La propuesta de iniciativa que ha presentado el presidente electo Enrique Peña Nieto, en la que se plantea que el Senado de la República se encargue de la nominación de los futuros comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), a propuesta del titular del Ejecutivo federal, debe ser materia de revisión. La esencia de la discusión se encuentra en la previsible falta de consensos en el Poder Legislativo, los que permitirían al presidente de la República nombrar directamente a los comisionados. Debe recordarse que si después de las dos ocasiones en que se haga la respectiva propuesta ésta no logra la mayoría, el presidente podrá hacer los nombramientos. Desde esta perspectiva, el cambio es un maquillaje para dotar al presidente con la capacidad de corregir las situaciones contrafácticas y legitimar una imposición (en un asunto que se debería resolver por consenso).
A lo largo de su existencia, el Ifai ha tenido que enfrentar momentos de confrontación con instituciones del gobierno federal. Con su desempeño ha quedado claro que es necesario concretar una serie de reformas que le permitan convertirse en el órgano garante de la transparencia en un modelo democrático. Los saldos de dos sexenios con gobiernos emanados del Partido Acción Nacional son deficitarios en esta materia: con base en el Índice de presupuesto abierto, tenemos que México se encuentra en un rango nada halagüeño en materia de transparencia presupuestal, pues su nivel de desarrollo de políticas favorecedoras de rendición de cuentas lo ubican como un país que brinda “alguna información a sus ciudadanos”. En la evaluación, el país apenas rebasa los 50 puntos, cuando la calificación más alta es de 100. Para 2011, con base en el informe del Índice latinoamericano de transparencia presupuestal, el país obtuvo 45 puntos de 100 probables.
Será también una obligación para las legislaturas locales sintonizar sus normas en materia de transparencia con los valores rectores de la Constitución Política federal. Desde luego, en el plazo de un año –impuesto como perentorio para la adecuación estatal de las leyes– es insuficiente para concretar el proceso de democratización y autonomización de los órganos estatales: hay que dimensionar que en la mayoría de las entidades nos encontramos con una feudalización de la política local, donde los gobernadores dominan todo el ejercicio del poder estatal. Prevenir que los órganos autónomos en materia de transparencia no se vean expuestos a este avasallante control será todo un reto. Requerirá que se asuma que la nominación de los comisionados en el orden estatal implica la instauración de contrapesos políticos.
Reconocer que los veredictos sean inatacables y definitivos coloca a este órgano autónomo en un nivel distinto de su desarrollo institucional. De esta manera, estaremos ante un nuevo escenario que frene acciones de omisión, como las que el Servicio de Administración Tributaria realizó al negar información sobre los nombres de personas físicas o morales a quienes se les cancelaron créditos por un monto de 73 mil 960 millones de pesos en 2007.
El Ifai, en su informe, presenta datos relevantes de su trabajo de 2004 a 2011: ha presentado 77 denuncias por incumplimiento; 18 ante las contralorías que tienen competencia en materia de transparencia; 59 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, de las que 21 casos están en trámite y 36, al no encontrar elementos para acreditar responsabilidad de los servidores públicos, fueron desechadas. Ante este panorama, dotar de capacidades de ejecución al Ifai en sus veredictos sería un aporte del que, lejos de celebrar, tenemos que reconocer pendientes. La existencia de un modelo de transparencia en el que los sujetos obligados se comportan de manera distinta ante un mismo marco regulatorio dependiendo del tipo de información que se solicita, el organismo público, así como el estado de la República en que se hace la solicitud, hace que el sistema de transparencia sea asimétrico. Esta situación obliga a plantear tres retos futuros para México:
a) Los órganos autónomos que tienen competencia en materia de transparencia deben fortalecerse y romper cualquier relación con los gobiernos estatales o federales, incluyendo la nominación de sus comisionados. Dichos nombramientos quizás deban recurrir a un modelo de terna, como ocurre con la nominación de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) Establecer un proyecto de transparencia y rendición de cuentas que se plantee mecanismos de verificación ciudadana de la información que se publicita. Los criterios de máxima publicidad deben ir regulados éticamente por acciones en las que impere la calidad de la información brindada, bajo escenarios en los que las nuevas tecnologías son parte de esta condición de plena accesibilidad y de información clara y efectiva que no debe escapar como criterio factible a seguir.
c) Incentivar una sociabilización que favorezca un impulso de una cultura de la transparencia como principio democrático de confianza y certidumbre democrática.
*Politólogo; profesor asociado de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
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