Un detallado análisis del Centro Nacional de Inteligencia revela que en México el crimen organizado trafica 90 especies marinas en situación de riesgo de extinción. Al respecto identifica al grupo criminal vinculado con la pesca furtiva en el Alto Golfo de California, que se dedica exclusivamente a traficar este tipo de especies, pero en especial la totoaba. El CNI revela en el documento los nombres de los líderes y las zonas de influencia

El Centro Nacional de Inteligencia identificó al grupo de la delincuencia organizada que se dedica exclusivamente a traficar de forma ilegal especies marinas. En su informe, revela los nombres de los líderes y las zonas de influencia de sus actividades delincuenciales.

En México, señala el reporte de inteligencia, más de 90 especies marinas que se encuentran en situación de riesgo de extinción se trafican ilegalmente. Muchas de ellas se ofertan en el mercado negro internacional y son sacadas del país en cargamentos ocultos, mezclados con otros productos del mar que sí cuentan con permisos de exportación e incluso por las empresas de paquetería.

La organización criminal que descubre estaría comandada por Óscar Parra Aispuro, alias el Patrón y/o el Tecolín. A éste lo identifica como el líder, mientras que de su cártel, apunta que se dedica al tráfico ilegal del buche de totoaba. Añade que su grupo criminal opera en San Felipe, Baja California, y en éste supuestamente participan sus hermanos Gastón Eduardo, el Parra; Dora Alicia y Rosy Icela, en complicidad con Luis Aldaz Valenzuela, Sunschine Antonio Rodríguez Peña y David Ho Kin.

El análisis Tráfico de especies marinas protegidas en México, elaborado por el CNI señala que la extracción, acopio, transportación y comercialización de fauna clasificada como protegida configura el delito de tráfico ilegal de especies marinas protegidas. Añade que en México estos grupos criminales explotan a 90 especies de este tipo.

Acerca del presunto líder de la primera organización que enuncia, indica: Óscar Parra cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, orden de aprehensión por homicidio calificado en la causa penal 00018/2018, con numero único de caso 02-2017-550005, girada el 1 de enero de  2018. Se le acusa de ser responsable del homicidio del soldado de infantería Emanuel Esaú Saldaña Ramos, ocurrido el 31 de diciembre 2017 en San Felipe, Baja California.

El 13 de septiembre de 2018, Parra Aispuro fue detenido en flagrancia delictiva por elementos de la Policía Estatal Preventiva en San Felipe, portando armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas; y el 28 de marzo de  2019, un juez federal le dictó sentencia por diversos delitos.

De acuerdo con el documento del CNI, la segunda organización dedicada a ese ilícito es la que comanda Sunschine Antonio Rodríguez Peña. De éste, apunta: es presunto líder de traficantes en San Felipe, Baja California, y uno de los dirigentes de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe. Según el CNI, éste “aprovecha su fachada de líder de pescador y de empresario con la finalidad de tener acercamientos con autoridades municipales, estatales y federales, cuenta con antecedentes penales”.

Para 2019, Rodríguez Peña se confrontó con la sociedad conservacionista Sea Shepherd, la cual estaba retirando redes de pesca ilegales y abandonadas que ponen en riesgo a la vaquita marina en la reserva el Alto Golfo de California.

Fue detenido por la Agencia Federal de Investigación (AFI) en San Felipe, Baja California, el  7 de marzo de 2010, en compañía de Ricardo Vilchis Herrera, Gustavo Mascareño Cárdenas, Fabián Rodríguez Zuñiga y Rosario Adán Calderón Rentería por corrupción de menores.

El reporte indica que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le notificó a Rodríguez Peña de una orden de restricción en su contra para impedir que se acerque al barco y a los integrantes de la organización ambientalista Sea Shepherd, luego de que amenazó con quemar la embarcación en caso de que los activistas no se retirarán del hábitat de la vaquita marina.

Rodríguez Peña también es señalado como principal agitador de los hechos violentos suscitados en marzo de 2017, cuando en la comunidad de pescadores quemó embarcaciones y vehículos, además de ser considerado como el líder de los bucheros en San Felipe.

Según el CNI, en ese grupo participa Gastón Eduardo Parra Aispuro, alias el Parra y hermano de Óscar. Al respecto, se señala que se dedica supuestamente a la compra-venta de droga y buches de totoaba en San Felipe. Cuenta con equipo de radio con tres repetidoras en los cerros colindantes. Tiene además 12 vehículos con los que recoge los buches y distribuye la droga (metanfetaminas, marihuana y cocaína). Tiene un socio en Mexicali apodado La Yegua.

Otra organización a la que hace referencia el análisis del CNI es la que supuestamente dirige Álvaro de Jesús Ramos Sillas, alias el Varito, considerado uno de los principales líderes de compra-venta de buche de totoaba.

Otro de los actores identificado es Manuel Córdova Murillo, a quien se le vincula con el Varito y que supuestamente trafica y lidera la compra-venta de bucheros de totoaba, y opera en San Felipe con los siguientes integrantes de su grupo: Antonio García Orozco, el Tonicho; Luis Aldaz Valenzuela, el Aldaz; Eliu Garder Hernández, el Eliu; José Ali Amador Farías, el Ali. De este último se presume que es segundo al mando en la compra-venta de buches de totoaba en San Felipe, Baja California.

Además se tiene en la mira a Enrique García Sandes, alias el Kiki, exfuncionario de la Profepa. Éste se encuentra en seguimiento por su presunta vinculación como persona que  proporcionaba información y brindaba protección al crimen organizado a cambio de dinero.

De acuerdo con el análisis Tráfico de especies marinas protegidas en México, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia, el tráfico ilegal de 90 especies marinas protegidas en el país por grupos criminales se configura a partir de la extracción, acopio, transportación y comercialización de fauna clasificada como protegida.

El documento contenido en los archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo autodenominado Guacamaya señala que las especies marinas endémicas más traficadas en el país son: totoaba, pepino de mar, caballito de mar, pez clarión, lobo marino, tiburón ballena, tiburón blanco, manatí, así como otras especies con protección especial como la ballena azul, ballena jorobada, la tortuga marina y corales pétreos.

Pingües ganancias

La totoaba es un pez endémico del Golfo de California, se clasifica como especie en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM- 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el uso de redes de enmalle propicia que, en su captura, quede atrapada la vaquita marina.

El alto margen de ganancia del buche de totoaba genera el tráfico ilegal por los pescadores furtivos y luego de la detención en Estados Unidos del empresario traficante de totoaba Kam Wing Chan en 2015, permitió conocer la forma de operar el tráfico de buche de totoaba.

Un informe de The Global Response to Translation Organized Envioronmental Crime, citado por el documento del CNI, refiere que el ecotráfico, o tráfico de especies protegidas, generó ganancias por 19 mil millones de dólares al año en todo el mundo.

El valor económico de especies marinas de interés para el mercado asiático, como la totoaba en México, es de 3 mil a 8 mil dólares por kilogramo, en Estados Unidos, de 16 mil, y en Hong Kong, de  60 mil dólares. El pepino de mar en México es de  1 mil a 2 mil pesos, mientras que en Hong Kong se cotiza en 3 mil dólares.

En Asia, platillos exóticos como la sopa de aleta de tiburón, buche de totoaba y pepino de mar de origen mexicano tiene un costo de 200 dólares.

Entre 2009 y 2019, los primeros lugares de aseguramientos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lo ocupan las especies endémicas. “Este ilícito lo detona, mantiene y robustece la demanda dentro y fuera del país”, advierte el informe del CNI.

Una de las especies marinas que más se trafica en México y que tiene una representación importante en la biodiversidad es la totoaba, pez que llega a pesar hasta 100 kilos y que vive en el Alto Golfo de California afirma, Miguel Rivas Soto director de campañas de santuarios marinos de Oceana-México, organización internacional de defensa de los mares con presencia en 11 países del mundo.

“Generalmente lo que se trafica es el buche o vejiga natatoria de la totoaba cuyo precio de playa directamente desde la pesca es de hasta 2 mil dólares el kilo. Es un negocio bastante lucrativo, hay quienes le llaman la cocaína del mar precisamente porque la tatuada es un pez que tiene alto valor comercial en China y su comercialización está ligado a grupos de del crimen organizado”, subraya.

Destaca que Oceana ha sido testigo de cómo el crimen organizado mantiene un fuerte vínculo con las cooperativas pesqueras en la zona, “ya sea de manera voluntaria por el alto valor que se paga, o también de manera involuntaria cuando se obliga a gran cantidad de pescadores a proveer de este pez a los cárteles”.

Considera que mientras haya demanda, va a haber quiénes creen esa oferta, pero no hay esa oferta, siempre se crea a costa del crimen organizado, que ve en estos productos un cliente muy lucrativo, con penas bastante bajas, pues no es lo mismo traficar drogas que especies.

El tráfico de especies es de los negocios más lucrativos a nivel mundial, eso quiere decir que hay alguien que está permitiendo ese tráfico en las aduanas, alguien me está haciendo la vista gorda de productos que salen de nuestras fronteras y que no deberían salir, considera Rivas Soto, doctor en ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista, señala que otra especia amenazada es el tiburón blanco, una especie que puede llegar a medir hasta 6 metros, y que en China también se cotiza mucho por las aletas del tiburón para la sopa de aletas, y por lo tanto su comercialización está prohibida en México.

Lo mismo pasa con algunas especies de corales, como corales negros, que son muy raros son vendidos en el comercio internacional para decoración en ámbito de alto poder adquisitivo.

También otra de las especies más amenazadas es el caballito de mar, “se trafica mucho ya sea porque la cocina asiática es un gran solicitante de esta especie y también porque se usan como mascotas, sin embargo, su comercialización está regulada, pero gran parte de este comercio es de manera ilegal”, apunta el investigador.

Lo mismo pasa con las tortugas marinas, no se permite el aprovechamiento de ellas, ni de carne, ni de filete, ni de caparazones, ni de los huevos. Todo producto que provenga de las tortugas marinas está regulado por ley de hecho están en el apéndice uno de la CITES.

Sin embargo, dice, “sabemos de la comercialización ilegal de los huevos de tortuga que se extraen particularmente en zonas como Oaxaca, donde hay un gran decomiso de estas actividades, no sólo de los decomisados a personas, sacos llenos de huevos de tortuga se pueden comercializar hasta entre 300 y 500 dólares el kilo en el mercado negro”.

“Dos especies que son de importancia pesquera que también se trafican y que nosotros hemos visto atañe mucho a algunas localidades donde trabajamos que se pagan entre 300 y 500 dólares por kilo, es el pepino de mar un cordado que parece tener importancia ya sea medicinal como alimenticia”, enfatiza Rivas Soto.

Otra especie, que quizás es más de comercio nacional, es el caracol rosado, “hemos visto en lugares de Quintana Roo como Banco Chinchorro y en el arrecife de Alacranes, donde se comercializa mucho, pero a un precio más barato se calcula que se paga hasta 200 pesos por kilo.

Sin embargo, advierte que la población del caracol rosado viene en total declive desde 1960, incluso está en la NOM-059 Semarnat-2010, de Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, que regula las especies en peligro de extinción de México.

Por otra parte, dice Rivas Soto, también hemos visto últimamente tráfico de pez loro a pesar de que no necesariamente está en peligro de extinción, sin embargo, su importancia para el arrecife ha hecho que se incluya en la en la NOM-059, sin embargo, hemos sido testigos e incluso en algunos mercados, donde se vende el filete de pez loro, una especie que no se puede comercializar.

“En resumen, estas son algunas especies que hemos ido identificando y que la literatura señala que son especies del mar que se trafican en México, ya sea a nivel internacional altos precios y a nivel local como el caracol rosado, una especie que se trafican más a nivel nacional”, acota Rivas Soto.

Sobre la ruta de tráfico, anota que “cuando sobreponemos los datos de distribución de donde hay más puntos de pesca ilegal en la zona núcleo del área natural protegida y los comparamos con puntos de distribución, o de muestreo de caracol rosado, resulta que estos son coincidentes”

Eso quiere decir que gran parte de la pesca legal se da para pescar mero y otras especies de alto valor comercial, pero que también de aquellas que están prohibidas de pescar como es el caso del pepino de mar y el caracol rosado es algo que se da muchísimo en la Península de Yucatán.

Por lo que respecta la comercialización de especies marinas protegidas, Rivas Soto refiere que cada una tiene un mecanismo diferente, pero muchas de ellas tienen el mercado asiático como destino final.

En el caso del pepino rosado, el caballito del mar, las aletas de tiburón blanco y el buche de totoaba, todas ellas tienen un alto valor en el mercado asiático, adónde, para que puedan llegar, se debe requerir de países que sean de paso, generalmente Estados Unidos desde donde se envían o se pasan de contrabando.

“Lo que significa que no solo hay un problema de las autoridades mexicanas para inspeccionar y poder tener un catastro de verdad de cuánto está pasando de especies ilegales, sino también de Estados Unidos, que no está impidiendo que este producto pase a través de sus fronteras y que esté llegando a los implicados asiáticos”, considera el académico.

Además, advierte que quien tiene que tomar las cartas en el asunto es el gobierno chino, tiene que hacer cumplir también su labor, no solo victimizarse de un tráfico que pasa a través de países latinoamericanos o de Estados Unidos, sino como receptor de estos animales hacerse responsables para el decomiso de ellos, pues para validar la cocina asiática termina haciendo estragos en la biodiversidad mexicana.

-Han investigado si realmente las especies que se trafican a Asia tienen propiedades de las que se habla o solo son efecto placebo.

-Culturalmente la tradición y cultura asiática es muy diferente a la nuestra, resulta difícil juzgarla desde nuestro punto de vista, muchas veces traducimos quizás erróneamente que estas especies tienen un poder afrodisíaco o medicinal.

Para la cultura china tiene que ver con el vigor de la naturaleza, que quizás se expresan cosas como la virilidad y por eso nosotros lo asociamos a que es afrodisiaco, pero tiene que ver más con una sensación de bienestar general, con su tradición, su cultura, pero lamentablemente está generando estragos en la biodiversidad de países como México, rico en biodiversidad.

Problemática en el Alto Golfo de California

De acuerdo con el documento, 90 especies se encuentran protegidas formalmente por la legislación ambiental mexicana, aunque sólo refiere los estragos del crimen en el Alto Golfo de California.

Las 90 especies marinas en estatus de riesgo*

	Amenazadas	En peligro de extinción	Sujetos a protección especial	Probablemente extinta en el medio silvestre)	Total
Invertebrados	1	2	15	0	18
Mamíferos	1	5	35	1	44
Peces	6	1	10	0	17
Reptiles	0	5	0	0	7
Plantas	4	0	0	0	4
Total	12	15	62	1	90

*Fuente: CNI, 2019, especies protegidas de acuerdo con la legislación ambiental mexicana.

El Alto Golfo de California (AGC) es un Área Natural Protegida (ANP) con carácter de reserva de la biósfera, localizada entre los estados de Sonora y Baja California. Las principales comunidades pesqueras ubicadas en esta ANP donde operan grupos de traficantes son: San Felipe, Baja California; el asentamiento de la etnia Cucapá en la desembocadura del río Colorado y el pueblo de Santa Clara, Sonora.

Esta ANP es el hábitat natural de dos especies endémicas: la totoaba y la vaquita marina. La pesca ilegal de la totoaba afecta a la población de la vaquita marina, ya que estas quedan atrapadas incidentalmente en las redes utilizadas por grupos criminales furtivos.

Formas de operación y centros de acopio

En las comunidades pesqueras, grupos criminales trafican totoaba en casa habitación con cantidades pequeñas de ciudades como Mexicali, Tijuana y Ensenada, utilizan el método hormiga desde comunidades pesqueras a ciudades cercanas como San Felipe y Puertecitos, BC y Golfo de Santa Clara, con destino hacia San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, Sonora;  y  Mexicali, Ensenada y Tijuana, Baja California.

Las especies traficadas son transportadas en embarcaciones, en compartimentos ocultos, mezclados con otros productos pesqueros en vehículos: en hieleras, paquetes ocultos en puertas, llantas de refacción, y en personas con producto adherido al cuerpo (burreros).

Mientras que el tráfico internacional se realiza a través de envíos en contenedores mezclados con otros productos del mar, por paquetería ocultos en equipaje de San Luis Colorado y Puerto Peñasco, Sonora; Mexicali, Ensenada y Tijuana, Baja California. Y con destino a Estados Unidos, China y Hong Kong.

También vía aérea en vuelos comerciales utilizando empresas de paquetería se declara como ropa, instrumental médico con destino a Asia y a Estados Unidos vía terrestre, mediante envíos por aduanas que generalmente se declaran con fracciones arancelarias, como bacalao, productos del mar, buche de curvina o buche de robalo blanco.

Para el trasiego de especies protegidas también grupos criminales utilizan embarcaciones menores de 25 pies o ribereñas, con motor fuera de borda de 90 hasta 250 caballos de fuerza, generalmente no matriculadas, así como artes de pesca como chinchorros o redes agalleras con luz de malla de hasta 12 pulgadas y de 300 a mil 500 metros de largo.

También, cimbras o palangres con anzuelos del número 1 y del número 2, de 50 y hasta mil piezas con longitudes de 20 hasta mil 500 metros, básicamente en pesca nocturna en litorales donde se ubican comunidades pesqueras de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora.

Para el embarque y desembarque de la especies capturadas de forma ilegal, grupos del crimen organizado utilizan el muelle en San Felipe (único en la región), así como  campos pesqueros o bajaderos a lo largo de más de 300 kilómetros de litoral.

“Los pescadores furtivos pueden amparar su actividad con permisos de pesca para otras especies, pero en realidad solo aprovechan la vejiga natatoria o buche de la totoaba, ya que la carne no tiene interés comercial y en altamar se extrae el buche y el resto del pez es arrojado al mar”, explica el documento.

El informe del CNI indica que grupos de contrabandistas violan leyes   nacionales aplicables a cada rubro ambiental, como las leyes de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; de Vida Silvestre; de Pesca y Acuacultura Sustentables; y Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, así como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El documento señala que para contrarrestar pesca furtiva y combatir a grupos criminales la Secretaría de Marina (Semar), realiza inspección y vigilancia en el AGC, en el Centro de Operaciones Interinstitucional y la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) en San Felipe, BC.

También, con el despliegue de una patrulla oceánica con helicóptero embarcado, patrullas interceptoras, embarcaciones Defender (BR), helicóptero, el Sistema de Vigilancia Aérea no Tripulado (SANT), drones y aviones de patrulla marítima, para el retiro de redes fantasmas en el Alto Golfo de California en coordinación con las Organizaciones No Gubernamentales Sea Shepherd y Museo de la Ballena.

La Fiscalía General de la República  en abril de 2017, luego de que el Congreso modificó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para considerar a las actividades contra la fauna silvestre como delincuencia organizada, instaló la Unidad de Atención Inmediata (UNAI) en San Felipe, BC.

Activismo de organizaciones de la sociedad civil

El informe del CNI refiere en actores de sociedad civil “se distinguen su capacidad mediática para proteger a las especies; sin embargo son críticas a las políticas públicas realizadas por el gobierno. En los últimos años, se incrementaron las que se especializan en la lucha por la preservación de la vaquita marina, quienes destinan recursos humanos y financieros”.

Se trata de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, AC (AZCARM), Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO), en Puerto Peñasco, Sonora.

El Programa de Protección y Conservación de la Vida Silvestre de Sinaloa, Grupo Tortuguero de Las Californias A.C, en La Paz, Baja California Sur, el  Centro para la Diversidad Biológica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Viva Vaquita.

Así como ONG internacionales como Greenpeace, Asociación Interamericana de Derecho Ambiental, Association of Zoos and Aquariums (AZA), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),  World Wide Fund for Nature (WWF), SeaShepherd, y The Leonardo DiCaprio Foundation.

Plan integral de defensa de especies endémicas

El 21 de marzo de 2019, el gobierno de México anunció un plan integral para defender el hábitat y población de la vaquita marina, denominado “Iniciativa de Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California”, plantea la colocación de boyas en el mar para delimitar la zona de refugio de la vaquita marina a fin de combatir el tráfico ilegal del pez totoaba.

La propuesta gira en torno a cinco ejes estratégicos para reforzar la vigilancia en el área delimitada por las boyas y mantener el monitoreo de la vaquita marina, de la que solo quedan de 10 a 15 ejemplares.

Los cincos ejes de la iniciativa de sustentabilidad son: Gobernanza y seguridad, pesca sustentable y responsable, diversificación productiva sustentable, conservación y monitoreo de la vaquita marina y desarrollo integral para el bienestar comunitario.

Participan 23 instituciones, destacan Sedena, Semar, Semarnat, Profepa, Conapesca, Inapesca, capitanías de puerto, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Guarnición Militar San Felipe, gobiernos de Baja California y Sonora, y fundaciones no gubernamentales WWF, Noreste Sustentable, Sea Shepherd, Pronatura, Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, así como Carlos Slim y Leonardo Di Caprio

El 22 de marzo de 2019, un día después de que el gobierno federal lanzara la estrategia de Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California el sector pesquero de san Felipe rechazo de manera categórica dicha estrategia por no contemplar “acciones inmediatas”.

Destacar que la estrategia federal elimina el pago de compensaciones económicas directa a los pescadores, miembros de la cadena productiva y a permisionarios.

Con el fin de alcanzar la Gobernanza y Seguridad del hábitat de la vaquita marina (phocoena sinus), así como la protección de otras especies en riesgo, la Profepa, en coordinación con la Secretaría de Marina, mantendrán la vigilancia permanente en el Alto Golfo de California para evitar la presencia de embarcaciones menores, así como la pesca ilegal en la zona de restricción.

Resultados de una encuesta en la que participaron 30 especialistas realizado en 2018 sobre la pesca en México, identificó causas, consecuencias, propuestas de solución y una grave prospectiva de escenario tendencial si no se modifica la extracción de recursos pesqueros de manera ilegal.   El Diagnóstico sobre la pesca ilegal en México (Panel de especialistas), elaborado por Itzkuauhtli Benedicto Zamora Saenz del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, concluye que hay consenso entre expertos sobre lo difícil que resulta obtener un dato exacto sobre la magnitud e impacto de la pesca ilegal en litorales del país.   Para el panel de especialistas consultados, la primera causa que favorece la pesca ilegal en México está relacionada con la falta de inspección y vigilancia, seguido de la corrupción, la impunidad y una mayor presencia del crimen organizado.   En tercer lugar, la situación precaria de comunidades pesqueras y la falta de alternativas económicas para este sector, mientras que en cuarto lugar la prevalencia de un marco jurídico inadecuado, poco conocido y con débil implementación.   Entre las consecuencias ecológicas destacaron la sobre explotación de los recursos pesqueros, el deterioro de los ecosistemas acuáticos y la ruptura de las cadenas tróficas.   Entre las consecuencias económicas señalaron competencia desleal que afecta los ingresos de las comunidades pesqueras que trabajan en la legalidad, las cuales tienden a sumirse en una situación de mayor pobreza por esta situación.   Así como el cierre del mercado internacional por embargos y sanciones comerciales a productos pesqueros del país, incidencia en la caída de precios de los productos pesqueros, e impacto negativo en la calidad del producto que llega a la mesa del consumidor.   Finalmente, en la dimensión político-institucional la principal consecuencia es la ausencia de gobernabilidad en el sector pesquero, seguido de una mayor dificultad para contar con información confiable para la toma de decisiones.   Concluye que la mayor presencia del crimen organizado que utiliza como pantalla la pesca (por ejemplo, el camarón en Sinaloa y pepino de mar en Yucatán) rebasa totalmente la capacidad y facultades de las instituciones civiles del gobierno en el sector.

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