México atraviesa una coyuntura económica paradójica. Por un lado, el país ha logrado atraer niveles históricos de inversión extranjera directa (IED). En 2025, la IED alcanzó 40 mil 871 millones de dólares –una cifra récord– y el quinto máximo histórico consecutivo. Sin embargo, este dato debe interpretarse con cuidado: de ese monto, alrededor de 27 mil 649 millones correspondieron a reinversiones de utilidades, 5 mil 844 millones a cuentas entre compañías y apenas 7 mil 377 millones a nuevas inversiones.
La cifra confirma el atractivo que México conserva para el capital internacional, pero también obliga a formular una pregunta: ¿qué está ocurriendo con la inversión productiva del empresariado privado nacional? Entre los factores que explican el dinamismo de la inversión extranjera se encuentran la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la relocalización de cadenas productivas, el llamado nearshoring, la integración económica de América del Norte, y las ventajas que ofrece México por su proximidad con el mercado estadunidense y su inserción en las cadenas globales de valor. Sectores como el automotriz, el electrónico, el de equipo de transporte y diversas ramas manufactureras continúan siendo particularmente relevantes.
Por ello, no resulta adecuado explicar los flujos de capital hacia México únicamente por el diferencial de tasas de interés. Una parte importante de la inversión está vinculada con actividades productivas y con estrategias empresariales de largo plazo. México conserva ventajas importantes: una economía altamente integrada con Estados Unidos, una amplia base manufacturera, infraestructura productiva acumulada y un mercado interno de gran tamaño.
Todo esto ocurre, además, en un contexto internacional muy complejo. La guerra comercial impulsada por Estados Unidos contra China (desde el primer gobierno de Trump), el aumento de los aranceles, la incertidumbre en torno al futuro del libre comercio, los conflictos geopolíticos y la guerra entre Estados Unidos e Irán han incrementado la incertidumbre de la economía mundial. La tensión en torno al estrecho de Ormuz, además, ha introducido nuevos riesgos para los mercados energéticos y el comercio internacional.
En este escenario internacional, México ha conseguido mantener una posición relativamente favorable. Una parte de esta capacidad de México para mantener su posición es su capacidad de adaptación a la incertidumbre a partir de las políticas económicas implementadas durante los gobiernos de la cuarta transformación. El incremento de los salarios reales, la expansión de los programas sociales y el fortalecimiento del mercado interno han contribuido a sostener la demanda agregada. Al mismo tiempo, la inversión pública en infraestructura ha buscado ampliar las capacidades productivas y logísticas de todo el país.
Los proyectos estratégicos impulsados durante los últimos años –entre ellos el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la infraestructura energética y las nuevas inversiones públicas en infraestructura– forman parte de una estrategia orientada a fortalecer las capacidades productivas nacionales. A ello se suma el Plan México, que busca incrementar la producción nacional, fortalecer el mercado interno, reducir determinadas dependencias externas y promover nuevas inversiones.
Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar constituyen una expresión concreta de esta estrategia. Su propósito es articular infraestructura, inversión, innovación y planeación territorial, al combinar esfuerzos públicos y privados, y ofrecer incentivos fiscales y facilidades administrativas para atraer nuevas actividades productivas. Actualmente existen 14 polos en distintas entidades del país. Y esto ha logrado plantear las condiciones para generar sinergias entre los diversos agentes económicos.
El Estado, por tanto, está creando condiciones para estimular la inversión productiva. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de la economía mexicana en la actualidad: mientras el país consigue atraer inversión extranjera y el Estado despliega políticas para ampliar las capacidades productivas, una parte importante del empresariado nacional parece no responder con el mismo dinamismo.
El problema no es que ningún empresario mexicano invierta. Evidentemente existen empresas nacionales que expanden sus capacidades, desarrollan tecnología, crean empleos y participan activamente en la transformación productiva del país. El problema es más amplio: la inversión privada nacional no parece corresponder todavía con la magnitud de las oportunidades y de los incentivos que ofrece la economía mexicana. En estos momentos México tiene una inversión total, como porcentaje del PIB, de 21.2 por ciento, mientras que China tiene 41 por ciento. En México la inversión privada representa cerca del 90 por ciento del total, mientras que la pública, representa apenas 10 por ciento del total. Además, sin innovación, habrá poco crecimiento económico. Ya lo dijeron Mariana Mazzucato y Lara Merling en un reciente informe: el gasto en investigación y desarrollo representa cerca del 0.20 por ciento del PIB, y de ahí, la participación de la inversión privada es de menos del 0.04 por ciento del PIB.
Esta situación resulta particularmente llamativa porque el Estado está asumiendo una parte importante del riesgo asociado con el desarrollo y la innovación tecnológica. El estado mexicano construye infraestructura, amplía la conectividad, sostiene la demanda mediante políticas sociales, incrementa los salarios, desarrolla proyectos estratégicos y ofrece incentivos para atraer capital, además de que financia el grueso de la investigación y desarrollo. El sector privado, especialmente el nacional, debería aprovechar estas condiciones para ampliar sus capacidades productivas, desarrollar nuevas tecnologías y elevar el contenido nacional de las cadenas de valor. También debería invertir más en investigación y desarrollo para generar más innovación.
Sin embargo, con frecuencia ocurre lo contrario. Una parte del empresariado concentra su discurso en la incertidumbre, la regulación o los cambios institucionales, mientras demanda mayores incentivos fiscales, subsidios, concesiones y condiciones preferenciales para invertir. Es legítimo que los empresarios exijan certidumbre y reglas claras; lo que resulta cuestionable es que la exigencia de condiciones favorables se convierta en una estrategia permanente para trasladar al Estado una parte de los riesgos que corresponden a la propia actividad empresarial.
Aquí aparece una contradicción fundamental del capitalismo mexicano. El empresario, en la teoría económica, es quien asume riesgos, organiza factores productivos, innova y busca nuevas oportunidades de inversión. Pero cuando una parte del empresariado obtiene sus ganancias fundamentalmente de rentas, concesiones, posiciones oligopólicas o beneficios derivados de políticas públicas, deja de comportarse como un empresario productivo en sentido estricto y se aproxima más a una lógica puramente rentista. Y aquí el problema aparece cuando el capital privado pretende beneficiarse de la infraestructura, los incentivos y la estabilidad generados por el Estado sin asumir simultáneamente una responsabilidad equivalente en materia de inversión, innovación y desarrollo productivo. De ahí que empresarios como Ricardo Salinas Pliego representen un parasitismo económico que no beneficia al país.
El problema no es que el Estado participe en la economía. En la economía moral el mercado no sustituye al Estado. Además, la experiencia internacional demuestra que los procesos exitosos de industrialización difícilmente pueden explicarse sin una participación activa del Estado. Además de que las economías que más crecen son las que tienen un Estado más fortalecido y que tienen grandes inversiones productivas, como es el caso de China, cuyo sector público tiene la propiedad de cerca del 40 por ciento del PIB de la economía más grande del mundo.
México necesita un gobierno económicamente más sólido, y una relación más exigente entre el Estado y el capital privado. El gobierno debe generar infraestructura, seguridad energética, formación de fuerza de trabajo, fuerzas productivas de calidad, investigación científica, financiamiento y condiciones regulatorias adecuadas; pero el empresariado debe responder con inversión, innovación, creación de empleos de calidad y mayor integración de proveedores nacionales.
La coyuntura internacional ofrece una oportunidad extraordinaria. La reorganización de las cadenas globales de suministro puede convertir a México en uno de los grandes beneficiarios de la nueva configuración productiva de América del Norte. Pero esa oportunidad no puede aprovecharse únicamente mediante inversión extranjera. Si las empresas nacionales no incrementan su participación en las nuevas cadenas productivas, México corre el riesgo de convertirse en una plataforma manufacturera para capitales extranjeros sin desarrollar suficientemente un núcleo empresarial nacional capaz de apropiarse de una mayor parte del valor generado.
Por eso es necesario cambiar la cultura empresarial mexicana. No se trata de confrontar al sector privado con el Estado, sino de construir una relación distinta entre ambos. El Estado no puede ser solamente proveedor de infraestructura, subsidios e incentivos, mientras el empresariado se limita a esperar condiciones ideales para invertir. México necesita empresarios dispuestos a asumir riesgos, innovar y apostar por el desarrollo productivo nacional. Necesita empresas que inviertan en tecnología, investigación, capacitación y nuevas capacidades productivas. Necesita, en suma, que el capital nacional deje de mirar al Estado exclusivamente como fuente de beneficios y comience a verlo como un socio estratégico en un proyecto de desarrollo. La inversión pública es indispensable, pero no suficiente. La inversión extranjera puede aportar capital, tecnología y acceso a mercados, pero tampoco es suficiente. México necesita una clase empresarial más nacionalista y humanista que esté a la altura de la transformación económica que vive el país.
El desafío consiste en convertir la actual coyuntura de relocalización productiva, inversión pública y fortalecimiento del mercado interno en un verdadero proceso de desarrollo nacional. Para ello se requiere un Estado con capacidad de conducción económica, pero también un sector privado nacional dispuesto a invertir, innovar y asumir riesgos. La soberanía económica no puede construirse solamente desde el gobierno. Requiere también un empresariado nacional que esté dispuesto a participar activamente en ella.
Josafat Hernández*
*Profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios en el Centro de Investigación y Docencia Económicas
