La acusación formal que presentó este día la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sacado a relucir el esquema empresarial privado que posee la petrolera en México y el extranjero, incluidos paraísos fiscales.
Al solicitar que se vincule a Lozoya Austin a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la FGR presentó entre sus datos de prueba que “el 5 de marzo de 2019, Martha Edith Márquez Acosta, representante legal de Pemex, hizo del conocimiento [a la autoridad] de nota criminal, PMI Holding –empresa filial de Pemex– informó que de la adquisición de la [persona] moral Agro Nitrogenados se requerían 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones de dólares eran para reiniciar actividades.
“El 1 de diciembre de 2013 modifican el avalúo y de 400 millones de dólares pasa a 475 millones por Agro Nitrogenados, por lo que solicitó al Indabin un avalúo de la planta adquirida, pero luego se pidieron eliminar esos avalúos y se pidió que hiciera uno comercial.
“En su calidad de director de Pemex dijo que era primordial para el gobierno la producción de fertilizante, por eso era importante adquirirla, para lo que se requería de inicio 175 millones de dólares, y 200 millones de dólares para la reactivación de la planta e insistió que la primera era la producción de fertilizantes”.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, la FGR solicitó la vinculación a proceso por operaciones de procedencia ilícita, porque ese delito es perseguible de manera oficiosa y, debido a que se utilizó el sistema financiero mexicano, hace falta la participación de la Secretaría de Hacienda, y de ahí que esté la denuncia del doctor Santiago Nieto.
