La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó una crisis estructural en las residencias médicas de México, caracterizada por precarización laboral, jornadas extenuantes, violencia de género y una ambigüedad jurídica que coloca a las y los médicos residentes en una doble condición de estudiantes y trabajadores.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, durante la presentación del Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas médicas residentes en México señaló que las condiciones en las que se forman miles de especialistas repercutían tanto en sus derechos humanos como en la calidad de los servicios médicos que recibe la población.

Sostuvo que no podía fortalecerse el sistema de salud si quienes lo sostenían en guardias, urgencias y quirófanos enfrentaban condiciones que vulneraban sus propios derechos.

La dualidad jurídica de las personas residentes había generado un escenario de desprotección. Aunque se encontraban en proceso de formación académica, también realizaban labores indispensables para la operación cotidiana de clínicas y hospitales.

De acuerdo con la CNDH, esta situación se relacionaba con riesgos propios de la formación médica, precarización laboral, violencia de género y agotamiento físico y emocional, factores que tenían efectos en la salud de las propias personas residentes.

Entre los avances reconocidos por el organismo estuvo la decisión anunciada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en febrero pasado para eliminar las guardias mayores a 24 horas y las guardias para personas médicas en formación.

Piedra Ibarra consideró esta medida un avance relevante en materia de derechos humanos. Señaló que entre 2020 y 2025 se duplicaron las plazas para residentes de primer año, mientras que el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y Bienestar incrementaron la contratación de personas especialistas egresadas de las residencias médicas.

Durante la presentación, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, directora general encargada de la Sexta Visitaduría General de la CNDH, explicó que el informe surgió a partir de los casos de personas médicas que se acercaron al organismo.

Reyes Sahagún señaló que las conclusiones del informe identificaron una crisis estructural derivada, según el análisis de la CNDH, del desmantelamiento histórico de los servicios públicos de salud. Por ello, planteó la necesidad de actualizar la normativa y establecer mecanismos claros de corresponsabilidad y supervisión entre las instituciones de salud y académicas.

La CNDH concluyó que la transformación de las residencias médicas requería una intervención de largo plazo y la participación de instituciones de salud, centros de formación académica, poderes públicos y las propias personas residentes.

Planteó fortalecer los canales de denuncia, consolidar la reducción de las jornadas de guardia, avanzar en las reformas legislativas pendientes y actualizar los programas y convenios entre las instituciones educativas y de salud.

Finalmente, la CNDH informó que daría seguimiento a las sugerencias de buenas prácticas planteadas en el informe y a su implementación por parte de las autoridades competentes.

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