Han pasado 12 años de la ejecución extrajudicial del activista estudiantil de la UNAM Carlos Sinhué Cuevas Mejía. Las investigaciones avanzan muy lentamente y, por largos periodos, se detienen por completo. La tenacidad de Lourdes Mejía Aguilar, madre de la víctima, mantiene vivo el caso. Los avances son resultado de su insistencia, su entrega a la búsqueda de justicia; y del acompañamiento y solidaridad que ha recibido de colectivos y abogados honestos.

No se sabe aún quiénes son los perpetradores intelectuales y materiales del asesinato. A 12 años, sin embargo, el caso ha revelado hechos que trascienden el profundo dolor que el crimen causó entre familiares, amigos y compañeros de Carlos. Hay evidencias sólidas de que se trató de un crimen de Estado, por la participación de agentes vinculados a instituciones gubernamentales, y de la operación al interior de los campus de la Universidad de una red encubierta de espionaje y contrainsurgencia.

Los más recientes hallazgos del expediente dan cuenta de una operación no sólo para consumar el asesinato: también para enmarañar el caso, destruir evidencias, sembrar pruebas falsas y encubrir a los perpetradores. En suma, para que el caso nunca fuera resuelto.

De las tropelías más recientemente adveritidas, asentadas en el expediente abierto, destaca la detención de dos sospechosos en Ciudad de Universitaria luego del crimen. Integrantes de la propia comunidad estudiantil identificaron a dos personas que acosaban a Carlos Sinhué previo al asesinato y que se hacían pasar por estudiantes para estar presentes en las asambleas.

Alumnos y alumnas retuvieron a los señalados para entregarlos a las autoridades. Lo retenidos lucían tatuajes con motivos nazis. No pudieron acreditar su pertenencia a la Facultad de Filosofía y Letras –de la que supuestamente eran alumnos–.

Ahora se sabe que los efectivos policiacos que se presentaron a realizar la detención formal, elementos de la policía capitalina, no fueron los que finalmente firmaron y dieron testimonio de los hechos ante las autoridades ministeriales y judiciales. Con dolo se violó el debido proceso y se “perdió” información sobre las actividades reconocidas de estos personajes.

Tales irregularidades permitieron que estos sospechosos obtuvieran su libertad y que las investigaciones que apuntaban a una red de infiltrados en las actividades políticas de la Universidad quedaran estancadas.

En la obstaculización de las investigaciones también destacaron las autoridades de la UNAM. Cuando las investigaciones requirieron de las comunicaciones del entonces jefe de Vigilancia UNAM, Jesús Teófilo Licona Fierro, éste respondió que no usaba teléfono móvil. Así, fácil. Y, en su momento, la Fiscalía quedó conforme con esa respuesta.

Un video da cuenta de los últimos momentos con vida del activista. Una cámara del entonces C4 capturó el momento en que ese 26 de octubre de 2011, después de las 23:10 horas, el universitario descendía del transporte público, cerca de su domicilio, en Topilejo, Tlalpan. Enseguida descendieron otros tres hombres. Fuera de foco ocurre el asesinato, cometido con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, como está asentado en el expediente de investigación.

El estudiante y activista universitario cayó abatido por el impacto de 16 balazos de dos armas cortas de calibres .45 y 9. En la grabación queda claro que una patrulla atestiguó el ataque, sin que lo reportara. El mismo vehículo, luego del asesinato, de acuerdo con la información de su GPS, dio un rodeo para regresar al lugar de los hechos. Y presentarse como si apenas se enterara del suceso. En bitácoras se revela que un efectivo del Ejército acudió al lugar de los hechos.

Carlos Sinhué Cuevas Mejía fue asesinado durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando las ejecuciones extrajudiciales contra activistas, defensores de derechos humanos, indígenas y del medio ambiente se multiplicaron en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico. A la fecha, y de acuerdo con información del Colectivo Nos hacen Falta, suman 96 personas integrantes de la comunidad universitaria muertas violentamente o desaparecidas desde 2002. La gran mayoría, durante el calderonato y el peñismo.

También en el expediente se advierte la presencia de un sujeto que sería identificado como policía vestido de civil. Se trata del elemento Carlos Segura Chávez, quien declararía que su área de operación eran el edificio de la calle de Liverpool, en la Zona Rosa. Su bitácora nunca fue entregada a las autoridades porque, se pretextó, se perdió en una “inundación”.

Previo al asesinato, Carlo Sinuhe fue víctima de una campaña de acoso, seguimiento y amenazas anónimas. Incluso comenzó a llevar un registro de tales acciones. Padeció siete campañas de desinformación en su contra.

Carlos fue activista desde la huelga estudiantil de 1999-2000 contra la imposición de cuotas en la UNAM. Antes de su asesinato, se solidarizó con la lucha de los triquis de San Juan Copala por la autonomía. También participó en la exigencia de justicia para las víctimas del Operativo Fénix, un ataque ilegal efectuado por el Ejército de Colombia, en territorio ecuatoriano, contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como se recordará, en el lugar se encontraban estudiantes mexicanos que habían acudido a un encuentro. Entre los asesinados se encontraba Fernando Franco Delgado, amigo de Carlos.

Poco se avanza para dar con los autores de este crimen. Pero las investigaciones ya han arrojado evidencias de encubrimiento, al menos, por negligencia; y la existencia de una red de infiltrados que operó a sus anchas, al menos, durante el rectorado de José Narro.

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