La campaña mediática puesta en marcha por la derecha neoliberal para infundir temor en la población por los supuestos efectos negativos que traerá la aprobación de la Reforma Eléctrica, al extremo de asegurar que nos quedaremos sin luz y habrá incrementos considerables en las tarifas, es un endeble sofisma que carece de antecedentes y fundamentos sólidos.
El pasado reciente amerita un debate nacional para desenmascarar a quienes en los últimos 2 sexenios alentaron reformas a la Constitución para entregar el sector energético a intereses extranjeros, causando graves perjuicios a diversos sectores sociales y económicos, precisamente por el aumento desproporcionado en los recibos de luz y las recurrente fallas en el servicio.
Como sucedió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, muchos “líderes de opinión” de los medios masivos, vuelven a enfundarse en su acostumbrado papel de mercenarios al servicio del capital privado y las trasnacionales, lanzando juicios de valor sin tomar en cuenta la realidad social del país. De acuerdo con su gastado evangelio neoliberal, sostienen que con la aprobación de esta reforma, se sentaría un mal precedente para los inversionistas, sobre todo extranjeros.
En su oficiosa defensa argumentan que en el pasado, estas empresas realizaron importantes inversiones en la construcción de plantas de energía eléctrica, pero intentan manipular a la opinión pública al ocultar que tales recursos tuvieron su origen en la banca de desarrollo y en los ahorros de millones de trabajadores, vía las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), como también en sistemas de financiamiento como el de los llamados Proyectos de Inversión en Infraestructura con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas).
Los Pidiregas fueron un modelo tramposo sembrado en la década de 1990 por los gobiernos neoliberales para permitir la silenciosa penetración del capital privado en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esquema que para los aparentes inversionistas no representa riesgo alguno, pues todos los compromisos financieros son asumidos por el propio Estado.
Es el momento de invitar a los apologistas de la derecha para confrontar datos y cifras sobre los supuestos “riesgos” del capital privado en el sector energético. Un ejemplo de que fue el gobierno mexicano el que salió perdiendo con los Pidiregas lo es el hecho de que en el 2008, justo cuando se aprobó la Reforma Energética de Calderón, Pemex mantenía una deuda por 1 billón 613 mil millones de pesos por este sistema de inversiones. El asunto era tan grave que tal adeudo superaba en un 30 por ciento su valor real que ascendía a 1 billón 247 mil millones de pesos.
En 2013, en el periodo que fue aprobada la Reforma Energética de Peña Nieto, la deuda de la CFE por el esquema de inversión de los Pidiregas llegaba a los 700 mil millones de pesos. ¿Por qué no dicen nada de esto los detractores de la próxima Reforma Eléctrica?
Hay mucho que explicar a los diversos sectores sociales del país sobre la política antinacionalista que los gobiernos tecnócratas y neoliberales aplicaron al sector energético y que de manera arbitraria condujo a la CFE a subutilizar sus plantas de generación; es decir, permitir que fueran las empresas privadas, y de manera preferente las trasnacionales, las que generaran la energía que obligatoriamente tenía que comprar la CFE. Lo anterior, cuando la infraestructura eléctrica, propiedad de la nación, tenía la capacidad para producirla.
Se suponía, además, que con la Reforma Energética de Peña Nieto llegarían ríos de inversión al sector energético, pero esto nunca sucedió ni era necesario, considerando que la reforma a la Constitución les permitía a los privados no sólo apoderarse de la generación de electricidad y el mercado nacional, sino utilizar las líneas de transmisión y toda la infraestructura de CFE de manera gratuita y automática. Negocio redondo a costillas de los impuestos de todos los mexicanos.
Tal como sucedió en el narcogobierno de Felipe Calderón, en el sexenio de Peña Nieto tampoco hubo una disminución en las tarifas eléctricas y tampoco se solucionó el problema de los “recibos locos” que heredó de la administración panista. Para justificar el cierre de Luz y Fuerza del Centro, Calderón Hinojosa prometió a los usuarios de la zona centro del país que las tarifas bajarían, se mejoraría el servicio y habría importantes ahorros en las finanzas públicas.
Para los encomiastas del imaginario “desastre” eléctrico les resultará difícil esconder bajo la alfombra neoliberal una situación que exhibe en toda su dimensión el error de permitir que empresas privadas operen el sistema eléctrico de un país que como España ha experimentado en los últimos 3 años incrementos de un 500 por ciento en las tarifas eléctricas hasta convertirlas en un factor inflacionario y de grave impacto para los asalariados, cuya tarifa mensual más baja ronda los 64 euros, un equivalente de 1 mil 528 pesos mexicanos.
Las compañías eléctricas le apostaron, como sucedió en el sexenio de Calderón, a la producción de electricidad, mediante el uso del gas, cuyos precios al alza han repercutido de manera directa en el costo final a los usuarios.
De esto tampoco nada hablan los “líderes de opinión”, legisladores y miembros de partidos como el Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) que aprobaron sus reformas energéticas sin tomar en cuenta la voz de expertos y sectores directamente involucrados con el sector.
El antídoto para estos defensores de los intereses extranjeros que se oponen a que sus patrocinadores pierdan un multimillonario negocio, es informar a la sociedad sobre los contratos leoninos que obtuvieron las trasnacionales en el sexenio de Fox y en el narcogobierno de Calderón, pero también impulsar una encuesta nacional para preguntar a los mexicanos si consideran que las reformas neoliberales y el cierre de Luz y Fuerza del Centro reportaron una baja en las tarifas eléctricas.
Hasta la fecha, hay miles y miles de usuarios que siguen pagando las consecuencias de una errada política energética que dejó de lado el sentido social que implica la prestación del servicio eléctrico; hogares humildes de madres solteras y pensionados, agrupados en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), han luchado contra cortes y embargos por parte de los insensibles funcionarios de la CFE.
La derecha conservadora carece de argumentos válidos para sostener el sofisma con el que pretende engatusar de nueva cuenta al país. Es hora de ponerla en su sitio.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
