Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer un caso impulsado por comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, que busca el reconocimiento de las abejas como sujetos de derechos tras documentar durante años su muerte masiva asociada al uso de plaguicidas, como el fipronil y diversos neonicotinoides.
La decisión fue celebrada por comunidades mayas de Yucatán y Campeche, así como por el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, al considerar que los expedientes podrían sentar precedentes en materia de justicia ambiental, protección de los pueblos indígenas y reconocimiento jurídico de la naturaleza.
De acuerdo con el comunicado emitido por el centro de derechos humanos, las comunidades argumentan que la petición de reconocer a las abejas como sujetos de derechos va más allá de su función como polinizadores. “Para el pueblo maya, las abejas forman parte de un patrimonio biocultural construido durante siglos, estrechamente relacionado con la apicultura tradicional, la alimentación, las prácticas rituales, el conocimiento ecológico y la identidad cultural de las comunidades”.
El comunicado añade que un eventual reconocimiento representaría “un avance significativo en la protección de la biodiversidad y en la construcción de un modelo de justicia ambiental que incorpore la diversidad biocultural de México”.
Durante la discusión para atraer el expediente, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García sostuvo que el caso permitirá definir criterios novedosos en materia ambiental.
“Permitiría sentar un criterio que reconozca a la abeja melipona estrechamente vinculada a la identidad económica y cultural de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén como sujetos de derecho o elemento jurídico de protección […] permitiría la actualización de las normas mexicanas para abordar las fumigaciones aéreas, ya sea a través de drones o avionetas […] y la consideración de la abeja como polinizadora y ser integrada en el catálogo de especies en peligro de extinción”, argumentó.
Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo señaló que el asunto permitirá ampliar el análisis del derecho al medio ambiente desde una perspectiva distinta. “El caso nos plantea varias aristas de cómo plantear el derecho al medio ambiente sano, nos permite estudiar la relación ancestral de la comunidad maya con las abejas, si las comunidades indígenas pueden ser guardianas de la naturaleza y con ello acudir a juicio en su nombre y representación”.
Asimismo, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía afirmó que el caso “tiene relevancia constitucional al trascender el interés individual y plantear la protección de los derechos colectivos y el equilibrio ecológico nacional”, además de abrir el debate sobre un enfoque biocéntrico en la protección del ambiente.
En tanto, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, destacó la estrecha relación entre las abejas y el pueblo maya. “Las abejas desempeñan una función ecológica en la región y en la vida del planeta, pero también están ligados indisolublemente con los habitantes de la región, con los habitantes del pueblo maya, y nos permitirá analizar el alcance de este concepto que está en el Artículo 2 de la Constitución federal”.
Además del caso de las abejas, la SCJN analizará otros dos asuntos derivados de la defensa del territorio maya en Homún, Yucatán. Uno de ellos busca reconocer personalidad jurídica a la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes como sujeto de derechos, mientras que el otro revisará la compatibilidad de la expansión de la industria porcícola con la protección de ese ecosistema y los derechos al agua, al medio ambiente sano, la salud y la libre determinación de las comunidades indígenas.
Las organizaciones promoventes señalaron que la atracción de estos expedientes representa “una oportunidad histórica para consolidar criterios constitucionales que fortalezcan la protección de los pueblos indígenas, los ecosistemas y el patrimonio biocultural del país”, y confiaron en que las futuras resoluciones coloquen “en el centro la protección de la vida, el agua, la biodiversidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
