Al amparo de la corrupción

Al amparo de la corrupción

María Amparo Casar Pérez: Su crimen ha sido el ejercicio de la corrupción, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito
FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

“El que esté libre de pecado que tire la primera piedra” (La Biblia, Juan 8:7-11) dijo Jesús. De esta manera, retó a quienes querían que castigara a una mujer, a la cual acusaban de adulterio. Todos se escabulleron. Y él, al contrario, la perdonó. “Anda, y en adelante no peques más”.

Y es lo que debería hacer María Amparo Casar Pérez: retirarse de la vida política pública y no pecar más. Su crimen ha sido el ejercicio de la corrupción, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito.

Durante 20 años, ha cobrado una pensión indebida de más de 31 millones de pesos. Hoy, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha interpuesto una acusación penal. Y en esta transgresión están involucrados sus dos hijos, a quienes procreó con Carlos Fernando Márquez Padilla García.

El 7 de octubre de 2004, se quitó la vida de manera voluntaria al tirarse desde el piso 12 de una torre de Pemex, según consta en el expediente del caso y que puede consultarse en la siguiente liga.

Tras ese suceso y hasta el 14 de febrero de 2005, de acuerdo con la averiguación previa MH-1T1/2361/04-10 iniciada el 07 de octubre de 2004, por el posible delito de homicidio en grado consumado simple, la autoridad ministerial determinó que se trató de un suicidio.

“Por lo cual, y en atención a que de la declaración de los testigos no se desprende algún elemento de prueba, para determinar que alguien hubiera participado en la muerte de CARLOS FERNÁNDEZ MÁRQUEZ PADILLA GARCÍA, ya que a ninguno de ellos les constaban los hechos. Aunado al Dictamen de Peritos de Criminalística [Mecánica de los Hechos], se llegó al conocimiento, que en los presentes hechos, ninguna persona privó de la vida al ahora occiso, ya que él, se quitó voluntariamente la vida, por lo cual, es procedente aprobar el No Ejercicio de la Acción Penal Definitivo”.

De acuerdo a los documentos legales, se informó del resultado a los familiares. Entre éstos, está su hermano José Ignacio Casar Pérez, quien fue uno de los testigos declarantes en la averiguación mencionada. Sin embargo, una resolución expedita hizo que la viuda comenzara a cobrar, el 19 de octubre de 2004. El 15 del mismo mes, Casar había solicitado el pago de la pensión post-mortem.

Eso quiere decir que mediaron 12 días entre la tragedia y la autorización del pago, tramitada apenas cuatro días antes… ¡Vaya burocracia expedita! Y más aún cuando estaba abierta una averiguación por homicidio de la Fiscalía de la delegación Miguel Hidalgo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Cabe resaltar que, en una nota periodística del 15 de octubre de 2004, David Aponte escribió: “De acuerdo con testigos oculares, Márquez Padilla se arrojó del edificio minutos antes de las nueve de la mañana”.

Esta rapidez seguro no tuvo nada que ver con que la señora Casar trabajara en la Secretaría de Gobernación, como asesora del entonces secretario de gobernación, el panista Santiago Creel Miranda. Tampoco con que el jefe inmediato de Márquez Padilla fuera Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del entonces vocero de la presidencia: Rubén Aguilar Valenzuela, aquel funcionario que traducía al español lo que, según él, intentaba decir el presidente Vicente Fox. Tampoco influyó que los involucrados eran amigos de mucho tiempo y sus relaciones se hacían extensivas a sus hijos.

Yo creo que se debió a que María Amparo Casar sabe tramitar pensiones como nadie más: el marido muere el 7 de octubre. Para el 19 del mismo mes, ya estaba cobrando y sin veredicto ministerial. Además, con versiones que hablaban de suicidio cuando estaba de por medio una averiguación por homicidio. Eso sí es “saber hacer las cosas”.

FOTO: 123RF

Y, aunque parece poco probable que habiendo ingresado al puesto de Coordinador Ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex tan sólo cuatro meses antes, la viuda de Márquez Padilla recibiera una pensión millonaria, así fue.

Y es que la paraestatal siempre ha sido generosa con sus trabajadores. Hasta febrero de este año, se interrumpió la pensión, debido a que no procedía. La muerte de su marido no fue un accidente laboral, sino un suicidio. Ella y sus hijos han cobrado más de 31 millones de pesos a las arcas públicas, porque el dinero de Pemex es de la nación.

Aparte está el cobro del seguro de vida que Pemex tenía contratado con Banorte. El 14 de octubre de 2004, esta institución bancaria ya tramitaba el pago del seguro de vida a la señora Casar por más de 17 millones de pesos. Los mismos fueron entregados a la viuda el 19 de noviembre de 2004.

Por lo que a la fecha María Amparo Casar Pérez y sus hijos han cobrado por el suicidio de Márquez Padilla alrededor de 48 millones de pesos. Si María Amparo Casar y otras personas defraudaron a Pemex, eso lo va a determinar un juez. Por otro lado, aún debemos esperar a ver si el Banco Fuerte de México reacciona y hace algo al respecto.

Sin embargo, sí les puedo decir que la señora Casar defraudó a los mexicanos. Lleva años criticando la corrupción en el programa Primer Plano y en otros medios televisivos, radiofónicos e impresos.

Por si fuera poco, es la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) del multimillonario líder prianista Claudio X González, organización que apoya la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez.

Desde ahí, se ha hartado de criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Exponen más suposiciones que hechos, y apuntan a la supuesta corrupción gubernamental.

María Amparo Casar no puede aventar piedras y mucho menos la primera. Si tuviera decencia, se retiraría como la mujer de la Biblia y no pecaría más. Por supuesto, después de devolver ese dinero malhabido. Y, tal vez, si acepta su culpa no enfrente cargos penales.

Lo que hay que concederle a Casar es demostrar que aún hay corrupción en Pemex. El presidente López Obrador no ha terminado con el huachicoleo en la paraestatal. Aunque casi ha erradicado la succión a ductos, pipas y tanques, este caso descubre el huachicoleo de cuello blanco. Este último involucra políticos y funcionarios públicos, quienes operan al amparo de la corrupción y el influyentismo. Delincuentes que no se manchan las manos con gasolina o diesel, pero que desangran a la paraestatal en efectivo.

Roberto Galindo*

*Escritor; maestro en Ciencias con especialidad en Exploración y Geofísica Marina; maestro en Apreciación y Creación Literaria; licenciado en Arqueología especializado en Contextos Sumergidos; licenciado en Letras Hispánicas; licenciado en Diseño Gráfico con diplomado en Museología

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