En franca violación de la soberanía de México, agentes de la DEA, el FBI y el HSI organizaron y ejecutaron el secuestro del narcotraficante Ismael –el Mayo– Zambada García, el 25 de julio de 2024 en Sinaloa, sin informar al gobierno de López Obrador. Ese mismo día, el aparato de inteligencia mexicano confirmó la presencia de personal de la Agencia Antidrogas estadunidense en las inmediaciones de un rancho a las afueras de Culiacán, donde fue capturado el líder del Cártel de Sinaloa. A su vez, el propio Mayo Zambada confirmó –en una llamada telefónica a su familia– que fue secuestrado por Los Chapitos y agentes de EU. Desde ese momento, el entonces gobierno de Joe Biden –a través del ahora exembajador Ken Salazar– mintió a las autoridades mexicanas sobre el operativo ejecutado por sus agencias; tampoco aclaró cómo se permitió la entrada de una aeronave supuestamente desconocida a su espacio aéreo, considerado el más vigilado del mundo tras lo atentados del 11 de septiembre de 2001; ni por qué ese mismo día, Ovidio Guzmán López, líder de la facción de Los Chapitos preso en EU, recibió beneficios procesales al serle cambiada su medida cautelar. Ahora, se sabe que el FBI engañó deliberadamente a nuestro país sobre su participación en la captura, y que ha obstaculizado las investigaciones de la FGR, de acuerdo con la abogada de la nación Ernestina Godoy

Personal de tres agencias de Estados Unidos –el Buró Federal de Investigaciones, FBI; la Agencia Antidrogas, DEA; y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)– participaron en la planeación y ejecución del secuestro del narcotraficante Ismael –el Mayo– Zambada García en suelo mexicano, el 25 de julio de 2024, en franca violación a la soberanía de este país. Las agencias y corporaciones estadunidenses hicieron algo similar en Venezuela, el 3 de enero de 2026, al secuestrar al presidente Nicolás Maduro y su esposa.

En el caso del operativo para capturar al Mayo Zambada, las agencias estadunidenses no sólo omitieron avisar al gobierno mexicano, que entonces encabezaba Andrés Manuel López Obrador, sino que en abierta violación a las leyes nacionales se apersonaron, el 25 de julio de 2024, en un rancho ubicado en la comunidad La Higuerita, a las afueras de Culiacán, Sinaloa, para “reforzar” la seguridad de Los Chapitos y proceder al secuestro del Mayo Zambada, ocurrido ese día a las 12:00 horas.

Dicha operación clandestina implicó no sólo la violación a la soberanía, sino también una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley entre las agencias estadunidenses y los líderes de Los Chapitos –facción del Cártel de Sinaloa–, así como una mentira del diplomático estadunidense Ken Salazar, de acuerdo con la Fiscalía General de la República. Al respecto, en conferencia el pasado 8 de julio, la fiscal Ernestina Godoy señaló que ello significaría una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, previsto en diversos tratados internacionales.

La participación de los agentes del FBI y el HSI fue anunciada por las propias instituciones estadunidenses en diversas filtraciones a la prensa de ese país, desde las primeras horas de ocurrido el secuestro y posteriormente –en especial, a The Wall Street Journal y The New York Times, diarios que suelen ser utilizados para este tipo de propaganda, donde además de difundirse las acciones de las agencias en este caso, se conminaba al gobierno mexicano y a la FGR “a agradecer” por la captura del Mayo en vez de investigar la violación a la soberanía y las leyes–. Y más recientemente el FBI volvió a alardear sobre su participación a través de una filtración al podcast local Pie de Nota, donde se dio a conocer la exhibición pública de la aeronave en la que fue trasladado el narcotraficante.

En el caso de los agentes de la DEA, su presencia durante el secuestro del Mayo Zambada se supo por las labores del aparato de inteligencia mexicano: tras el enfrentamiento en el rancho de La Higuerita, integrantes del Centro Nacional de Inteligencia desplegados en Sinaloa enviaron una primera comunicación al general Audomaro Martínez, y éste a su vez se lo mandó al presidente López Obrador.

El documento narraba, entre otras cosas, que habían sido detenidos por agentes de la DEA dos líderes del Cártel del Pacífico: “Ismael Zambada García (a) ‘Mayo’ y Joaquín Guzmán López”. En los primeros minutos se desconocía que el hijo del Chapo Guzmán se había entregado voluntariamente para que su hermano Ovidio –entonces preso en una cárcel de máxima seguridad de EU– obtuviera beneficios procesales.

El documento del CNI, del que Contralínea obtuvo copia, señalaba: “Se tuvo conocimiento que aproximadamente a las 12:00 horas de hoy [25 de julio de 2024], en la comunidad La Higuerita, Culiacán, Sinaloa, fueron detenidos Ismael Zambada Garcia (a) ‘Mayo’, líder de una facción del Cártel del Pocífico (CDP), Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera (a) ‘Chapo’ y dos escoltas de (a) ‘Mayo’ identificados con los (a) ‘Chayo’ y (a) ‘Chaider’ por una operación de agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), los detenidos fueron trasladados vía aérea y aterrizando en el aeropuerto privado de Santa Teresa, Paso, Texas”.

El informe indicaba que tras la captura, el Mayo Zambada “se comunicó vía telefónica con familiares dándoles a conocer que se encontraba detenido por agentes de la DEA”.

Desde ese momento, el entonces gobierno de Joe Biden –a través del ahora exembajador Ken Salazar– mintió a las autoridades mexicanas sobre el operativo ejecutado por sus agencias; tampoco aclaró cómo se permitió la entrada de una aeronave supuestamente desconocida a su espacio aéreo, considerado el más vigilado del mundo tras lo atentados del 11 de septiembre de 2001; ni por qué ese mismo día, Ovidio Guzmán López, líder de la facción de Los Chapitos, recibió beneficios procesales: autoridades estadunidenses accedieron a cambiarle la medida cautelar y trasladarlo a una prisión de seguridad mínima.

Las primeras mentiras del exembajador Ken Salazar

Posterior al primer informe que el CNI le dio al presidente López Obrador, el 25 de julio de 2024 aproximadamente a las 15:00 horas, el gobierno de Estados Unidos avisó a México, mediante una llamada telefónica, sobre las detenciones del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael –el Mayo– Zambada, y de Joaquín Guzmán López.

A las 16:00 horas, el gobierno de México recibió una tarjeta informativa del gobierno estadunidense con las primeras imágenes de los dos detenidos. A las 17:50 horas, la embajada de Estados Unidos a cargo de Ken Salazar confirmó la identidad de los dos integrantes del Cártel de Sinaloa, mediante la verificación de huellas dactilares. Directamente el entonces embajador Ken Salazar corroboró que el Mayo y el hijo del Chapo se encontraban retenidos en el Paso, Texas.

Por la tarde de ese mismo 25 de julio, el entonces procurador general de Estados Unidos, Merrick B Garland, emitió un comunicado de prensa en el que señaló: “El Departamento de Justicia ha detenido a dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o ‘El Mayo’, cofundador del Cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas. Ambos hombres enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel, incluidas sus mortales redes de fabricación y tráfico de fentanilo. El Mayo y Guzmán López se unen a una creciente lista de líderes y asociados del Cártel de Sinaloa que el Departamento de Justicia está responsabilizando en Estados Unidos. Eso incluye al otro cofundador del Cártel, Joaquín Guzmán Loera, o ‘El Chapo’; otro de los hijos de El Chapo y un presunto líder del Cártel, Ovidio Guzmán López; y el supuesto sicario principal del Cártel, Néstor Isidro Pérez Salas, o ‘El Nini’”.

Al día siguiente, el embajador Ken Salazar mandó su propio comunicado de prensa: “Nuestro trabajo contra el flagelo del fentanilo es una de nuestras principales prioridades de seguridad entre Estados Unidos y México. El arresto de Ismael Zambada García ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán López es un golpe directo en nuestros esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que fomentan el veneno de las drogas sintéticas que matan a tanta de nuestra gente y generan tanta violencia en nuestras comunidades. Continuaremos con nuestros esfuerzos históricos de colaboración con México en materia de seguridad, incluyendo nuestros esfuerzos sin precedentes en la lucha contra el fentanilo, el tráfico de armas y los traficantes de personas en nuestra lucha sin cuartel para brindar seguridad a los pueblos de los Estados Unidos y de México. Agradezco al presidente López Obrador y a su equipo por los esfuerzos que han llevado a la captura de conocidos criminales, tales como Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán López y Néstor Isidro Pérez Salas ‘El Nini’, en los que soldados y marinos mexicanos han perdido la vida en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. También puedo confirmar que Ovidio Guzmán López sigue en custodia en los Estados Unidos”.

Ese mismo 26 de julio, el entonces presidente Joe Biden se pronunció en la red social X: “ayer @TheJusticeDept arrestó a Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, conocido por mover fentanilo a Estados Unidos. Felicito a las autoridades por realizar estos arrestos y su trabajo para llevar a los líderes del Cártel de Sinaloa ante la justicia”.

Las contradicciones

Dos días antes del secuestro del Mayo Zambada y la entrega voluntaria de Joaquín Guzmán López, el 23 de julio de 2024, representaciones mexicanas en Estados Unidos informaron al gobierno federal que Ovidio Guzmán López –extraditado por México el 15 de septiembre de 2023– se incorporó al programa de testigos protegidos del vecino país del norte; y el mero día del operativo en las afueras de Culiacán, el 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos a cargo de Ken Salazar informó del cambio de medida cautelar, sin que previamente se haya consultado al gobierno de México.

En conferencia el pasado 8 de julio, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, expuso que la estrategia iniciada en Sinaloa y concluida en Nuevo México, Estados Unidos, que llevó “la extracción ilegal o secuestro” del narcotraficante se encuentra bajo investigación.

La titular de la FGR acusó que, por la proximidad en el tiempo, los vínculos familiares y las organizaciones delictivas involucradas, ambos acontecimientos guardarían una relación de intermediación: “presumiblemente, el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar, aunado al hecho de la recepción de 17 familiares por parte del gobierno de ese país”.

La abogada de la nación acusó que información más reciente publicada en redes sociales “revela la intervención del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en el secuestro del Mayo como una operación ejecutada en territorio mexicano, lo que estaría constituyendo una acción que afecta la soberanía de nuestro país”.

Tras darse a conocer la exhibición pública que ya hace el propio FBI en una feria de la aeronave usada para extraer al líder del Cártel de Sinaloa, Godoy Ramos explicó que, en agosto de 2024, personal de la FGR acudió a inspeccionar en las oficinas del FBI en El Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma, y posteriormente se inspeccionó el avión en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México.

“En términos generales, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes, de acuerdo con una investigación de este tipo ni se proporcionó la información requerida para el esclarecimiento de los hechos, también se impidió tomar fotografías; entre otras cosas, es importante señalar que el FBI no proporcionó, en esa ocasión, datos de identificación del piloto, sólo señaló que solicitó ser deportado inmediatamente a México.”

La fiscal general acusó que “en las constancias se advierte que las autoridades norteamericanas, en distintas ocasiones, han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión. En ese contexto, nos encontramos frente a una investigación compleja”. Añadió que, además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones, de confirmarse que la operación la ejecutó personal del FBI, “se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves”.

Godoy Ramos explicó que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador Ken Salazar sostuvo que “el gobierno de su país no participó en esa operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México; sino que fue una operación entre cárteles. Frente a ello, de confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves: una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadunidense, la cual significaría una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales”.

La abogada detalló que, por todo ello, la FGR ya realiza nuevos actos de investigación, y no se descarta fincar responsabilidades contra el exembajador de Estados Unidos. “Por principio de cuentas, hemos solicitado mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional, en términos de lo previsto en el tratado bilateral en la materia, una serie de requerimientos para que el gobierno estadunidense proporcione información relacionada con los acontecimientos referidos”.

También detalló que desde que ocurrieron los hechos, el 25 de julio de 2024, la Fiscalía inició siete carpetas de investigación por el homicidio de Héctor Cuén, el secuestro de Ismael Zambada, la desaparición de dos escoltas del Mayo, por hechos contra la procuración de justicia, por alteración de escena del crimen y diversas negligencias ministeriales del fuero común.

Gobierno acusó a Ken Salazar de mentir

El pasado 7 de julio en la conferencia presidencial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que el entonces embajador de Ken Salazar negó la participación de agencias estadunidenses en el operativo. Tras advertir las contradicciones en la narrativa del vecino país del norte, la funcionaria federal advirtió: “alguien mintió”.

La clara referencia al diplomático se hizo extensiva por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló abiertamente a Ken Salazar de mentir: “es este caso en donde todo parece indicar que el embajador de Estados Unidos mintió; es este caso”. Ello, porque ahora se conoce que el FBI sí participó en el operativo de captura del líder del narcotráfico, quien se encuentra preso desde el 25 de julio de 2024, día en el que fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos.

La primera mandataria recordó que quién comunicó a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores los pormenores de la detención del Mayo Zambada fue el entonces embajador Salazar, y no las agencias (FBI, CIA, DEA). Detalló que en todas las comunicaciones, el exfuncionario de Estados Unidos negó la participación de las agencias de su país en el operativo, pues ello implica la violación de la soberanía de México.

Y acerca de las consecuencias que el diplomático podría enfrentar por estos hechos, Sheinbaum Pardo indicó que Salazar cuenta con “inmunidad diplomática”; no obstante, adelantó que su gobierno solicitó a la FGR hacer un análisis de los alcances del caso. También pidió a esa institución autónoma informarle al pueblo toda la información que tenga sobre este asunto de relevancia nacional y diplomática.

En la línea de tiempo que presentó la secretaria de Gobernación durante la conferencia presidencial, también se dio cuenta de las negociaciones del gobierno estadunidense con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, al que esa misma administración del presidente Donald Trump ha catalogado como organización internacional terrorista especialmente designada.

A propósito de ello, la presidenta Sheinbaum Pardo consideró este caso como muy relevante, por dos asuntos: “primero, el haber mentido como embajador; y segundo, de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo, estaría violando Tratados Internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.

Sobre los acuerdos del gobierno estadunidense con Los Chapitos, la presidenta de la República dijo que, a partir de la detención de Ovidio Guzmán López, miembro del Cártel de Sinaloa, “viene una serie de hechos, como la llegada de su familia, como la misma llegada de este avión [donde fue transportado el Mayo Zambada]. Entonces, se hace la pregunta: ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no; nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro, ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás”.

Previo a ello, la relatoría de Rosa Icela Rodríguez comenzó precisamente al recordar la detención y posterior extradición de Ovidio Guzmán López, ocurridas en el sexenio del presidente López Obrador, y culminó con la reciente incorporación de la aeronave –que trasladó contra su voluntad al Mayo Zambada a Estados Unidos– a una exposición pública del FBI:

“1) 5 de enero de 2023. Ovidio ‘N’, líder del Cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“2) 15 de septiembre de 2023. Ovidio ‘N’ es extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México.

“3) 25 de julio de 2024. La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio ‘N’ sin consultar al gobierno de México, lo cual viola el Tratado de Extradición. Ese mismo día, arriba una aeronave con Joaquín ‘N’ [Guzmán López, hermano de Ovidio e integrante de Los Chapitos] e Ismael ‘N’ [el Mayo] a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que, al despegar la aeronave, no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto.

“4) 31 de julio de 2024. El gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadunidenses en esa detención.

“5) 9 de agosto de 2024. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadunidense participó en el operativo.

“6) El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio ‘N’.

7) 2 de julio de 2026. […] el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia.”

Al finalizar esa exposición de hechos, la secretaria de Gobernación indicó que revisar la línea de tiempo es relevante porque “las versiones son contradictorias, alguien mintió”. Y subrayó que, “de confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Y lo más relevante y, en su caso: ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada?”

Rosa Icela Rodríguez remarcó que “debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie”.

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