirige Thomas Julien Favennec y Santiago Hernán Rosas Lorenzo, presidente y secretario respectivamente. Según los datos del gobierno de Estados Unidos Lab-Co obtuvo el proyecto “Análisis estratégico y táctico asistencia técnica y certificación”. Fue financiado en 2023 por 537 mil 601 dólares, y en 2024 por 1 millón 869 mil 823 dólares.
Lab-Co otorga un curso en el CIDE, el diplomado Diseño e Implementación de Políticas Públicas de Seguridad y Justicia. Lab-Co tiene entre sus integrantes a Santiago Rosas, quien ha sido señalado como el que diseñó el Plan Control Territorial de Nayib Bukele. Además, entre su equipo del Consejo Asesor cuenta con Roberto Patiño, venezolano opositor al gobierno, fundador de la organización Mi Convive y uno de los que apoyó el intento de golpe de Estado en Venezuela cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente. Investigaciones periodísticas en Venezuela han señalado a un grupo perteneciente a la Fundación Futuro, vinculada a Voluntad Popular de Leopoldo López, otro opositor al gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro, como parte de las organizaciones que desestabilizan gobiernos progresistas.
Lab-Co integra los mismos recursos de la INL, opositores y golpistas venezolanos, que diseñadores de planes que terminaron violando derechos humanos en El Salvador, y que ahora diseñan política pública para fiscalías y para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con recursos de la INL.
En el marco del plan de revisión de las Fiscalías de los estados, como parte del nuevo plan de trabajo de la Fiscalía General de la República, que ahora encabeza Ernestina Godoy, sería ideal revisar los acuerdos y convenios establecidos por estas organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos, si es que se pretende un modelo diferente de justicia. Entre esas –además del CEAAD y Lab-Co– están también Fortis Consultora, Fundación IDEA y Chemonics International.
ILEA, cursos de entrenamiento
Otra institución clave para entender cómo opera el colonialismo judicial y de seguridad es la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés). Esta institución tiene academias para policías, procuradores de justicia, fiscales, y personal vinculado a tareas de procuración de justicia. Cuenta con seis sedes a nivel internacional y una de las academias se encuentra en El Salvador.
Figura 2. Presencia de la INL en México
Entre los cursos de entrenamiento que han tomado mexicanos se encuentran: Unidad Avanzada de Investigaciones Especiales; Investigaciones sobre desvío de productos químicos; Tendencias emergentes en la producción ilícita de drogas sintéticas y técnicas de producción; Curso de Investigaciones en Laboratorios Clandestinos; Explotación e investigación cibernética; Capacitación en detección de documentos fraudulentos e interceptación en fronteras internacionales; Tendencias emergentes en la producción ilícita de drogas sintéticas y técnicas de producción; Desarrollo ejecutivo para la estrategia y los delitos ciberfinancieros: Simposio ejecutivo sobre políticas y desarrollo en materia de delincuencia organizada transnacional.
Cuando el exembajador Ken Salazar terminó sus funciones en México recriminó dos cosas al gobierno de López Obrador: una, la política de seguridad de abrazos no balazos; la otra, no haber aceptado ayuda en materia de seguridad.
Con los datos disponibles del gobierno de Estados Unidos, es claro que al menos los recursos aplicados por la INL en México fueron a la baja en el gobierno de López Obrador, de 232.4 millones de dólares en 2019 a 98.8; y en el primer año de la presidenta Sheinbaum, siguen bajando (47.6 millones de dólares). Quizá por ello buscan acuerdos con gobiernos estatales, que son violatorios de la soberanía, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, para continuar la injerencia por otras vías.
Estos elementos son de seguridad nacional ante el fortalecimiento de las políticas punitivas en el mundo, de prácticas injerencistas que llegan a la judicialización de la política y secuestro de presidentes con causas judiciales sin sustento.
Gráfica 1. Recursos de la INL aplicados en México por sexenio
(Millones de dólares de 2023)
Aníbal García Fernández*
*Doctor, magister y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro de los grupos de trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Sus principales líneas de estudio son la Guerra Fría Interamericana, geopolítica energética, dependencia e integración latinoamericana, militarismo y relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina.
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