Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 4 últimos años del periodo respectivo […] el Congreso de la Unión […] designará al presidente sustituto que deberá concluir el periodo

El cargo de presidente de la República sólo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión…

 Artículos 84 y 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Del diazordacismo al zedillismo (1964-2000) estaba claro que ya no se podía gobernar con el autoritarismo ahogado en la cloaca de la corrupción e impunidad. Y tras el interregno de la fallida alternancia que taponeó con los burócratas de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) el reclamo de resolver “con más democracia los problemas de la democracia”, quedaba como única opción implantar un presidencialismo semiparlamentario para, sin derramamiento de sangre en una sociedad abierta sustentada en un liberalismo político (y no como ahora, en una sociedad cerrada de neoliberalismo económico) “deshacernos de los malos gobernantes” con la “ingeniería” constitucional. Autoritarismo y burócratas, sin ética de la responsabilidad democrática y republicana, empujaron a nuestro sistema-régimen presidencialista a la última etapa de sus nexos con las delincuencias, con elecciones ilegítimas y con amañadas resoluciones legales que han puesto en muy seria crisis a la federación, hoy en manos de desgobernadores y presidentes municipales rateros que, por convicción y/o temor, son aliados de la narcopolítica, desobedeciendo las obligaciones del buen gobierno; y un Estado de partidos que ejerce cada vez menos la democracia representativa, disputándose el botín del poder y los cargos.

También se han deteriorado los gobiernos de los 31 estados y del desgastado sistema de la capital del país –mismo que necesita transformarse en otra entidad con la extraterritorialidad federal para el asiento de los poderes federales–, cuyas burocracias deben descentralizarse; y los municipios son propiedad de caciques y delincuentes. El régimen necesita una sacudida que desenraice los vicios que fue sembrando la contrarrevolución (1946-2012), porque las conquistas de la Revolución de 1910-1917 primero fueron interrumpidas por el avilacamachismo y, a la fecha, saboteadas hasta las contrarreformas peñistas del “nuevo Partido Revolucionario Institucional” (PRI) que, con el viejo PRI, también ha llegado a su final.

Varios medios de comunicación han hecho eco de las demandas populares, y no sólo en las manifestaciones actuales sino desde el diazordacismo. Aunque con los macabros hechos de Ayotzinapa y Tlatlaya el reclamo es abierto, como lo hizo ver Jorge Ramos Ávalos en su ensayo periodístico “La renuncia de Peña Nieto” (Reforma, 1 de noviembre de 2014), en el sentido de que Enrique Peña Nieto y su grupo mexiquense, políticamente inmaduros (citando a Max Weber, como en lo de la “sociedad abierta” a Karl R Popper), no tienen “la vocación política que creían tener”. Peña Nieto debe presentar su renuncia para que el Congreso de la Unión designe al sustituto, ante las consecuencias de sus 2 años de mal gobierno, acosado por la violencia de funcionarios (policías, militares, desgobernadores, presidentes municipales, etcétera), y la violencia de delincuentes (narcotraficantes, feminicidas, tratantes, rateros, sembradores del terror), en lo que ya es una guerra de todos contra todos, al neutralizar el estado de derecho y poner en su lugar el estado de naturaleza, porque el Leviatán autoritario priísta-panista-perredista se rindió, y en su lugar no han querido las elites empresariales-patronales-banqueras e inversionistas nativos y extranjeros, con los poderes fácticos (Televisa, Tv Azteca y los monopolios radiofónicos), darle paso a la urgente necesidad de un sistema parlamentario.

Peña Nieto puede y debe renunciar, antes que la nación asuma plenamente la democracia directa a la que tiene pleno derecho si se interrumpe la vigencia constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Interrupción con la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido colaborando, cancelando el derecho a las consultas populares. El próximo 1 de diciembre Peña Nieto cumpliría los 2 años exigidos como condición para su renuncia y llevar a cabo la designación de un presidente sustituto. Necesitamos un político nato (lo hay) que asuma la conducción del Estado Federal y cercene los añadidos centralistas que conducen al Estado unitario, derechista y conservador.

Sobre todo Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Fox y Calderón (uno o los cuatro) debieron ser destituidos vía la renuncia por causa grave: asesinatos desde el poder presidencial, incapacidad, incompetencia, homicidios (¡más del 100 mil con Calderón-PAN!); y el territorio sembrado de fosas clandestinas con miles de mexicanos asesinados. Además de los miles secuestrados, desaparecidos y desplazados. A esto hay que agregar que la economía con Luis Videgaray es un desastre. En suma, todos los peñistas han fracasado y más por la mala conducción de Peña, cuya Presidencia está en el banquillo de los acusados por un pueblo al que no se ha gobernado para su beneficio; y que ha estallado en revueltas que pueden derivar en un alzamiento nacional.

Peña debe hacer suyas las palabras del ensayo El político, de Max Weber: “Es, por lo contrario, infinitamente conmovedora la actitud de un hombre maduro (de pocos o muchos años, que eso no importa), que siente realmente y con toda su alma esta responsabilidad por las consecuencias, y actúa conforme a una ética de la responsabilidad, y que al llegar a un cierto momento dice: ?no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo’”. Es decir: Peña debe renunciar, pues “la realidad que es más pródiga que la más febril fantasía”, lo ha vencido. Y la nación no merece el capricho del poder por el poder.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

Contralínea 414 / del 30 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2014