Una y otra vez ha sido atacado y amenazado el reportero de La Jornada Emir Olivares, en este caso por los narcotraficantes en su modalidad de narcomenudeo que operan dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sus alrededores, sobre cuyo tema el periodista se ocupó en el desempeño de su tarea de informar. En el primer ataque que recibió este trabajador de los medios de comunicación, los sicarios entraron a su domicilio particular en pleno mediodía a principios del mes de diciembre del año pasado. Y a partir de entonces su teléfono celular constantemente ha estado recibiendo toda clase de advertencias intimidatorias, entre las cuales varias insisten en confirmarle que los narcos ofrecen 1 millón de pesos por asesinarlo.
Y como este reportero, al igual que los demás integrantes del gremio periodístico no dejan de cumplir con su deber profesional, los delincuentes persisten en sus intentos hasta llegar a los homicidios de esos trabajadores. El reportero Emir Olivares recurrió a denunciar los hechos ante la Procuraduría de la Ciudad de México y, al tener conocimiento de ella, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, al estilo burocrático, dijo que esperaría a que aquella institución y luego la Fiscalía General de la República, determinaran si los hechos contra el reportero se “relacionaban” con su actividad, para intervenir.
La actitud que ha mostrado el funcionario le asegura a la delincuencia que la impunidad es la luz verde para continuar con el cumplimiento de sus amenazas. Y las que han enderezado contra el periodista Olivares era como para haber intervenido de inmediato conforme a la denuncia de hechos y no esperar –como le ha estado sucediendo– a que esté recibiendo más amenazas y chantajes; lo que confirma que los sicarios estaban decididos a dar el segundo paso: ultimar al reportero por haber investigado periodísticamente la venta de drogas dentro de las principales instalaciones de Ciudad Universitaria, así como fuera de ellas. Información que afectó las actividades de los narcos y quienes han ordenado eliminar al reportero.
Son ya demasiados los ataques consumados que han perpetrado contra los periodistas, y tanto López Obrador como la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, insisten en no usar la fuerza pública. Ambos tienen los reclamos hasta el cuello por la imparable violencia que ha dejado su primer año en el poder público; pues hay una estela de sangre por los miles de homicidios, secuestros, desapariciones, ¡feminicidios!, que ya tiene a los mexicanos víctimas de ese terror al que los periodistas no escapan. El caso es que un reportero ha sido el blanco de los delincuentes y los funcionarios citados apenas si prometieron ocuparse del mismo, cuando la amenazante intimidación de los sicarios, era como para haber intervenido de inmediato y, por lo contrario, su promesa de hacerlo expuso a Emir Olivares a ser hasta privado de su vida.
Parece que esto es lo que esos funcionarios no contemplaron, o tal vez minimizaron. Y semejante indiferencia puede permitir que los narcomenudistas den la orden a sus matones de llevar a cabo su amenaza. Lo cual acusa, al menos, de omisión en las dos instancias investigadoras y, de plano, indolencia de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. No hubo, pues, la acción adecuada para proteger al reportero y dar con los delincuentes que estuvieron impunemente amenazándolo.
Y es que como los reporteros son quienes trabajan directamente ante los hechos para ofrecer a la opinión pública la información respectiva, están inermes y expuestos a la intensa criminalidad que los delincuentes llevan a cabo en las narices de los desgobernadores y del propio López Obrador. Y que se ha convertido en una barbarie sangrienta y atemorizante que se ha apoderado de todos los mexicanos, los que no encuentran la manera para que los gobernantes se interesen preventivamente; o ya de perdida actúen en consecuencia de las denuncias. Lo que le ha pasado al periodista Emir Olivares es otro caso en la larga lista que atenta contra la libertad de expresión y de publicación.
Álvaro Cepeda Neri
[OPINIÓN] [DEFENSOR DEL PERIODISTA]
