Más de 4 millones de derechohabientes del Infonavit enfrentan deudas impagables –debido a actos de corrupción, fraudes inmobiliarios y un sistema crediticio atado al salario mínimo, que ocasionó que las sumas originalmente otorgadas crecieran de forma desproporcionada–, de los cuales la mayoría entrarían a un esquema de reestructura y, algunos, los más afortunados, de cancelación. Los testimonios de esos créditos desproporcionados revelan el tamaño de las crisis familiares causados. El costo humano refleja años de malas prácticas y de desprotección institucional bajo gobiernos neoliberales, mientras los afectados luchan para saldar sus deudas
El 28 de noviembre de 2002, Carlos Salazar –originario de León, Guanajuato– obtuvo un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con garantía hipotecaría, por de 224 mil 238 pesos, para la adquisición de un inmueble en la misma entidad. Hasta 2005 se mantuvo pagando sin atrasos las mensualidades vía nómina. Poco después fue despedido de su trabajo, y se retrasó con los pagos durante un año. Solicitó entonces una reestructura con el Infonavit y obtuvo una prórroga para aplazar los pagos mientras estuvo desempleado.
Un año después consiguió empleo y pagó de manera continua hasta 2011, con descuentos vía nómina (mensualidades de alrededor de 3 mil 360 pesos). Su crédito estaba ligado a 175 mil veces salario mínimo mensual (VSMM), por lo que la cantidad a pagar aumentaba conforme a las modificaciones del salario mínimo cada año.
A finales de 2011, nuevamente quedó desempleado, y comenzó a pagar de forma irregular. “Empiezo a pagar, como quien dice, 3 meses sí, 2 meses no, y así. Se me fueron juntando también con las mensualidades vencidas”. En 2013 firmó una nueva reestructura; sin embargo, al no contar con un trabajo seguro pagó de manera irregular hasta 2015. Ese año, el señor Salazar recibió una notificación judicial. El 30 de noviembre de 2015, firmó un convenio en el que se estipula debía 590 mil 278.90 pesos ante el Infonavit por los atrasos en sus pagos.
De manera desglosada, el convenio estipulaba que su deuda corresponde a: 518 mil 25.99 pesos por concepto de saldo insoluto del crédito; 70 mil 219.90 pesos por intereses ordinarios devengados y no pagados; y 2 mil 33.02 pesos por intereses moratorios y no pagados.
Asimismo, estableció que el Infonavit condonaba los intereses moratorios, por lo que la deuda se reducía a 276.0370 VSMM, es decir, 588 mil 245.89 pesos, que deberá pagar de dos formas: a) régimen ordinario de amortización: mientras el acreditado se encuentre vinculado por una relación laboral deberá pagar amortizaciones mensuales y consecutivas equivalentes a 2 mil 305.79 pesos; o b) régimen especial de amortización: si el acreditado no tuviera una relación laboral o no esté vinculado al régimen de Ley del Infonavit deberá pagar una cuota mensual de amortización especial equivalente a 2 mil 693.42 pesos.
En 2015 retomó sus pagos mensuales. Aunque tuvo pocos retrasos, el convenio establecía que incumplir tres pagos consecutivos podría anular el acuerdo. “Hasta la fecha no he tenido más que uno o dos atrasos”, declara el acreditado. Aunque no se estipula de manera clara el plazo para pagar su deuda sería de aproximadamente 23 años, a partir de 2015.
Su caso no es aislado. Alrededor de 4 millones 25 mil derechohabientes del Infonavit presentan créditos impagables, denunció el ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto. Esto se debe a actos de corrupción, que afectaron a 373 mil personas, fraudes inmobiliarios por ventas sucesivas de vivienda, fraudes al ahorro de los derechohabientes, fraudes cometidos por coyotes, corrupción de funcionarios, fraude inmobiliario y contra las garantías hipotecarias de los trabajadores.

Búsqueda de apoyo
Desde 2002, año en el que Carlos Salazar sacó su crédito por 224 mil pesos, hasta 2015 su deuda con el Infonavit subió a más del doble por los retrasos que tuvo como consecuencia de una situación laboral inestable. Actualmente, presenta una deuda de 882 mil 521.69 pesos, cantidad que le piden pagar en una sola exhibición para liquidar su crédito. De lo contrario, deberá pagar mensualidades de 4 mil 29.97 pesos hasta liberar su deuda. Ello indica que, en 23 años, en lugar de reducir la cantidad de su crédito éste ha aumentado casi cuatro veces.
Para Carlos Salazar, el pago de sus créditos se ha convertido en algo inaccesible. Por ello, buscó en las oficinas del Infonavit ayuda para acceder a los beneficios para los derechohabientes que presentaban deudas impagables.
En medio de un contexto de irregularidades detectadas en el Infonavit, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que en el pasado existieron prácticas fraudulentas que han perjudicado a los derechohabientes. Por ello, el gobierno aplica el programa de congelamiento de créditos –otorgados antes de 2013–, el cual congela saldos y mensualidades para impedir que aumenten por el ajuste al salario mínimo.
El programa –instrumentado desde el 11 de noviembre de 2024– busca proteger a los derechohabientes de deudas que se han vuelto impagables, por el incremento constante y ha congelado 2 millones de créditos. Sin embargo, Salazar no ha podido acceder a este beneficio, aún cuando su crédito se emitió antes de 2013 en VSMM. Ello, porque tiene vigente un “proceso jurídico” con la institución por los atrasos de pago a su crédito.
“Voy a las oficinas y les digo que quiero entrar a los programas que tiene y en las oficinas me dicen que no se puede, que ellos no tienen el poder para quitar la demanda judicial y que me contacte con los números de teléfono. Hablé a los números del Infonavit y me dicen que vaya a las oficinas. Así me han traído de allá para acá. Al final de cuentas nadie me atiende, [me] dicen que no saben cómo hacerle, que no se puede”, explica Salazar.

Voces una deuda que no cesa
Un problema recurrente entre los derechohabientes del Infonavit –como lo muestra el caso del señor Carlos Salazar– es el aumento de sus créditos por el ajuste al salario mínimo. Al menos cinco personas de distintas entidades del país compartieron sus testimonios sobre cómo estas deudas se volvieron impagables.
Jaime Juárez, originario de Cortázar, Guanajuato, detalla a Contralínea que ha pagado al Infonavit durante 30 años un crédito originalmente otorgado por 80 mil pesos, para adquirir su vivienda. “No salgo de mi deuda. […] Ahorita debo más de 500 mil pesos y no salgo”.
El derechohabiente, un hombre de la tercera edad, relata: “estuve pagando ocho años ya pensionado, todavía de mi pensión yo tenía que pagar Infonavit y nomás no se reflejaba nada de los pagos. Todavía estoy endrogado”.
José Francisco Ramírez, vecino de Tultitlán, Estado de México, lleva 31 años pagando sin poder liberarlo. Las aportaciones patronales –un derecho de los trabajadores– nunca se reflejaron en la disminución de su deuda, lo que provocó que los intereses aumentaran el monto total. En 1993 obtuvo un crédito de 113 mil pesos. Cuando se quedó sin empleo, solicitó una prórroga de un año para no generar intereses. En las oficinas del Infonavit le aseguraron que, cuando su situación laboral se restableciera, podría ponerse al corriente si pagaba la cantidad correspondiente al año de atraso. Sin embargo, al realizar el pago, este nunca se vio reflejado en su saldo.
Actualmente, el señor Ramírez presenta una deuda de 1 millón 100 mil pesos, es decir que su deuda aumentó 987 mil pesos, casi nueve veces el monto original. A pesar de que cada mes aporta 3 mil 250 pesos que, dice, “apenas alcanzo para pagar”.
En Tijuana, Baja California, Octavio Prado recibió un crédito de 250 mil pesos en 2001. Describe que, aunque en su contrato se estableció una cuota fija para sus pagos, ésta no fue respetada y su deuda creció. Al igual que los casos anteriores, su crédito fue otorgado en VSMM, lo que generó ajustes automáticos anuales. Durante 22 años ha pagado 842 mil pesos. “Es un robo tremendo, [más] porque nos robaron las cuotas patronales”.
El caso de Armando Montt también evidencia el problemático diseño de los créditos en VSMM. En 2001 obtuvo la cantidad de 180 mil veces el salario mínimo. En 2022, tras dos décadas de pagos, su deuda apenas se redujo a 166 mil VSM, es decir, sólo 14 mil menos. Ninguna de las aportaciones patronales que hizo durante su vida laboral se reflejó en su cuota. “¿Dónde quedaron todos los cobros de [cuotas] patronales? […] No se vale que te estén quite y quite y quite. La casa ya se pagó más de dos veces.
“El Infonavit no se enfoca en [analizar cuáles] son las formas que todos tenemos para poder pagar. Uno está en la mejor disposición de pagar, pero el Infonavit te tiene con el pie en el cuello, y no se vale. No se vale, para la mayoría. Te aseguro que la mayoría de la gente quiere pagar para quedar con buenos términos”, describe el señor Montt.
Margarita Hernández –de Orizaba, Veracruz– explica que recibió un crédito de 179 mil para remodelar su vivienda. El Infonavit le asignó un arquitecto y albañiles, pero la obra quedó inconclusa a los tres meses de haber iniciado. Desde ese momento acudió constantemente a las oficinas del Instituto en su estado, como a las de la Ciudad de México, donde le confirmaron que la reconstrucción no estaba terminada. Sin embargo, no han hecho algo para completar los trabajos. Mientras, la señora Hernández tiene una deuda de 750 mil pesos que aún debe de pagar por un trabajo inconcluso. “Quieren que pague 750 mil, pero son puros intereses y es un trabajo que no se terminó, mi casa no la terminaron”, enfatiza.

Costo humano de la deuda
Raúl Yong, representante de la asociación civil Frente para la Vivienda Libre (FVL), señala a Contralínea que el Infonavit ha funcionado como un “nido de corrupción” que, bajo gobiernos neoliberales y con una política depredadora, ha obligado a miles de personas a lo imposible: pagar créditos inflados, con intereses acumulados sobre intereses.
Para el activista, la institución encargada de garantizar el acceso a la vivienda provocó un profundo desgarro social al vulnerar los derechos humanos de los trabajadores. “Llevamos seis años denunciando los abusos de los despachos de cobranza, los abusos de Infonavit, toda una política dirigida a exprimir y expoliar a la clase trabajadora, a todos los que tenían un crédito en veces de salarios mínimos”.
El señor José Francisco Ramírez declaró que, tras más de tres décadas de pagar un crédito que no deja de crecer, su salud y su vida familiar se han deteriorado. “Yo me siento mal, estoy mal de salud por lo mismo, que hasta la fecha sigo pagando. Ya son 30 y tantos años de seguir pagando al Infonavit y jamás, de los jamases, he visto que mi cuenta baje”.
Por su parte, Octavio Prado expone que la carga económica de una deuda sin fin le costó su matrimonio y el distanciamiento de sus hijas. “Actualmente aquí estoy peleando, luchando día con día para que el Infonavit se dé cuenta del daño que nos ha hecho”.
Mientras tanto, el derechohabiente Jaime Juárez, detalla que constantemente recibe notificaciones y avisos en los que se le informa que por los atrasos que ha presentado van a “actuar extrajudicialmente, para quitarme mi casa”, situación que lo mantiene estresado y con ansiedad.
Aunque Raúl Yong reconoce que las políticas recientes instrumentadas por los gobiernos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representan avances importantes para los derechohabientes, insiste en que el daño ya causado no se resuelve sólo con los nuevos programas para liberar o congelar los créditos inflados.
“¿Cómo vamos a medir el dolor de cada uno de ellos?, el estrés, la enfermedad, las violaciones a sus derechos humanos, los divorcios, los daños. Todo eso genera estrés, hipertensión, diabéticos, suicidios, violencia intrafamiliar. Esto es un holocausto. ¿Por qué? Porque dañaron a 4 millones de mexicanos y hasta hoy no hay una posición real de reconocer la victimización de éste. Dicen que van a resarcir, dicen que reconocen el daño, [bueno, pues] reconócelo por escrito, reconócelo en mi crédito, libérame mi crédito ¡y todavía me sales a deber!”

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