En el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, se habría generado un acuerdo para conformar una fuerza policiaca-criminal que estabilizara la situación delictiva en el estado, mediante un grupo predominantemente criminal: La Barredora. Esto habría pasado incluso sin el conocimiento del entonces titular del gobierno estatal, Adán Augusto López. Hasta dónde llega la responsabilidad, tendrá que definirlo la autoridad ministerial

La detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena –exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López– ha traído al debate en algunas mesas de análisis de los medios de comunicación, y en una que otra columna, la tesis de la “pax narca” como hipótesis interpretativa plausible de lo sucedido. En las demás coberturas noticiosas, la interpretación se destina únicamente a las complicidades dentro de Morena con el crimen trasnacional, sin ser capaces de generar un mínimo razonamiento explicativo basado en el conocimiento del fenómeno. Por ello, se alinean servilmente con las acusaciones del gobierno de Donald Trump sobre el actual gobierno de la 4T-4R. Es la debilidad cerebral en todo su esplendor y al servicio de un gobierno hegemonista.

Mi hipótesis interpretativa es que, en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco con Adán Augusto López (2020-2022), se efectuó un acuerdo para conformar una fuerza policiaca-criminal que estabilizara la situación delictiva en el estado, mediante un grupo predominantemente criminal –por ello mismo– denominado La Barredora. No está claro aún si eso sucedió con el conocimiento o anuencia tácita del gobierno estatal, o sólo mediante la Secretaría de Seguridad, entonces al mando de Bermúdez Requena.

En ese segundo escenario viabilizando la posibilidad de estabilizar y/o hacer descender los índices delictivos en el Estado y generar un sexenio superior en resultados al anterior. La intervención federal desde Presidencia de la República por los reportes de inteligencia militar, y lo que reveló la presidenta Claudia Sheinbaum, colapsó esta eventualidad y provocó la separación del cargo y la posterior huida de Hernán Bermúdez Requena. El posible acuerdo de pax narca y la intervención federal para tomar en sus manos la seguridad pública del Estado, permanecieron como temas totalmente reservados en el gabinete de seguridad del presidente AMLO.

La hipótesis de un pacto de “pax narca” significa que desde una instancia de gobierno se pone en juego una política criminal o de combate a la criminalidad bajo un enfoque totalmente heterodoxo en el cual se plantea un acuerdo tácito o explícito con organizaciones criminales para darle cierta estabilidad a un mercado ocupado por la criminalidad en donde se produce y/o distribuye un bien o servicio ilícito en un entorno de acciones y episodios violentos, que dificultan la gestión de la problemática por dicho gobierno, que afecta su imagen nacional y/o internacional y genera o puede generar inestabilidad socio-política, razones por las cuales un gobierno de distintos niveles (local, estatal, federal), opta por una pacto más o menos limitado con alguna o con la más poderosa organización criminal para que con acciones de poder estabilice la situación, defendiendo y promoviendo sus propios intereses de grupo criminal, pero sirviendo con ello también, al gobierno constituido con quien se pactó el acuerdo.

Se trata de un intercambio de ilegalidades que sitúa a ambas entidades, la pública y la privada, en una cierta igualdad de condiciones, pactan al margen del orden jurídico pero obtienen beneficios mutuos, uno, tangibles (la parte privada criminal), el otro, intangibles; la parte que “representa” a la entidad pública, puede lograr también beneficios tangibles, como lo hacía Genaro García Luna “a nombre” de la entidad pública, aunque también él llegó a pagar en millones de dólares ciertos servicios criminales, según testimonios de “testigos protegidos” del gobierno de EUA en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York y en su propio juicio.

Este tipo de pactos tiene muchos precedentes históricos en distintas partes del mundo, primero entre delincuentes ordinarios y cuerpos policiacos dependientes de entidades públicas de la seguridad, comisarías, inspecciones de policía, jefaturas de policía, con el concurso de sus propios responsables oficiales hay muchos registros de ello, y durante el siglo XX en las décadas en que empezó a crecer la criminalidad transnacional vinculada al narcotráfico multinacional y el blanqueo de capital, involucraron también a cuerpos armados intermedios, como policías nacionales, guardias civiles, gendarmerías, o a servicios de inteligencia de Estado, y eventualmente, a ejércitos profesionales a través de diversos miembros de tales instituciones, todo dependía de la situación específica de cada país, región, localidad, y del tamaño y poder de las organizaciones de la macro criminalidad, así como de los mercados ilícitos.

Además, el pacto entre gobiernos y organizaciones marco criminales puede tomar distintos rumbos, es decir, abordar las más diversas materias, un asesinato, una masacre, el robo de recursos públicos, el apoyo para operaciones militares (como la Operación Bajo Mundo entre el gobierno de Harry Truman y la Cosa Nostra en Nueva York, durante la Segunda Guerra Mundial, ante los sabotajes nazis en dicho puerto), pero en el pasado inmediato están los acuerdos hechos con el Mayo Zambada, y Los Chapitos, y otros, tal cual se han conocido recientemente: como acuerdos con la organización más poderosa del crimen transnacional organizado en un  mercado criminal de psico activos ilícitamente distribuidos y comercializados para someter a organizaciones delictivas más pequeñas que pretenden ganar un espacio en tal  mercado a base de acciones violentas o de alto impacto, controlando así los flujos de mercancías prohibidas hacia el mercado, y permitir que la organización más poderosa se lleve “la tajada de león” de los beneficios; o bien, puede “poner” a otras organizaciones o a sus líderes, pero todo, a costa de las otras agrupaciones criminales, no de la estabilidad política del gobierno.

En este caso, la fuerza armada criminal actúa como sustituta de la fuerza pública, suplanta sus funciones con el consentimiento oficial, pero bajo la ilegalidad.

O bien, hacer un acuerdo de este tipo para que funcione mediante una alianza de grupos policiacos y alguna organización criminal preexistente, pero que por sí sola no esté en un estado de fuerza tal que pueda imponerse al conjunto de las demás organizaciones criminales que están provocando problemas al gobierno y desestabilizando la gestión pública, tarea en la cual, le apoyan activamente grupos policiacos, como hipotéticamente considero que fue el caso del gobierno de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López.

En consecuencia, hay diversas modalidades de generar una acción de política criminal que pretenda mediante tales acuerdos regular el mercado de drogas en un determinado espacio físico-geográfico, reducir a su mínima expresión a organizaciones criminales emergentes e imponer la mayor fuerza de una de ellas sobre las demás. La formulación de este tipo de “salida” a la problemática, se han publicitado por distintos medios, no son elucubraciones periodísticas.

En el mes de abril de 2009 -observar, en pleno gobierno de Felipe Calderón- se dio a conocer el contenido general de un documento analítico y propositivo elaborado por la doctora Vanda Felbab Baum, directora del Brookings Institute (American Think Tank), un Centro de Investigaciones en Washington D.C. muy cercano al Partido Demócrata siendo en ese momento presidente Barack Obama, que planteó, que la estrategia hasta entonces seguida en México contra la criminalidad transnacional, claro, dictada desde la Casa Blanca, era “fallida” por ser “reactiva y limitada” y que sólo podría aumentar su eficacia mediante cuatro nuevos ejes que conformarían una estrategia alternativa: el cambio hacia un enfoque de contrainsurgencia urbana, con las tácticas a ella inherentes; la creación de una policía militar con carácter transitorio, es decir, que cumpla tareas específicas y luego se reduzca o desaparezca; mediante una mayor asistencia financiera a México (en la época del Plan Colombia, EUA  invertía 5 mil millones de USD al año); y mediante una regulación criminal en el mercado ilegal de estupefacientes, lo cual se hace a través del grupo delictivo más poderoso, como explicamos antes.

Este planteamiento surgió a consecuencia de que en México durante 2008-2009 vio incrementado el número de ejecutados y la brutalidad de las ejecuciones (cuerpos mutilados, masacres inter criminales), que llevó a la dupla Calderón-García Luna a buscar un pacto criminal de tregua entre las organizaciones delictivas, no para su reconciliación, sino para la formación de un solo cartel trasnacional que dominara todo el mercado, para lo cual se usó como negociador al general Mario Acosta Chaparro, el acuerdo se frustró y unos años después el general fue ejecutado en las calles de la ciudad de México.

García Luna les ofreció 1 millón de dólares a cada organización criminal nada más por asistir al encuentro que se preparaba para noviembre de 2010. La misma Barbie denunció en una carta a la prensa nacional que a él lo persiguieron y encarcelaron porque se negó a entablar tales negociaciones. Está todo detalladamente documentado.

Se trató de un intento fallido de lograr una pax narca sin que renunciaran a su negocio las estructuras criminales, y estableciendo un acuerdo de monopolización del mercado para que el propio acuerdo fuera por sí mismo un poderoso macro factor de regulación por la vía de una distribución equitativa de plazas, rutas y segmentos de mercado entre las organizaciones, que atemperara los indicadores de la violencia criminal, algo parecido a lo que hizo Miguel  Ángel Félix Gallardo al ser detenido y quedar fragmentado el Cartel de Guadalajara luego de la muerte de Enrique Camarena, de la DEA, pero nadie se conformó con lo que le tocó y ambicionó lo del otro, desatando una batalla sin cuartel.

No eran ilusos Calderón y García Luna, querían un acuerdo para los dos años posteriores en lo que ellos salían del gobierno y después que “arda Roma”.

Estas ideas traducidas a la lucha política y a la política de conciliación criminal fueron tomadas en forma distorsionada de la teoría económica, que entiende por regulación la fijación de reglas administradas por una entidad pública para influir sobre la actividad económica por vía de la determinación de los precios, fijando también las condiciones de entrada de nuevos competidores en un mercado, mediante lo cual se fija también la tasa de rendimientos de las inversiones.

A diferencia de los mercados legales regulados de esta manera, aquí las estructuras criminales tienen aseguradas las mega ganancias porque actúan con la venia y protección oficial. De no intervenir el poder público estableciendo nuevas reglas de actuación, se genera un vacío regulatorio al interior en el mercado criminal, y es entonces la lucha a muerte entre las organizaciones delictivas la que establece los términos de la dinámica de mercado, que es lo que sucede habitualmente, es la ley de la selva, y este teorema económico, también aplica a otro tipo de mercados dominados por la criminalidad como los de la inmigración ilegal, Las normatividades jurídicas actúan para regular el tránsito de un país a otro, si eso no existe, o es insuficiente, entonces el problema se desborda y es campo fértil para la acción intimidatoria y amenazante o violenta del crimen transnacional.

La Barredora surgió como un grupo que se escinde del núcleo del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva que tuvo presencia muy fuerte en Guerrero, Acapulco, principalmente, y en municipios circundantes, otro grupo surgido también de este núcleo originario fue el Cártel Independiente de Acapulco, el cual se dividió rápidamente y se conformó un grupo criminal de disputa llamado La Barredora, cuyo líder parecía ser Edgar Valdés Villarreal “la Barbie” quien fue capturado en agosto de 2010 por la PF. Quien funda formalmente esta última organización criminal es Eder Jair Sosa Carvajal “el Cremas”, junto con Christian Hernández Tarín, “el Chris” (detenido el 18 de octubre de 2011), y con Víctor Manuel Rivera Galeana, “el Gordo”, detenido también, el 4 de noviembre de 2011, más de un año después de la detención de Oscar Valdés Villarreal, uno de los sobrevivientes de los Beltrán Leyva.

Otra versión indica que La Barredora es un desprendimiento del grupo formado por Zetas Vieja Escuela, surgido después de la muerte de sus principales dirigentes. Tiene lógica porque La Barredora en su expansión se extiende a Veracruz en donde este grupo controla parte del mercado del huachicol, pero la primera versión tiene consenso hasta hoy.

Ya formado el grupo criminal, se produjo entonces el choque violento con el Cártel Independiente de Acapulco, ambos salidos del mismo tronco originario, y tiene vínculos con el CDS, en el momento álgido de éste, tal confrontación, en primer lugar, es por el control del Puerto de Acapulco. Primero, la Barredora estuvo ligado al CDS y recientemente se informa, al CJNG. ¿Qué sucedió durante ese tránsito?

Hernán Bermúdez Requena es un abogado con orientación profesional hacia las actividades y los cuerpos policiacos desde los 19 años, por tanto, formado en los sótanos de la impunidad y la corrupción, del hampa de las policías mexicanas de la peor época de la seguridad en México, la de la plena integración de la actividad criminal con las estructuras de la administración pública, municipal, estatal y federal.

Esta historia tiene varias fechas significativas, por lo pronto dos con sus respectivas implicaciones: para finales de 2011, La Barredora había sido descabezada; el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco se concreta de enero de 2019 a agosto de 2021, y durante dicho encargo, aceptó ser secretario de Gobernación para el gobierno del presidente AMLO (2021-2023). Antes fue diputado local entre 2007 a 2009 y luego diputado federal en la LXI Legislatura de 2012-2018. En cambio, Hernán Bermúdez Requena, de formación abogado, fue designado como titular de la SSPC de Tabasco, el 11 de diciembre de 2019, es decir, el anterior secretario de seguridad del estado Ángel Mario Balcázar estuvo casi un año en el cargo y renunció y lo sucedió Bermúdez Requena, de quien se conoce, que él y su hermano, ya desde 1999 vendían cocaína en bares y discotecas de Villahermosa, y que tomó cursos en la DEA, según fuentes de inteligencia militar en poder del diario Excélsior (Becerril, julio, 2025)

Dicha información está consignada en el Informe Narcotráfico en Tabasco de 1999, en donde se señala que “los hermanos Hernán y Humberto Bermúdez Requena introducen cocaína al Estado, principalmente en Villahermosa”, señalando que ello fue posible por su contacto con miembros del Cártel del Golfo, a través de Ángel Bosado Granier, luego asesinado. Adicionalmente se informa, que Bermúdez Requena, comandante H, estuvo en la DFS, fue subdirector operativo del Sector Oriente de Policía Judicial de la Ciudad de México, miembro de la Interpol en la PGR, y tomó cursos en la DEA y en el INACIPE-PGR. Durante su encargo como secretario de seguridad, tanto él como su personal de confianza –se comentó en la prensa para ese momento– que traían autos reportados robados. (Ídem)

Su trayectoria en el área policial y de seguridad pública en Tabasco, data de mayo-junio de 1992 cuando fue director operativo de la Dirección General de Seguridad Pública de Tabasco, allí trabó contacto con Adán Augusto López, también abogado y secretario de asuntos jurídicos, y con Jaime Lastra, titular de Seguridad Pública de Tabasco. Es lógica una cierta relación, no sabemos si fue estrecha.

Entre 1992-94 en el gobierno de Manuel Gurría Bermúdez fue director general de seguridad pública de Tabasco, y entre enero de 1995 y enero de 1998 fue director de Readaptación Social del Estado, y en 1999 delegado de Seguridad Pública en Tampico, Tamaulipas, lo que, bajo la lógica de su aparición como narco de la cocaína ese año, facilitó su contacto con el Cártel del Golfo como indica el informe de inteligencia antes citado, pero ya siendo servidor público de cierto nivel.

El maestro Adán Augusto López ex gobernador de Tabasco por medio mandato, se ha contradicho en dos aspectos: a) dijo que cuando llegó a gobernador de Tabasco, “él ya estaba allí” (refiriéndose a Bermúdez Requena), en el aparato de seguridad policiaca sí en años anteriores, en el cargo específico que él le dio, no; b) la afirmación anterior en la forma hecha, sugiere que fue entonces cuando lo conoció, no, lo conoció desde junio de 1992, en el mismo gabinete estatal cuando aún no era narcotraficante, de acuerdo a la información que hemos presentado. O por lo menos ha sido impreciso.

Entonces, el cargo otorgado es su responsabilidad, pero cuando lo conoció no había sospechas sobre su comportamiento ético y honesto como servidor público, lo negativo eran sus antecedentes en las policías que integró, la DFS, la Policía Judicial de la Ciudad de México y su acción dentro de la PGR, pero en ese momento, parecían activos curriculares que le otorgaban idoneidad.

A eso se refiere tal vez la presidenta Claudia Sheinbaum al afirmar que “se fue descomponiendo”. Lo cierto es que cuando Bermúdez Requena llega al gabinete de Adán Augusto ya está vinculado al narcotráfico nacional, si como se afirma, había comprado para revender cocaína al Cártel del Golfo desde 1999 ¿Qué hicieron en tres sexenios los anteriores gobernadores de Tabasco al respecto? Nada. Incluyendo al sucesor interino de Adán Augusto López, Carlos Manuel Merino Campos, durante el periodo del 28 de agosto de 2021 al 30 de septiembre de 2024, éste último, antes fue secretario de gobierno y mantuvo a Bermúdez Requena hasta el final.

Que Adán Augusto gobernador ignorara la conversión de Hernán Bermúdez desde servidor público a narcotraficante, en su caso, y que no haya solicitado ninguna información sobre él antes de nombrarlo -aunque es verdad que nadie lo hacía- sigue siendo su responsabilidad política administrativa. Aquí juega también un rol importante el bajo conocimiento que sobre el fenómeno de la criminalidad trasnacional organizada tienen altos mandos civiles y líderes políticos de la administración pública en todos los niveles, muchos han actuado con complicidad, de acuerdo, pero también con ligereza e ignorancia, son políticos y no todos tienen atributos para el estudio sistemático y el análisis riguroso, ni se rodean tampoco del personal asesor idóneo al efecto, que los conduce a cierta irresponsabilidad.

Decir como afirma Zedryk Raziel en el periódico El País, que Bermúdez Requena creció bajo la sombra de Adán Augusto López no es exacto y sí muy discutible: como establecimos antes, el contacto directo que tuvieron formalmente fue dentro de un gabinete estatal con igualdad de jerarquías, y luego Bermúdez Requena permaneció en las áreas de seguridad y policial y Adán Augusto López fue legislador estatal y luego federal, en este último caso estuvo tres años mucho tiempo, en Ciudad de México. Es decir, el uno, no se separó de la administración pública estatal, y el otro, se fue al poder legislativo, podemos suponer entre ambos contactos esporádicos, pero no el trayecto de uno a través del otro. Durante esa etapa en que Bermúdez Requena se quedó en las policías federales y en el aparato estatal de seguridad y policiaco, es que pudo haber evolucionado en su negación como servidor público de alto nivel, probo, y se ligó al narcotráfico nacional.

La primera vez que se supo de La Barredora en Tabasco fue durante la muerte de varios familiares de uno de los marinos que participó en la persecución y abatimiento de la propia Marina Armada de México a Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009, surgiendo de la fragmentación que se produjo en el cártel liderado por éste último, y en adelante, se mantuvo actuando, acumulando fuerzas silenciosamente, concentrado en el huachicol en los municipios de mayor extracción petrolera, paso de migrantes y cobro de piso, extorsión, que fueron los rubros delictivos mediante los cuales despegaron, su periodo de consolidación fue breve, entre 2019-2021, señalan algunos analistas y periodistas, que correspondería al periodo de la gubernatura de Adán Augusto López, pero un año del mismo, Bermúdez Requena no fue su secretario de seguridad. En adelante, se expanden hasta mediados de 2025, incluso, rebasan las fronteras del Estado y llegan a Chiapas y Veracruz.

Se confundía con otra organización surgida del mismo cártel, llamada Operativa La Barredora que actúa en Guerrero y Puebla, y que está integrada a la estructura mayor del CJNG.

¿Cómo logró controlar la actividad delictiva La Barredora en Tabasco?

La información consignada al respecto es que esto pudo darse mediante la articulación al interior del primer círculo de poder del gobierno del Estado, apoyada con una red de complicidades de altos funcionarios, operadores de nivel intermedio y enlaces interinstitucionales con grados importantes de influencia y diversificación delictiva, y desde luego, con la cobertura oficial, en todo lo cual Bermúdez Requena pudo ser el pivote y eje articulador con un grupo muy cercano de colaboradores.

Esto ha podido prefigurarse mediante las declaraciones del detenido e imputado Ulises Pinto Madera alias “el Pinto”, jefe de escoltas de Bermúdez, que describió una organización criminal empoderada y dominante en el sureste mexicano, la cual comenzó como una alianza entre un grupo de policías y mandos con criminales provenientes del sur de la república, penetrando las instituciones del Estado, expandiéndose y sobreviviendo a distintos golpes represivos de la autoridad federal.

Así, La Barredora mostró tres fortalezas sustantivas: capacidad de penetración, tejido de redes al interior de ellas y diversificación de ingresos criminales, cuyo liderazgo dice Infobae que conforme a documentos filtrados por Guacamaya, recae en Hernán Bermúdez Requena, es el arquitecto de la conversión señalada al tener la capacidad de otorgar plazas en la policía y la SSPC, otorgar nombramientos, asignar recursos diversos, y en general, favorecer la expansión de la organización criminal (24 de julio, 2025).

Hernán Bermúdez y Ulises Pinto formaron “la Hermandad” otros dicen que “el Cártel Policiaco”, con dos operadores clave, Benjamín Mollinedo Montiel, “el Pantera”, que controlaba los municipios más importantes con las células que procesaban el robo de combustible (Huimanguillo, Paraíso, Cárdenas), y Francisco Javier Custodio, “el Guasón” encargado  de la inteligencia del cártel, además, Víctor Juárez “Don Vito” que operaba la articulación en nivel federal, así como Adder Michel Frías que administraba los antros y el cobro de piso, por ello, las finanzas del cártel, vinculados al CJNG, pero hacia 2023, esta estructura es propia y le permitió confrontarse con el Cártel del Golfo, posicionando rutas para el combustible, las drogas y los migrantes, sus rubros del negocio criminal, con toda una estructura operativa, que incluye una red de empresas fantasma para blanquear el dinero ilícito, posibilitando extender operaciones a Chiapas, Campeche y Veracruz.

Dentro de la propia Barredora, se integraban grupos diferenciados convergentes, como “Los Panteras”. Es decir, La Barredora estaba en proceso de convertirse en una organización criminal regionalizada, no era y no es una organización de extensión territorial nacional. Es un fenómeno estrictamente estatal articulado a la administración pública, especialmente a la SSPC totalmente criminalizada en su funcionamiento, pasó a ser una avanzada criminal, no una institución de servicio público para la seguridad ciudadana.

En Tabasco actuaban también el propio CJNG con la mayor presencia en el Estado, por tanto, La Barredora era la segunda fuerza criminal en el Estado, también el CDS con presencia en Jonuta, Cárdenas, Emiliano Zapata y Tenosique; y Pura Gente Nueva, operando en Huimanguillo, Cárdenas, Paraíso y Comalcalco, según informa, Ale Huitrón de Infobae (17 de julio, 2025), conforme a los estudios de Víctor Manuel Sánchez Valdés de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Ahora: ¿nadie detectó la imbricación criminal de dos décadas por lo menos? ¿a quién le vendieron la idea de un pacto gobierno-criminalidad como medio de estabilización de los mercados criminales y de la situación política del Estado que obviamente operaría Hernán Bermúdez? ¿Ésta se produjo o hablamos más bien de una captura del gobierno desde su SSPC? ¿los últimos tres gobiernos estatales ignoraron del todo la situación o la toleraron y participaron en ella?

La hipótesis del conocimiento del presidente de la república de una parte de la trama criminal en Tabasco, se solidifica ante la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el presidente AMLO solicitó la remoción del secretario Hernán Bermúdez Requena en enero de 2024, y durante todo el gobierno de Adán Augusto López mantuvo en sus manos la seguridad del Estado desde el gobierno federal, ante lo cual, siguió diciendo, que revelará cómo es que el gabinete de seguridad del gobierno anterior se da cuenta que Bermúdez Requena está involucrado en hechos criminales, que es en diciembre de 2023, cuando el presidente solicita que se retire del cargo y se le investigue, y se retira del cargo a dicho funcionario en enero de 2024, y poco después, huye de México, comentó (Proceso, 19 de septiembre, 2025).

¿Qué sugiere desde nuestra perspectiva la eventualidad de un pacto fáctico gobierno-criminalidad a través de la SSPC?, la oscilación, pero también, estabilización y caída de los índices de criminalidad durante cuatro años, que es uno de los objetivos que se persiguen con ellos: en el índice que presenta INEGI de “Prevalencia delictiva en hogares” para el caso de Tabasco, el momento álgido fue en el año 2017 con 40.7 hogares que tuvieron por lo menos una víctima de delito; cayó en 2018 a 37.0, en 2019 cayó hasta 28.7, en 2020 volvió a crecer a 32.8, en 2021 descendió muy brevemente a 38.5, desciende nuevamente a 27.8 en 2022 y crece un poco en 2023 a 29.4 del total de hogares tabasqueños encuestados en donde se había producido una víctima por lo menos en cada familia en Tabasco.

Ahora la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en el Estado: en 2017 eran 45 mil 504, altísima, en 2018 descendió a 36 mil 546, cayó nuevamente en 2019 a 32 mil 148, nuevamente ascendió en 2020 hasta 36 mil 177 cuando sólo regresó a su nivel anterior; luego en 2021 se mantuvo en 35 mil 677, y cayó en 2022 hasta 30,798, igualando la tasa de 2015, la más baja en el período (INEGI, ENVIPE, 2024).

De lo anterior se desprende y se entiende que la percepción de inseguridad tuvo su más alto nivel en 2020, con el 68.1 por ciento de personas que se sentían inseguras o mayormente preocupadas, y descendió al año siguiente a 60.7 por ciento (ídem). Descendieron también los porcentajes de homicidios, robo de vehículos, y otros, hoy sabemos todo esto, en tanto la Barredora se fortalecía y expandía incluso a otros Estados, ya que ello permitía una magnifica cobertura a su accionar delictivo, es decir, lograba engañar, al grado de que la presidenta afirma al respecto, que por esa razón, “no había ningún elemento con sustento que pudiera informarse que estuviera involucrado en algún grupo delincuencial”. (Ídem)

Sin embargo, al ser el CJNG la primera fuerza criminal en la entidad, tal pacto tiene que haber sido parcial, más bien, para dar cobertura a la alianza policiaca-criminal integrada en La Barredora y administrada por Bermúdez Requena, o bien, el líder real de dicho pacto a través de la SSPC era el propio CJNG, liderazgo disimulado por La Barredora que en realidad es parte de la estructura del CJNG en Tabasco, acuerdo y dinámica que la intervención presidencial rompe.

Luego de ser retirado del cargo, el funcionario huye, y poco después el gobierno actual presenta pruebas de su actividad delictiva. Agregó que la FGR “tiene que informar si es cierto lo surgido respecto de un testigo colaborador que señala que Bermúdez Requena como negociador con el crimen organizado para evitar disturbios en la elección en la que resultó ganador Adán Augusto López”. Por ello, ahora todo está en manos de la Fiscalía y no hay nada hasta hoy que incrimine al exgobernador Adán Augusto López.

Ahora bien: la violencia en Tabasco y que explica las oscilaciones al alza y a la baja de los indicadores delictivos, es producto de la confrontación por el control de los mercados ilícitos en el Estado y para consolidar el control de La Barredora en ellos, ante la resistencia de los integrantes del Cartel del Golfo en Tabasco, y luego, ante la remoción y posterior huida de Hernán Bermúdez Requena, el enfrentamiento toma nueva fuerza, debido a la voluntad del hoy en prisión Ulises Pinto Madera, ex jefe de escoltas del antes mencionado, de entregar tal dominio al Cartel Nueva Generación (CNG) al mando de Daniel Hernández Montejo, el Prada o el Chichirria”, hoy prófugo, se revitaliza la resistencia del Cartel del Golfo (CG).

Así, para ceder el control de la plaza al CNG, logran  la adhesión del brazo armado de La Barredora, el liderado por Efraín Luna Oliva, “alias el 50” o “el Tostón”, quien actuó a su servicio durante los años de 2022-2024 (El Informador.MX, septiembre de 2025).

Tabasco, con la inmensa inversión hecha en la refinería de Dos Bocas, se ha vuelto doblemente un espacio de la Seguridad Nacional, de allí la intervención del Ejecutivo Federal el pasado sexenio, cuando los informes de la inteligencia señalaron a Bermúdez Requena como alto funcionario integrado a la macro criminalidad transnacional, pero también emerge otra hipótesis plausible: La Barredora no ha sido un cártel independiente, sino una organización aliada o parte de la estructura criminal del CJNG, éste como la fuerza más poderosa del Estado, sí pudo haber sido objeto de algún pacto criminal promovido, operado, administrado y disimulado por Hernán Bermúdez Requena.

Ya detenido en México éste último personaje todo está por suceder.