“La desaparición de los 43 estudiantes de la [Escuela] Normal [Rural Raúl] Isidro Burgos, de Ayotzinapa [Guerrero], la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, señaló esta tarde Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Al presentar las conclusiones preliminares de la investigación ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador –misma que se mantiene abierta–, indicó que se confirma que “al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes”. Asimismo, “que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
El también titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa explicó que “existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están llevadas a cabo en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes”.
Aclaró que se trata de autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina. No obstante, aseguró que entre las autoridades presuntamente responsables no se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto.
El subsecretario remarcó que “la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”.
Desde Palacio Nacional, Encinas Rodríguez dijo que “autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
Afirmó que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes normalistas y el grupo delictivo Guerreros Unidos durante los hechos. Asimismo, expuso que “tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar”.
Entre las conclusiones preliminares, detalló “que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición. Y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.
Agregó que “en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio”, y “que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y ‘halcones’ a partir de un mando central y al menos tres células de ‘halcones’ y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado”.
El subsecretario reveló que con esta investigación se confirma: la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531; la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa; el traslado del autobús EcoTer sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.
Sobre esto último, acotó que la información recuperada indica que se establecieron por lo menos 16 retenes en el perímetro de Iguala en todas sus salidas: a Cocula, a Chilpancingo, a Cuernavaca, a Tepecoacuilco, a todo el perímetro, a Taxco. “Nunca fue detenido este camión donde presuntamente, como algunos de los mensajes señala, se presume se recuperó la mercancía, y la mercancía es o droga o dinero”.
Encinas Rodríguez señaló que también se “confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, lo cual era su obligación”. Previamente, el funcionario había detallado que “este soldado, López Patolzin, estaba bajo el mando del teniente de Infantería, Marcos Macía Barbosa, del 27 Batallón. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció, junto con los otros estudiantes, sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que, de haberse aplicado, hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”.
Respecto del paradero de los 43 estudiantes normalistas rurales, señaló que es necesario continuar su búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Cocula; en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriano, en Iguala, y en las inmediaciones de Tepehuaje.
El funcionario reiteró que la investigación de la Comisión de la Verdad, así como de coadyuvancia con la Fiscalía Especial y con el GIEI continúan, al igual que la búsqueda de los estudiantes. “Corresponde a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa el análisis de la información aquí proporcionada y, en su caso, proceder a su judicialización”.
Añadió que la instrucción del presidente de la República es que no se solape ningún abuso, violación a los derechos humanos ni injusticia alguna. “Todos los responsables deberán ser castigados”. Además, anunció que partir de hoy el informe presentado y sus anexos son de carácter público, lo que abre al escrutinio el trabajo de la Comisión de la Verdad y también busca propiciar que otras personas que cuenten con información en beneficio del esclarecimiento de estos deleznables hechos.
“Verdad histórica”
Al referirse a la mal llamada “verdad histórica” que presentó en octubre de 2014 el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, Alejandro Encinas señaló: “de acuerdo a la información que hemos recabado, que hemos analizado, la verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder que se funda, primero, en la llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala, en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personajes que fueron liberados por ellos por un juez en Tamaulipas, en dos diligencias firmadas por una ministerio público federal que se encontraba en el mismo lugar y en la misma hora en Guerrero y en la Ciudad de México, y en la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula”.
Lamentablemente, dijo el subsecretario, “esta versión no sólo derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda, sino que generó vicios y deficiencias, y se configuraron al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada donde concurren: privación de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupo de personas que actuaron con el apoyo y consentimiento del Estado, y la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades que llevaron a cabo la construcción de esta falsa verdad, que lo pretendía era legitimar socialmente hechos, alterándolos, y que privilegió una lógica jurídica ajena al enfoque de derechos humanos, manipulando el sistema de procuración de justicia”.
Al respecto, detalló que hay dos evidencias muy claras de ello: “son los actos de tortura cometidos, por lo menos hasta ahora acreditados a 77 personas por funcionarios públicos de distintas áreas de gobierno, y que privaron a su libertad. Esto ha quedado plenamente acreditado con las 50 horas de videos que entregó el Centro Nacional de Inteligencia de la Fiscalía. Dos de esos videos son públicos, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación. Pero también los sobrevuelos de drones, los videos de los sobrevuelos de drones que la Secretaría de Marina entregó y pasó la intervención de autoridades en el basurero de Cocula y que ha sido ampliamente analizado por el GIEI y que fue presentado en su último informe”.
Informe a los padres y madres
Previo a la conferencia, los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas fueron informados a detalle de estas conclusiones preliminares. A éstos se les informó de la reconstrucción de los hechos, dijo Encinas Rodríguez. Acerca de esta reconstrucción de hechos, expuso que se retomó mucho del trabajo que ya se había realizado, particularmente por seis instituciones: Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía del estado de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el GIEI, el Centro Prodh, la propia “verdad histórica”, los testimonios, los análisis de comunicaciones y análisis de mensaje de personas claves.
El subsecretario dijo que “los sitios y escenarios donde se dieron todos los hechos fueron evaluados y revisados de nueva cuenta, y junto con ello logramos construir, reconstruir la red de llamadas telefónicas que se presentaron entre el 26 y el 28 de septiembre después de analizar 87 millones de registros en expedientes que nos permitieron depurar una base de 84 mil registros para el periodo en que ocurrieron los hechos violentos del 26 al 28 y ubicar 17 mil números diferentes que estuvieron participando en las operaciones de ese día”.
Aseguró que con ello se demuestra “toda la red de vínculos que se estableció entre el grupo delictivo y autoridades de distintos órdenes de gobierno. Y esto muestra con toda claridad cómo fueron operando en todo el proceso de persecución, captura y desaparición de los muchachos. Junto a ello, hemos tenido acceso a 467 capturas de pantalla que nos ha permitido reconstruir 37 conversaciones de cinco números telefónicos distintos entre 36 actores que participaron en los hechos, y que se refieren a 35 personas adicionales”.
Explicó que dichos mensajes “fueron objeto de un análisis técnico y de contexto sobre sus contenidos, personajes y ubicaciones en tiempo, lugar y circunstancia, cotejándose con testimonios, documentos, llamadas telefónicas y declaraciones ministeriales y judiciales, a fin de corroborar la información proporcionada. Es un esfuerzo técnico de información que llegó directamente a la comisión y que hoy hemos entregado formalmente a la Fiscalía General de la República, quien tiene, además de las facultades y competencias legales para hacerlo, las capacidades periciales e institucionales para valorar la veracidad de estos datos, porque son mensajes que nos abren nuevas líneas de investigación que facilitan el rompimiento del pacto de silencio, permiten ratificar la corresponsabilidad de distintos actores que participaron en la desaparición y estamos convencidos, por el cruce de llamadas, de estas llamadas, en 98 casos hemos logrado tener los metadatos de la misma coincidiendo con las fechas, hemos cruzado los mensajes con la red de llamadas telefónicas en horario y número telefónico que validan gran parte de estos mensajes y que esperemos pronto esté judicializada plenamente la información”.
Encinas Rodríguez aseguró que la reconstrucción de los hechos que se expuso a los padres y madres de los 43 estudiantes va “desde la salida de los estudiantes de la Normal a Chilpancingo, Tierra Colorada y la escisión a Iguala, el traslado y llegada a Iguala Rancho del Cura y central de autobuses, la salida de la central de autobuses e inicio de la violencia y los actos de desaparición”.
Con estos datos, afirmó “se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”.
Acciones de búsqueda
Al referirse al trabajo de campo, Encinas Rodríguez explicó que hasta la semana pasada en total se habían realizado 101 acciones de búsqueda de los 43 estudiantes en siete municipios de Guerrero, que han representado 675 jornadas de trabajo. “Es decir, de los tres años y medio que llevamos en el gobierno, en los 50 por ciento de esos días ha habido búsquedas en campo, en la sierra de Guerrero, en algunos lugares de distintas entidades, donde en estas acciones hemos tenido 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y prendas de vestir, y numerosos restos óseos”.
Sobre los restos óseos, indicó que se trata de más de 1 mil los que se han recuperado en campo. De éstos, “32, por sus condiciones favorables, fueron remitidos al Laboratorio de Investigación Genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, los cuales nos han podido confirmar científicamente, con una actividad de 99.9999 por ciento, así lo dice el resultado de Innsbruck, la identidad de tres de los estudiantes, que ustedes tienen la información ya con anterioridad. Se han enviado más restos, pero no se ha encontrado material genético suficiente para lograr su identificación, por lo cual se buscará, junto con el laboratorio de Innsbruck, otro sistema de identificación, que por lo menos nos permita conocer el grupo familiar al que pertenecen los restos que no tuvieron el ADN suficiente”.
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