México es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, diversidad biológica, patrimonio cultural y capacidad humana; esos tesoros podrían sostener un desarrollo nacional independiente si fueran administrados en beneficio del pueblo; además de traducirse en bienestar para la mayoría de la población mediante un modelo económico que privilegie los intereses sociales y nacionales.

Entre la gran diversidad de recursos y ecosistemas tenemos: tierras agrícolas fértiles; minerales estratégicos, como oro, plata, cobre y litio; petróleo y gas; una gran variedad de climas; amplios litorales y recursos pesqueros. Es uno de los países más biodiversos del planeta y dispone de una cantidad de ese invaluable bien común: el agua. Además, tiene la capacidad, creatividad e inventiva de sus habitantes.

Sin embargo, México ha sufrido históricamente el saqueo de sus recursos y de su trabajo, primero durante la colonización española y, posteriormente, mediante distintas formas de dependencia económica y concesiones a empresas nacionales y extranjeras, fenómeno que llamamos neocolonialismo. Como resultado, gran parte de la ganancia generada por los recursos naturales y humanos no permanece en el país ni beneficia a la mayoría de nuestros nacionales.

Podemos ser autosustentables; en primer lugar, contamos con algo primordial: los recursos hídricos, que comprenden las aguas superficiales y subterráneas disponibles para el consumo humano, la agricultura, la industria, la generación de energía y la conservación de los ecosistemas.

El agua es vital para la vida humana, la salud, la producción agrícola y los procesos industriales. El país recibe el volumen de lluvia necesario para cubrir con creces las necesidades agrícolas, industriales y de consumo doméstico de toda la población. En promedio, México recibe alrededor de 1.5 billones de metros cúbicos de agua al año en forma de lluvia, de los cuales, luego de la evaporación y transpiración, el 72 por ciento se reintegra a la atmósfera; el 22 por ciento, se escurre; y el 6 por ciento, se infiltra.

Tras estos procesos, queda una disponibilidad de agua dulce renovable de cerca de 450 mil millones de metros cúbicos anuales. Para las actividades –agricultura, industria y uso doméstico– se extraen cerca de 90 mil millones de metros cúbicos. De modo que, desde una perspectiva netamente matemática, el volumen disponible supera en más de cuatro veces el volumen extraído.

Para reducir la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración, se pueden tomar varias medidas, por ejemplo, a nivel urbano: pavimentos permeables, jardines de lluvia y bioretenciones, pozos de recarga artificial, zanjas y trincheras de infiltración. También se puede exigir, mediante los reglamentos de construcción, un porcentaje importante de suelo natural o infiltrante en cada predio privado.

A su vez, se pueden ampliar las áreas naturales protegidas en las partes altas de las cuencas, donde la geología facilita la infiltración hacia los acuíferos, y respetar las actuales áreas naturales protegidas frente a los megaproyectos. Asimismo, se puede establecer como requisito en los proyectos inmobiliarios el establecimiento de pozos de absorción y sistemas de captación de agua.

Para aprovechar el agua que cae en nuestro territorio, existen tres problemas. Primero, el crecimiento anárquico de la economía de mercado concentra a la población y la producción en las zonas con menor disponibilidad de agua. El sur y sureste concentran más del 67 por ciento del agua renovable. Sin embargo, albergan a menos del 25 por ciento de la población y generan un porcentaje menor del PIB.

El norte, centro y noroeste albergan a más del 75 por ciento de la población y concentran la mayor parte de la actividad industrial y agrícola, pero solo reciben el 33 por ciento del agua renovable.

La solución es generar desarrollo, poblar e incentivar la producción en las zonas que tienen agua y desincentivarla en aquellas donde el recurso es escaso. Esto tiene que ver con la capacidad del Estado para orientar la vida económica, la construcción de infraestructura y el transporte, y no dejarlos sujetos a los intereses inmediatos y ventajistas de las corporaciones que solo buscan su propio beneficio.

Segundo, las temporadas de lluvia son estacionales, entre junio y octubre, y existen largos periodos de sequía, lo que exige una amplia capacidad de almacenamiento. Esto se soluciona con programas nacionales, regionales y locales de cosecha de agua de lluvia; el uso de zanjas de infiltración, gaviones, terrazas, cisternas y pozos de infiltración; el reabastecimiento de acuíferos, y la reforestación con especies endémicas. Y, desde luego, con una política firme contra la contaminación de arroyos, ríos, lagos y mares por parte de megaproyectos capitalistas.

Tercero, otro problema es que en las ciudades se pierde entre el 35 y el 40 por ciento del agua potable por fugas en tuberías obsoletas. Como las obras de mantenimiento no son visibles y su realización causa molestias en las vialidades, los gobiernos suelen posponerlas y dar prioridad a obras de “relumbrón”. Por otra parte, las aguas residuales, por lo general, no se colectan, lo que impide reutilizar el agua tratada en la industria, el riego y otros servicios, como los baños.

Otra cuestión es que el 76 por ciento del agua extraída se destina al sector agrícola, pero se distribuye mal. Alrededor de 18 millones de hectáreas, el 73 por ciento, no se irrigan, sino que son de temporal, y solo alrededor de 6 millones de hectáreas, el 27 por ciento, cuentan con riego.

Sin embargo, esta extensión se riega principalmente por inundación y, de esos 6 millones de hectáreas, menos del 13 por ciento cuenta con riego por goteo. La solución es modernizar el riego, aumentar los millones de hectáreas irrigadas y potenciar el riego por goteo o aspersión en el campo.

De modo que, aunque sí existen posibilidades de ser autosuficientes. Es necesario adoptar medidas económicas, así como políticas hídricas, urbanísticas y de planeación, para una correcta gestión del recurso.

En primer lugar, es necesario manejar su distribución, porque grandes corporaciones industriales, refresqueras y agroindustriales poseen derechos sobre miles de millones de metros cúbicos, mientras miles de comunidades rurales y colonias urbanas padecen tandeos severos y escasez.

El problema es que, con el retroceso neoliberal de 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y con la creación de la Conagua (Comisión Nacional del Agua) y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, pasó de ser un bien común a convertirse en una mercancía, con el aumento desmedido de las concesiones. Entre 1917 y 1992 existían alrededor de 2 mil concesiones en el país. A partir de las reformas privatizadoras, esa cifra se disparó a más de 550 mil; todas otorgadas a particulares y empresas.

Desde entonces se desató el acaparamiento por parte de las multinacionales y se profundizó el desequilibrio distributivo. Mientras más de una tercera parte de los hogares padece desabasto o falta de agua corriente, grandes corporaciones –embotelladoras de refrescos, cerveceras, agroindustrias y mineras– concentran e hidroacaparan miles de millones de litros al año; despojan a las comunidades. Las poblaciones locales quedan rezagadas y obligadas a adquirir agua mediante pipas o productos embotellados a costos elevados.

El crecimiento inmobiliario sin control ni una evaluación adecuada del impacto ambiental ha sobrecargado la red pública, al priorizar megaproyectos comerciales y de vivienda por encima del abastecimiento básico de las colonias y barrios populares.

El 1.1 por ciento de los usuarios concesionados –aproximadamente 3 mil 300 grandes titulares, entre privados, distritos de riego y particulares– controla más del 22 por ciento de toda el agua concesionada en México.

En el caso del agua subterránea –pozos y acuíferos–, este reducido grupo extrae casi el 47 por ciento del volumen asignado a grandes usuarios, cuyas concesiones se ubican, en su mayoría, sobre acuíferos en estado de sobreexplotación.

Los llamados “millonarios del agua” pertenecen a varios sectores y conglomerados clave, pero son solo unos cuantos: 966 corporaciones, 801 asociaciones civiles y distritos de riego, y 1 mil 537 personas –políticos, terratenientes y agroindustriales–.

Entre los llamados aguatenientes están: agroindustria y ganadería, como grandes productoras de forraje –como alfalfa para la industria láctea– y de cultivos de exportación –aguacate, berries y jitomate–.

Bebidas y alimentos: embotelladoras de refrescos, cervecerías y empresas de productos lácteos –Grupo Modelo, Heineken, Coca-Cola FEMSA, PepsiCo, Lala y Danone–.

Minería y metalurgia: empresas como Grupo México, Peñasquito (Goldcorp), Altos Hornos de México y ArcelorMittal.

Desarrollos turísticos e inmobiliarios: grandes cadenas hoteleras, campos de golf y complejos inmobiliarios ubicados en zonas áridas o con estrés hídrico, como Quintana Roo y Baja California Sur.

Este acaparamiento está protegido por el marco legal, ya que la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que sigue prevaleciendo en sus rasgos generales, fue diseñada para mercantilizar el agua mediante un esquema comercial que facilita la transmisión, prórroga y acumulación de títulos de concesión.

Además, ya que el uso agrícola está exento del pago de derechos por el agua, esto incentiva a las corporaciones a operar bajo esquemas o asociaciones agrícolas para extraer grandes volúmenes a un costo casi nulo. La obtención es prácticamente regalada para luego concentrar las ganancias. A esto, debemos sumar el robo en las redes públicas –aguachicol hídrico– y la sobreexplotación de los mantos acuíferos

Por otra parte, prevalecen la subdeclaración y la ineficiencia regulatoria, ya que existe un débil monitoreo de los volúmenes reales extraídos mediante pozos privados. Se han registrado casos en los que el volumen explotado supera por mucho lo declarado.

Los “millonarios del agua” acumulan el preciado líquido mediante engaños: multiplican filiales, familiares y socios, y así dispersan las concesiones, cuando en realidad las concentran en un mismo grupo económico. Además, desde la Ley de Aguas Nacionales se permitió la compra, venta y transferencia de títulos de concesión entre particulares. Este bien precioso se convirtió en una mercancía.

Dado que, en realidad, es de la nación, es decir, del pueblo, no debería ser objeto de mercadeo y acumulación entre particulares. Otro mal por erradicar es la deforestación, que en los últimos 25 años ha alcanzado más de 4 millones de hectáreas y, anualmente, alrededor de 500 mil hectáreas, debido a los megaproyectos, los incendios y la actividad de los talamontes.

Los bosques funcionan como “esponjas” naturales que capturan el agua de lluvia y la filtran hacia los mantos acuíferos. Sin árboles, el agua corre superficialmente y causa inundaciones repentinas, en lugar de recargar los pozos y manantiales, lo que agrava la escasez hídrica en regiones críticas, como ocurre en el Sistema Hidrológico del Valle de México.

En los últimos 15 años han sido asesinados más de 300 defensores de los bosques, la mitad de ellos integrantes de pueblos originarios que protegen los recursos forestales de sus comunidades. Se necesita un programa nacional de combate a la deforestación y poner fin a la violencia contra los ambientalistas.

De modo que existen varias alternativas para garantizar el derecho al agua: aprovechar el recurso de la misma cuenca y no traerlo de cuencas lejanas; regenerar las cuencas; restaurar los cuerpos de agua, arroyos, ríos y lagos, además de tratar las aguas residuales.

Existen 653 acuíferos distribuidos en el país y se puede favorecer una mayor infiltración de agua al subsuelo mediante obras especiales. Con el tratamiento intensivo de aguas residuales puede aumentar su disponibilidad por lo menos en un 10 por ciento.

Es necesario frenar el acaparamiento y la sobreexplotación: establecer mecanismos reales y coercitivos que obliguen a redistribuir los volúmenes de agua concentrados en manos de corporaciones y garanticen el suministro básico.

Hace falta la participación social y la democratización de las decisiones sobre el agua, e involucrar a las comunidades, los pueblos originarios y la ciudadanía mediante contralorías sociales que vigilen el uso del recurso. Y, desde luego, se necesita una nueva Ley General de Aguas que supere totalmente la privatización iniciada en 1992, ya que las nuevas reformas no rompen con la línea marcada por Salinas.

Una solución de fondo implica establecer el papel rector del Estado, así como un Plan Nacional de Desarrollo y un Plan Nacional Urbano que prioricen las necesidades de la gente y de la sociedad, y no las de las corporaciones que solo buscan acumular ganancias.

Ha llegado el momento de revertir a fondo toda la estructura neoliberal para que la transformación profunda comience a hacerse realidad.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social