Información del Centro Nacional de Inteligencia revela que al momento de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero tres organizaciones criminales se disputaban el control del tráfico de drogas a Estados Unidos, en especial el corredor Acapulco-Cuernavaca: Guerreros Unidos, Los Rojos y la Familia Michoacana. Los datos se encuentran contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad, en el que también se advierte el papel estratégico de esa entidad federativa en el narcotráfico, en especial en la producción de amapola y goma de opio
Segunda parte. Informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –antes Cisen– revelan la disputa que sostenían tres cárteles del narcotráfico en Guerrero, al momento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, aquella noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Se trata de Guerreros Unidos –grupo criminal al que se le achaca parte de la responsabilidad en ese crimen de Estado– y de sus enemigos Los Rojos y la Familia Michoacana.
Los datos fueron entregados por el CNI a la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y están contenidos en el informe con conclusiones preliminares que se publicó el pasado 18 de agosto. Al respecto, se abunda que esas tres organizaciones criminales mantenían una lucha por el control territorial del corredor Acapulco-Cuernavaca.
De acuerdo con la información de inteligencia, Guerreros Unidos mantiene control territorial al norte de Guerrero, en ocho regiones: Chichihualco, bajo el control de Isaac Navarrete; Zumpango del Río y Mezcala, bajo el mando de El 9; el área de Tuliman, Atenango del Río y Copalillo, controladas por Walter Deloya; Ciudad de Huitzuco y Tepecoacuilco de Trujano, donde opera Choco Palacios y May–Cholo–Tilos; Iguala, donde en un área no se identifica al líder y en otra se señala que el mando lo tiene el Gil; Ciudad Apaxtla de Castrejón, Los Sauces y Teloloapan, controladas por Beba; y Tlamacazapa y Buenavista del Cuéllar, bajo el mando del Charal y el Churros.
Acerca de esa región norte del estado –que incluye al municipio de Iguala donde ocurrieron los hechos de violencia que derivaron en la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales–, los análisis de inteligencia la identifican como “punto estratégico para la producción, acopio y trasiego de goma de opio, la cual es enviada hacia distintos puntos del país y el extranjero para su procesamiento y venta”. También refieren que, por su ubicación geográfica, forma parte del corredor Acapulco-Cuernavaca.
Lucha encarnizada entre Guerreros Unidos y Los Rojos
En el centro de la disputa siempre se mantiene la producción y trasiego de drogas, pero también otros negocios criminales como la extorsión. Por ejemplo, un hecho relevante en la lucha encarnizada entre Guerreros Unidos y Los Rojos –que destaca el reporte y que sucedió previo al crimen de Estado– fue la captura de la población de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, ese municipio “reviste una importancia estratégica para el crimen organizado: por su territorio atraviesan importantes vías de comunicación a la zona serrana donde se siembra y se cultiva la amapola. A la par, forma parte del corredor Acapulco-Cuernavaca, fundamental para el trasiego y distribución de narcóticos hacia el centro del país”.
Además, en Eduardo Neri se ubica el llamado Cinturón de Oro del Río Balsas o Proyecto Media Luna, que es un programa de extracción de oro, plata y cobre que incluye los yacimientos mineros de Los Filos-El Bermejal, en Carrizalillo. Y se extiende hacia Los Veneros, en Mezcala; y Los Guajes, en El Limón.
El análisis del CNI apunta que la actividad económica generada por la explotación de los millonarios yacimientos mineros convirtió a dicho corredor minero Xochipala-Mezcala-Carrizalillo en un “centro de disputa” entre los cárteles. Aunque Los Rojos habían tenido el control territorial de Mezcala y Carrizalillo y una fuerte presencia en Chilapa y Tixtla, el “equilibrio se rompió con la incursión, en junio de 2014, de una célula de Guerreros Unidos a la comunidad de Carrizalillo, obteniendo el control de los recursos, incluidas las ganancias obtenidas por los ejidatarios por la renta de sus tierras a las empresas mineras asentadas en la región. Dicho control en Carrizalillo se mantenía por parte de Guerreros Unidos al momento de la desaparición de los 43 estudiantes”.
Ello, aunado a que en abril de 2014 el líder de Guerreros Unidos –Mario N, alias el Sapo Guapo– fue detenido presuntamente “con la complicidad de Los Rojos”, ha derivado en la hipótesis de que Guerreros Unidos “podía estar esperando una represalia o contraofensiva por parte del mencionado grupo criminal en su principal centro de operaciones: Iguala”.
Y esto, indica el documento, “provocó una serie de reposicionamientos y disputas al interior y exterior de Guerreros Unidos”. Con base en el análisis de narco-mensajes y narco-comunicados que se emitieron en esas fechas tanto en Iguala como en Eduardo Neri, el informe distingue “mecanismos de desgaste, traición y violencia en los que pueden haberse circunscrito los hechos del 26 de septiembre; incluido el hecho de que una parte significativa de Guerreros Unidos habría adjudicado a Los Rojos la detención de su líder”.
Los Rojos y la Familia Michoacana
El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta de que la organización de Los Rojos surgió como escisión del Cártel de los Beltrán Leyva. Su nombre, se indica, hace referencia al primer líder de la organización, Jesús Nava Romero, alias el Rojo. Éste fue lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva –el Barbas– y estaba encargado del corredor de Chilpancingo – Cuernavaca. Nava Romero murió en el operativo que encabezó la Secretaría de Marina en Morelos, en 2009, en el que también fue abatido Beltrán Leyva.
Los datos de inteligencia señalan que tras una serie de cambios en el liderazgo, que incluye las ejecuciones del cuñado del Rojo, Crisóforo N –Bocinas– y de José N –Don Che– así como de las detenciones de María del Carmen N y Leonor N –Tigre o Garra–, en septiembre de 2014 el líder era Zenén N –el Chaparro–, mientras que en Guerrero sus segundos al mando eran Cándido N –Japo– y Omar N –el Niño Popis–; y en Morelos era Santiago N, conocido como el Carrete.
Respecto de la Familia Michoacana, que es el otro cártel en disputa en esa región, se afirma que surgió en Michoacán en 2006, bajo el liderazgo de Nazario Moreno González, el Chayo, abatido en 2015; y José N, el Chango Méndez, detenido en 2011. Antes de conformar a La Familia, ambos fueron integrantes de La Empresa, grupo delictivo afín al Cártel del Golfo.
“En 2011 experimenta una escisión de la cual surgen Los Caballeros Templarios, dirigidos por Enrique N, Kike Planearte, y Servando N, la Tuta, lo que ocasionó que disminuyeran su presencia en varios estados”. Otro dato que se proporciona es que La Familia Michoacana se replegó hacia el Estado de México y Guerrero.
Tras la detención del Chango Méndez, el liderazgo fue asumido por José N, el Pony, “quien delegó la zona de Guerrero y límites del Estado de México a sus lugartenientes: los hermanos Bartolo N, el 5-5 (ejecutado); y Felipe N, el F (detenido).
“El Pony asignó el control de esa zona a los hermanos Johnny N, el Pez, y José N, la Fresa, quienes al momento de la desaparición de los estudiantes y hasta la actualidad mantienen el liderazgo. Dicha organización delictiva mantenía presencia en Tierra Caliente y en el norte de Guerrero, su principal fuente de financiamiento es el secuestro, la extorsión, el bandidaje y los delitos de alto impacto”.
Guerrero, estratégico para cultivo y tráfico de drogas
Otro aspecto que aborda el informe de la Comisión de la Verdad es el del papel que juega Guerrero en el cultivo y tráfico de drogas ilegales –sobre todo con destino a Estados Unidos–, situación que vuelve a esta entidad federativa en un territorio estratégico para el crimen organizado.
Al respecto, apunta que “la orografía de la entidad, atravesada por la Sierra Madre del Sur, junto con su clima, permiten que amplias extensiones de la superficie estatal sean utilizadas para el cultivo de amapola, lo cual hace que la entidad se ubique como uno de los principales productores de opio a nivel nacional.”
El documento señala que, históricamente, “Guerrero es una de las entidades con mayor presencia de organizaciones dedicadas a la producción y/o tráfico de estupefacientes. Así, no es casualidad que, de acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, Guerrero fue el estado con mayor número de hectáreas de erradicación de amapola, representando el 35 por ciento a nivel nacional”.
A la entidad se le ubica también como una de las que presenta mayores índices de inseguridad y violencia a nivel nacional, debido a diversos factores: “algunos de ellos íntimamente vinculados al tráfico de drogas, como la disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas de trasiego de droga de la costa del Pacífico hacia el centro del país. Otro elemento a considerar es la inexistencia, desde hace varios años, de organizaciones delincuenciales con hegemonía en el control de los recursos y las actividades criminales, situación que genera una permanente lucha entre distintos grupos”.
Sobre este punto, recuerda que para 2013 se había documentado la presencia de hasta 26 agrupaciones delictivas en el estado, “varias de las cuales surgieron como resultado del desmantelamiento del Cártel de los Beltrán Leyva, después de que sus principales líderes fueran abatidos o capturados en 2009 y 2010”.
El informe de la Comisión de la Verdad también destaca la coexistencia de organizaciones criminales con actores muy diversos que inciden en la vida política y social de la entidad, como factor que añade complejidad e incentiva el surgimiento de episodios de violencia en Guerrero.
Dentro de dichos actores menciona: “autodefensas, policías comunitarias, policías rurales, grupos guerrilleros –Ejército Popular Revolucionario (EPR), Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP)–, así como grupos sociales como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)”.
Asimismo, se indica que el estado presenta altos niveles de pobreza y marginación, debido a su geografía, la falta de infraestructura, la profunda desigualdad en la distribución del ingreso, la carencia de servicios básicos en amplias zonas de la entidad, entre otros factores.
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