No se imaginó que esa noche cambiaría su vida para siempre: un policía, de un golpe, le rompió la pierna derecha. Ahora, Anahí tendrá que vivir con una placa metálica incrustada. Por esta presunta violación a los derechos humanos, sin embargo, no se ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades de los funcionarios adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y de la PGJDF
“¡Agarren a esa pendeja! ¡Agarren a esa puta!”, gritan los policías. Anahí corre. No entiende por qué la persiguen, a ella y a otras personas. Su compañero la toma de la mano. Su paso se empieza tornar cada vez más lento. Los policías se acercan a escasos metros.
Anahí no puede más. Se detiene. Su compañero es aprehendido. Ella clama por su liberación. “¡Ésa es mía!”, grita un policía. El miedo la hace reaccionar y corre nuevamente. Un tolete pasa por su costado pero no la derrumba.
Es alcanzada por un grupo de granaderos, cuenta la joven, ahora convaleciente.
Le pegan mientras corre y cae de bruces. Coloca sus manos sobre su cabeza para protegerse. Sólo alcanza a ver uniformes azules. Son hombres, los distingue por sus voces que no dejan de insultarla: “¡Tú te lo buscaste, perra! ¡Tú te lo buscaste!”, asegura que le gritaban.
No logra ver sus rostros.
De pronto, de entre varias botas negras bien lustradas una se acerca con furia. Fracciones de segundo después, el dolor más intenso que jamás haya sentido recorre su cuerpo. Su vista se nubla.
Llegan más granaderos. Sabe que la siguen golpeado en todo el cuerpo; pero el dolor provocado en la pierna por aquel golpe es tan agudo que ya no siente las demás agresiones que sufre.
Un policía le ha roto la pierna derecha.
“¡Déjenla, ya la golpearon!”, grita una mujer que trata de auxiliar a Anahí Azúa González, aunque debe retirarse pues también recibe algunos golpes.
La joven estudiante narra que es entonces cuando intenta levantarse. No puede. Trata de colocar su pie en el piso pero no hay punto de apoyo. Es el momento en que se da cuenta de la gravedad de su lesión.
“Al no poder caminar, gateo; no sé cuánta distancia gateo. Los policías sueltan a mi compañero”, relata Anahí Azúa González en entrevista con Contralínea.
La agresión policial ocurrió el 2 de octubre de 2013, a las afueras de una de las oficinas más importantes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: la Agencia 50 del Ministerio Público. Pasaban de las 22:00 horas.
El relato de Anahí se comprueba con un video publicado en la red social YouTube, bajo el título Agresiones en la Agencia 50_2Oct2013.
En éste se puede constatar el despliegue de efectivos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como la repentina persecución que inician contra la gente que se encontraba a las afueras de las oficinas ministeriales.
La mayoría de los ahí presentes esperaban noticias de algún detenido durante la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil.
En el video se logra ver a decenas de policías sobre la calle Doctor Lavista portando sus escudos, toletes y, también, armas largas. Se oye una voz femenina agitada. Las imágenes del video continúan en la calle Doctor Jiménez, rumbo a la avenida Doctor Río de la Loza.
Se escucha a un policía ordenar: “¡Hagan la línea!”. No lo obedecen.
En esa grabación, a partir del minuto 1:57, se puede ver a Anahí Azúa. Viste una sudadera roja y se encuentra tirada en el suelo, sometida y recibiendo golpes de policías. “¿Por qué le pegan?”. “¿Qué te pasa?”. “Ya nos la vamos a llevar…”, le dice la gente a los uniformados.
Su compañero la ayuda a reincorporarse.
Anahí cojea y pide ayuda. Su compañero finalmente la carga. Mientras policías y reporteros corren a sus costados, una voz pide calma.
“Me sientan y me revisa una chica que es paramédico; me sube el pantalón y me agarra la pierna. Ahí confirma que el hueso está completamente roto”, explica.
El video sigue corriendo. Uno de los granaderos se acerca y le grita, colérico: “¡Ya nos tienen hasta la madre!”.
Anahí rememora: “Los policías clamaban para que agarraran a la persona que me ayudó; decían: ‘¡A esa sí llévatela, a esa pendeja sí!’. También, a un señor que me protegió lo golpearon.
“Yo sentía que me iba a desmayar, estaba muy mareada. A pesar de que me gritaban, escuchaba las cosas lejos, a la distancia.”
Anahí Azúa García, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), no participó en la marcha que conmemoró los 45 años de la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Sin embargo, recibió llamadas en su teléfono celular en las que le informaban de la detención de uno de sus amigos.
Por suscitarse los hechos en la delegación Cuauhtémoc y porque en anteriores marchas a los detenidos los habían llevado ahí, ella acudió a la Agencia 50 del Ministerio Público –conocida popularmente como el Búnker–, en compañía de amigos y familiares de los detenidos.
La intención era solicitar información del paradero de los arrestados y exigir su liberación
Al llegar, observó que los policías rodeaban a los familiares, abogados y amigos de los presos que se encontraban retenidos ahí. Segundos después, los policías comenzaron a agredirlos. Todos corrieron.
Después de la agresión que sufrió fue trasladada en vehículo particular al hospital Rubén Leñero.
El dolor era tan intenso que no habló durante todo el trayecto. Posteriormente fue ingresada al servicio de urgencias del hospital.
“El tiempo que pasa entre la agresión y mi traslado al hospital es el más horrible de mi existencia”, comenta.
Y es que pasa lento para Anahí. Llegan los especialistas en ortopedia, intentan acomodarle el hueso, lo jalan y le ponen yeso.
En ese momento, uno de los doctores le advierte que si el hueso no es colocado correctamente, tendrá que ser intervenida quirúrgicamente.
Los estudios de Rayos X revelan que su hueso no está alineado; en cambio, se observa totalmente roto.
La joven es colocada en una mesa. Su madre y los doctores le explican que el dolor ya no puede ser más intenso: ése es su parámetro. Entre tres doctores le acomodan el hueso, sin anestesia, con base en lo que se observa en las radiografías.
—¿En ese momento disminuye el dolor? –se le pregunta.
—Hasta que acomodan mi hueso disminuye un poco. Es decir, 2 horas después de la agresión. Todo ese tiempo el dolor hacía que mi cuerpo temblara; para mitigarlo, únicamente sostenía mi pierna con fuerza.
Después de que la suben a piso en el nosocomio, se entera de la situación de los detenidos de aquel día. Hasta la fecha, se encuentran en prisión.
Anahí fue intervenida quirúrgicamente 1 semana después, el 8 de octubre.
Durante la operación, los médicos le colocaron un clavo intramedular con tornillos en la tibia, el cual tendrá el resto de su vida.
Los doctores esperan que el peroné pueda soldar solo, debido a que es un hueso más pequeño.
Agresores embozados
El 9 de octubre, Anahí rindió su declaración por escrito ante el Ministerio Público.
De ella se desprende la averiguación previa FMH/MH/H1T2/172/13-10MH-1, por el delito de lesiones dolosas por golpes.
Por la noche, una agente del Ministerio Público se presentó en el hospital donde estaba internada la joven.
La cuestionó sobre la tardanza para levantar su denuncia.
“Hablar con esa persona fue algo muy fuerte para mí, porque cualquier persona con uniforme representa a mis agresores”, explica.
La agente insistió en que Anahí hiciera una descripción del agresor “para que pueda haber justicia”.
Ella respondió: “No te puedo dar un rostro. Yo estaba en el piso, ellos iban cubiertos de la cara y no los distingo”.
Violencia para toda la vida
—¿Cómo asimilas lo que pasó? –se le pregunta a la estudiante de antropología.
—En la cuestión física sé que ya no habrá dolor más fuerte que el de ése día. La primera noche que pasé en el hospital fue la más difícil porque me metieron el clavo por la rodilla, y ésta quedó muy mal.
“Cuando despierto en urgencias, pienso que no había pasado, hasta que vi y asimilé; pero aún me cuesta trabajo entender que un fierro va hacer que camine.
“Que a tu cuerpo lo agredan de esa forma es una violencia no sólo en el momento que lo hacen, sino que sigue: lo voy a tener presente toda la vida. Su violencia la sufro todos los días.”
Anahí aún no puede valerse por sí misma; sus amigos la ayudan a levantarse, a ir al baño, a tomar sus medicamentos.
Su médico le ha comentado que tiene una buena cicatrización, lo cual, aunado a que es joven y no ha tenido hijos, le ayuda para su rehabilitación. Todos esperan que pueda a caminar a inicios de este 2014.
Violencia permanente
—¿Confías en que habrá justicia en tu caso?
—Creo que la palabra justicia está manoseada y es muy ambigua. Mi pierna nunca se va a reparar del todo. La justicia existiría si estuviera mi pierna normal. Justicia sería que los granaderos no reprimieran.
“Si la acción no es justificable, como en mi caso, no se puede hablar de justicia. Ellos rompieron mi pierna. No quiero que fabriquen un chivo expiatorio para que metan a alguien a la cárcel; pero eso siempre lo hacen, y seguramente van a buscar más de uno.”
La estudiante considera que la violencia no sólo es obra de los policías que golpean, sino de las autoridades que están al frente de los operativos: “No es sólo la persona que te agrede, sino que arriba de él hay otro que da órdenes. Se trata de meterle miedo no sólo a la persona que agreden, sino a quienes la rodean. ¿Cómo va a haber una justicia si justifican la violencia?”.
Para la joven, el aparato represivo del Estado, materializado en sus granaderos, busca sembrar miedo y “hacernos creer que uno es culpable de que lo golpeen, que uno se lo busca simplemente por acudir a una marcha, por tener ideas distintas, por vestir diferente o, en mi caso, por pedir información y por no correr lo suficiente.
“Nadie por ninguna razón se merece ser golpeado con tanta brutalidad y, sobre todo, es indignante que como sociedad aceptemos y permitamos que el Gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal transforme a gente perteneciente a la sociedad civil en un grupo de inhumanos, que cada vez se vuelven más violentos, actúan con más saña, con más ira, y que justifican acciones con protocolos de seguridad, que vuelven su violencia legítima.”
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) atrajo el caso de la estudiante. No obstante, lo integró al expediente de queja 13/6667, en el cual se asientan todos los hechos relacionados con los sucesos del 2 de octubre de 2013. La Comisión le explicó que, debido a que ella fue a pedir informes sobre un detenido de aquel día, su queja no puede estudiarse aparte.
“En la CDHDF me dijeron que la licenciada Elvia Trejo –de la Primera Visitaduría– iba ser la encargada de mi proceso de queja. Sin embargo, hasta el momento, no me ha atendido. Únicamente responde la contestadora”, señala.
Anahí Azúa tampoco ha recibido una respuesta por parte de la autoridad encargada de investigar los hechos.
Contralínea solicitó entrevista con Elvia Trejo a través del área de Comunicación Social de la dependencia. También, con Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, encargado, entre otras cuestiones, del desarrollo de políticas a favor de los derechos humanos. En ambos casos, no hubo respuesta.
TEXTOS RELACIONADOS:
Contralínea 371 / 2 al 8 de Febrero de 2014
