Nueva York/Oxford, Reino Unido. La polarización política, la emergencia climática, el crimen organizado, la migración y el bajo crecimiento económico ocupan la centralidad del debate público en América Latina y el Caribe (ALC), y con justa razón. Sin embargo, hay un gran desafío estructural del desarrollo humano y de la democracia misma que junto a las desigualdades, se encuentra en la raíz de estas crisis: la pobreza.

Hoy, 181 millones de personas, 29 por ciento de la población en la región, vive en condiciones de pobreza monetaria y 33 millones sufren de pobreza multidimensional aguda –considerando sólo a los países con datos disponibles–. Avanzar hacia una ALC próspera y resiliente pasa por volver a poner la pobreza, en cualquiera de sus formas y dimensiones, al centro del debate público. Asimismo, se debe impulsar nuevas respuestas desde la política pública.

En décadas pasadas, la región logró reducir la pobreza al aprovechar el crecimiento económico impulsado por el boom de los commodities y la introducción de políticas públicas novedosas.

Estas últimas enfocadas a la solución de este problema, como las transferencias monetarias condicionadas y los esquemas donde se entrega dinero en efectivo a los hogares en situación de pobreza, a cambio de inversiones específicas en desarrollo humano; por ejemplo, que los hijos asistan al colegio o a campañas de vacunación. Sin embargo, esta tendencia comenzó a revertirse dos años antes de la pandemia.

Revitalizar la agenda de reducción de pobreza pasa por retomar esta capacidad innovadora y de decisión política. Lo hemos hecho en el pasado, debemos volver a hacerlo. Es posible.

La propuesta de Brasil al Grupo de los 20, para impulsar una Alianza Global Contra el Hambre y la Pobreza, es un excelente paso en este sentido.

Para ello, será fundamental entender y medir mejor las múltiples formas y dimensiones de la pobreza; asegurar una efectiva coordinación interinstitucional para el diseño e implementación de políticas, y afinar la focalización y asignación de recursos, a través de nuevos instrumentos de planificación.

Dado el contexto de bajo crecimiento económico y limitado espacio fiscal, la eficiencia es clave para acelerar logros significativos.

Asegurar que las personas en situación de pobreza tengan las capacidades y oportunidades requiere de herramientas que capturen sus realidades y experiencias. Esto incluye las múltiples carencias que las afectan en las distintas dimensiones del bienestar, y que van más allá de la falta de ingreso.

No tener acceso a educación, agua o salud, entre otros, son privaciones importantes que pueden, o no, estar correlacionadas con tener dinero. Una persona puede tener ingresos suficientes para no ser considerada en condición de pobreza y, sin embargo, no tener acceso a atención sanitaria, porque no existe un hospital cerca de su comunidad.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) Global –lanzado en 2010 por PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y OPHI (Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano)– permite complementar la medición y el análisis de pobreza monetaria extrema con información sobre las múltiples dimensiones socioeconómicas.

El IPM ha sido adoptado por países alrededor del mundo como medida oficial de pobreza complementaria a las de ingreso. Presenta focos en las prioridades de cada país.

Convierte a las mismas en efectivas herramientas de política pública, las cuales permiten identificar con mucha más precisión quiénes son y dónde están las personas en situación de pobreza, y cómo varía según la edad, el género, el territorio y la etnia.

América Latina ha sido pionera en la adopción de IPM nacionales, con 12 países y dos grandes ciudades – Ciudad de México y Bogotá–. Puede volver a ser un referente en cuanto a la reducción de la pobreza.

El éxito de las transferencias monetarias condicionadas en el pasado significó un salto cuantitativo en la utilidad de los datos de pobreza monetaria.

Es momento de replicar este éxito ahora con nuevas políticas transformadoras que tengan el mismo efecto en la utilidad de los datos multidimensionales. Deben aprovechar las posibilidades de planificación, articulación de políticas y seguimiento que da la información que se obtiene de hacer uso complementario de ambas medidas.

En Honduras, por ejemplo, se utilizaron datos multidimensionales para identificar mejor a la población con mayores vulnerabilidades como consecuencia de la Covid-19. Esto les permitía guiar de forma más precisa los apoyos monetarios.

Por otro lado, una articulación clara entre otras políticas nacionales y los objetivos de reducción de pobreza será también crucial para alcanzar un mayor impacto.

Políticas como las de productividad, energía o cambio climático son muchas veces definidas de manera sectorial, a pesar del potencial que tienen para acelerar la reducción de la pobreza. Es necesario formalizar estos vínculos.

Igualmente, es importante invitar a otros actores a incorporar estos análisis y acciones, con el objetivo de acelerar la reducción de la pobreza como parte de las estrategias de desarrollo.

Por ejemplo, el gremio de los productores de gas natural de Colombia (Naturgas) creó un índice de municipios estratégicos que incorpora de manera explícita una dimensión de equidad.

Incluye variables relacionadas con la pobreza junto a las variables de negocios que usa la empresa privada para sus decisiones. Este índice genera incentivos para invertir en zonas de mayor pobreza, al tiempo que respeta la búsqueda natural de utilidades de estas empresas.

Si queremos retomar la senda hacia la erradicación de la pobreza en sus múltiples dimensiones, debemos poner de vuelta la agenda de pobreza y desigualdades en la agenda pública.

Y con ello promover espacios de diálogo, colaboración y consensos en torno a políticas públicas innovadoras y transformadoras, las cuales nos permitan avanzar hacia sociedades más igualitarias e inclusivas.

Sólo así podremos lograr caminar hacia un desarrollo sostenible en ALC, así que no esperemos más y demos juntos el salto en innovación pública que precisamos para un bienestar y desarrollo humano que no deje a nadie atrás.

*Michelle Muschett es directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sabina Alkire es directora de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oxford

Michelle Muschett y Sabina Alkire*/Inter Press Service (IPS)**

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