Un recurso de inconformidad interpuesto por la trasnacional CAF señala que el proceso para rentar los trenes de la Línea 12 del Metro no se apegó a la ley. Antes de resultar beneficiada con la adjudicación directa por 18 mil millones de pesos, la empresa advirtió que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal hicieron un “sondeo” vía correo electrónico, y sin licitación de por medio, para saber los costos del servicio. Por ello, en su denuncia solicitaba la nulidad del proceso. La ganadora no fue la única que tuvo dudas sobre la contratación: Flavio Díaz Mirón, exrepresentante de Bombardier, sostiene que en el proyecto de la Línea Dorada “había prisa política”
Cinco meses antes de ser beneficiada por la administración de Marcelo Ebrard –con un contrato por 18 mil millones de pesos para la renta de los trenes que habrían de circular por la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro– Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) interpuso un recurso de inconformidad ante la Contraloría General del Distrito Federal por considerar que el proceso se llevaba de manera irregular.
En el documento –del cual Contralínea posee copia– la trasnacional de origen español solicita a la autoridad la revisión del procedimiento, toda vez que de continuar sin apego a las leyes vigentes en la materia se podría causar la nulidad del mismo en agravio no sólo de CAF , sino también del Sistema de Transporte Colectivo y del interés público.
El acto impugnado fue la realización de un “sondeo” de precios, vía correo electrónico, que estuvo a cargo de la empresa de participación estatal mayoritaria del Gobierno del Distrito Federal: Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo de la Ciudad de México, SA de CV.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, a través de su filial CAF de México, SA de CV, advertía a las autoridades en el escrito que un proyecto de tal envergadura no puede ser llevado con tal desaseo y desapego a la ley, mucho menos a través de una cuenta de Hotmail y por una sociedad mercantil, en lugar del propio Sistema.
El propio STC hizo referencia a dicho “sondeo” en un comunicado de prensa difundido el 23 de diciembre de 2009. De acuerdo con el escrito, se realizó la consulta a las principales empresas del ramo a nivel mundial: Alstom, AnsaldoBreda, Bombardier, CAF, Norinco, PCZ y Siemens, con el propósito de contar con una referencia sólida para conocer las condiciones económicas del mercado.
“Como resultado del estudio de las condiciones que ofrece el mercado en cuanto a los requerimientos técnicos, calidad, oportunidad, precio y financiamiento, la empresa que cumple con todos los elementos referidos es CAF. Lo anterior, considerando que, a diferencia de las demás empresas, ésta cumple en 99.5 por ciento con los requerimientos técnicos, entrega el material rodante en el plazo requerido y presenta la mejor opción de financiamiento y precio; aunado a que ofrece un grado de integración nacional superior al 50 por ciento.”
Agrega el Sistema de Transporte Colectivo Metro en el escrito que al considerar la situación económica del país y la naturaleza del proyecto, “el Metro exploró diversos instrumentos jurídico-financieros para contratar el material rodante, resultando el modelo de prestación de servicios a largo plazo el más conveniente”.
El “desaseo” del gobierno de la Ciudad
El 15 de julio de 2009, a través de su representante, Fernando David Estavillo Castro, CAF México, SA de CV, presentó un recurso de inconformidad en contra de dicho “sondeo”. Impugna el correo electrónico: “Ciudad de México a 26 de mayo de 2009 CV/ DG/048/2009”, fechado el 8 de julio de 2009 y emitido por Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo de la Ciudad de México, SA de CV.
La comunicación electrónica –enviada a través de la empresa de participación estatal mayoritaria del gobierno de la Ciudad, sectorizada a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal– solicitaba a CAF una cotización para proveer al STC un lote de 29 trenes de siete vagones cada uno, de rodadura férrea, para la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac de la Red del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.
En la inconformidad, CAF solicitó analizar los hechos a efecto de que se decretara la nulidad de la comunicación [el correo electrónico] y se ordenara a su emisora que procediera conforme a derecho en los términos de los artículos 27, 52, 54 y demás relativos a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
A decir de CAF, el recurso tenía el fin de “evitar la realización de actos de difícil o imposible reparación” no sólo en perjuicio de sus legítimos intereses, sino, sobre todo, del interés público encomendado al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo, “toda vez que existen o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y de su Reglamento”.
La inconformidad fue presentada ante la Contraloría General del Distrito Federal y contiene una lista de agravios.
En el documento, CAF argumenta que una de las irregularidades que se impugnaban era la falta de observancia de las formalidades de la ley en la notificación de la comunicación.
Explicaba que el 8 de julio de 2009 recibió el correo electrónico (notificación) enviado a las 21:38 horas del mismo día bajo el asunto: “Cotización material rodante”. Para la compañía, esto resultaba claramente irregular y ameritaba por sí mismo la nulidad.
CAF, hacía notar a la Contraloría que si bien la emisora de la comunicación, decía (en la misma) haber recibido una encomienda del STC de realizar las gestiones necesarias para proveer al Sistema de un lote de trenes, “se ignora si cuenta conforme a derecho con las facultades necesarias para invitar a los interesados a proveer el Material Rodante o si debiera hacerlo directamente el STC” (sic).
Para CAF, llamaba la atención el hecho de que la invitación no proviniera del Sistema de Transporte Colectivo, sino queprocediera de una sociedad mercantil “cuya intervención no queda suficientemente aclarada y mucho menos fundada y motivada conforme a derecho”, además de que se hizo por conducto de Santiago Usobiaga, “persona cuyo carácter no se menciona”, a través de una cuenta de Hotmail y “ni siquiera de un sitio o página web oficial”.
CAF opinaba que el “sondeo” no se apegaba a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas del Distrito Federal, y pese a que tiene interés jurídico y comercial de participar en el proyecto, “le es indispensable que se proceda conforme a la Ley a fin de que no se haga nugatorio su derecho a participar en el mismo”.
Llamaba igualmente la atención de CAF, la presumible intención del Gobierno del Distrito Federal, de eludir las formalidades al ocultar que se trata de un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, que si bien existe en la ley, no se menciona en el correo. Lo que resulta en un proceso además de irregular, según sus palabras, en algo “inconcebible para un proyecto de esa envergadura y trascendencia”.
Agregaba que al no mencionar que se trataba de tal procedimiento, estipulado en la ley, se incurría en la violación a los artículos 27, inciso b; 52; 54, fracciones I, II Bis, V y XVII; y 56 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
“Aun cuando la comunicación se presenta como ‘solicitud de cotización’, sus términos son inconfundibles y denotan que lo que materialmente contiene, aunque lo oculte por no señalarlo como debía hacerlo, es un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, que si bien existe en la ley antes citada y esta misma regula, no se menciona en el correo con la presumible intención de eludir la observancia de las formalidades que dicha ley y sus disposiciones conexas exigen.”
Otro de los agravios según CAF se refería al plazo establecido de 10 días hábiles (siguientes a la recepción del correo) para la presentación de una propuesta, cuando “debiera ser de cuando menos 90 días naturales”.
El plazo, señaló CAF, carecía “de toda lógica tanto técnica como comercial y resulta obvio que hace absolutamente nugatorio el derecho de cualquier participante o proveedor interesado, ya que es técnica, material y jurídicamente imposible e inviable”.
La empresa refería que la imposibilidad se derivaba de la complejidad de las especificaciones incluidas en el correo bajo la denominación: Anexo A, que constaba de 159 páginas –“por cierto, no suficientemente claro y que por tanto amerita aclaraciones”– y de siete apéndices, “que ni si siquiera fueron entregados”.
CAF México subrayaba que el procedimiento le causaba perjuicio en virtud de que por dedicarse directa o indirectamente a la fabricación, importación, venta, reparación y mantenimiento de trenes y vagones de ferrocarril, posee la capacidad técnica, económica y financiera, además de un interés legítimo para proporcionar en cualquier forma el material rodante.
La beneficiaria
Meses después de interpuesta la inconformidad, en diciembre de 2009 y sin que se hubiera corregido o repuesto el procedimiento, a través del STC, el Gobierno del Distrito Federal bajo la gestión de Marcelo Ebrard (2006-2012) otorgó el contrato a CAF de México, SA de CV.
Por un supuesto “caso de excepción a la licitación pública”, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del STC, encabezado por el entonces también director del STC Francisco Bojórquez, determinó adjudicar de manera directa a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles de México, SA de CV, el contrato para rentar sus trenes durante un plazo de 15 años.
De acuerdo con el acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité, los 19 funcionarios que integraban el órgano autorizaron, por unanimidad, el proyecto para la prestación de servicios (PPS) de largo plazo para poner a disposición del STC un lote de 30 trenes de rodadura férrea que circularían por la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. El documento está fechado el 22 de diciembre de 2009.
Con la aprobación del Consejo de Administración –en la Cuarta Sesión Ordinaria, mediante el acuerdo IV-2009 III-15– se comprometieron 18 mil millones de pesos para ser entregados a CAF en forma bianual (2010-2025) a través de la partida presupuestal 3909: “Servicios de largo plazo”.
Las responsabilidades del desastre
Tras la suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones que componen la Línea 12 del Metro debido a supuestas fallas técnicas y estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, Joel Ortega, director del SCT, anunció que la Consejería Jurídica y la Contraloría General del Distrito Federal investigan si existe responsabilidad de funcionarios o de las empresas que participaron.
Luego de que la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), SA de CV, señaló que el problema de la Línea 12 fue que los trenes no son compatibles con la vía, a través de un comunicado CAF México precisó que la especificación técnica para la fabricación de los trenes que sirven a dicha línea fue elaborada por el propio Sistema de Transporte Colectivo.
En comparecencia ante la Comisión Investigadora sobre la Línea 12 del Metro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Maximiliano Zurita, director de CAF México, dijo que tanto las características de los trenes como las de los bojes fueron conocidas con oportunidad por el STC Metro, Proyecto Metro DF y el Consorcio Constructor.
Zurita Llaca mostró a los legisladores la minuta de una reunión realizada el 5 de octubre de 2010 en las oficinas del Consorcio Constructor, donde se valida operativamente por Proyecto Metro del Distrito Federal los bojes con distancia entre ejes de 2.50 metros.
No obstante, en entrevista con Contralínea, Flavio Antonio Díaz Mirón, exrepresentante legal de Bombardier Transportation México, SA de CV, no descarta que la posibilidad de que los trenes y las vías sean incompatibles.
Renuente a hablar, dice a este semanario que podrían ser incompatibles dado que no hubo tiempo de coordinación: “Había prisa política. Ahí las consecuencias. Me sorprende que fueran tan rápidas”.
El ahora ministro para la Región Norte de ProMéxico –instancia del gobierno federal que busca la atracción de inversión extranjera directa y exportaciones de productos y servicios– responsabiliza a las autoridades que llevaron el proyecto. Díaz Mirón Álvarez coincide con CAF en que un “proyecto tan importante” no podía manejarse por correo electrónico, y sostiene que hubo un proceso irregular.
Sobre el juicio interpuesto por la empresa que representaba, precisa que no se perdió, sino más bien se trató de un retiro voluntario: “Ganamos cinco veces y nos retiramos porque Bombardier no está para pelear en México, es una empresa seria”.
Ante la pregunta de si es verdad que, como aseguró Francisco Bojórquez, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo en comparecencia ante la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, CAF resultó ganadora porque ofreció un tiempo de entrega de los trenes menor al de Bombardier, Flavio Díaz Mirón niega haber tenido la posibilidad de ofertar nada: “No se nos dio el tiempo”.
—¿Bombardier podía mejorar la oferta de CAF? –se le pregunta.
—Pudo –responde apresurado al pie de las escalinatas del World Trade Center, minutos antes de iniciar su participación en el taller de Pro México Global: Hablemos de Negocios con NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por su sigla en inglés).
Contralínea solicitó entrevista con Marco Antonio Ciriaco Arroyo, director general de Proyecto Metro del Distrito Federal. Fernanda Carrero, subdirectora de Comunicación Social de la dependencia, dijo vía telefónica que no pueden hablar del tema porque únicamente se ocuparon de la construcción.
También se buscó la postura del Sistema de Transporte Colectivo a través de Nayela Reyes; la Contraloría General del Distrito Federal, y de CAF México. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Textos relacionados:
Contralínea 381 del 14 al 20 de abril de 2014
