Un mes después de ocurrida la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, elementos de un área de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon la escena del basurero de Cocula, reveló el Tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Dicho lugar fue donde, según la supuesta “verdad histórica” –que falsamente confeccionó la Procuraduría General de la República–, habrían sido incinerados los cuerpos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Además, la llamada anónima con la que inició las investigaciones nunca existió.

Al menos 12 marinos realizaron un operativo en el que manipularon tres bultos en la parte alta del basurero. Lo elementos iniciaron la operación desde las 06:39 hasta las 08:45 horas del 27 de octubre de 2014 –un mes antes, el 26 de septiembre, ocurrió la desaparición de los normalistas–, revelaron los expertos durante la presentación del informe. Ello se confirma con videos realizados por un dron de la propia Semar (videograbaciones que duran más de 100 horas y que habían sido clasificadas como secretas). El dron sólo pudo haber sobrevolado bajo la orden del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, o el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz.

“De dicho recorrido no hubo constancia en las investigaciones” realizadas por las autoridades, indicó la abogada Ángela María Buitrago Ruiz –integrante del GIEI–; ello, porque la Secretaría de Marina declaró en las investigaciones sólo haber fungido como cordón de seguridad y que sus elementos habían hecho labor de buceo en la zona para rastrear los restos. “Hay evidencia de que desde el 4 de octubre el basurero estaba custodiado por policías estatales”.

En la filmación también se reveló que dos horas después de iniciado el operativo, un convoy de seis vehículos de la Procuraduría General de la República se dirigieron al basurero, en uno de los cuales se encontraba el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

Asimismo, los expertos informaron que la llamada anónima realizada el 25 de octubre para indicar la supuesta localización de los cuerpos de los normalistas en el basurero e iniciar las investigaciones fue falsa. Fue fraguada “de forma intencional” y bajo la orden de un directivo perteneciente a la Unidad Antisecuestros de la PGR.

La abogada Buitrago Ruiz aseguró que el gobierno federal de aquel momento montó una simulación con la cual se apoyó la construcción de la versión oficial de la PGR, que aseguraba que los normalistas fueron asesinados y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula.

Otro de los descubrimientos presentados este lunes 28 de marzo fue la falsedad del acta de hechos donde se aseguraba que habían encontrado restos de los normalistas en el Río San Juan, pues la ministerio público que habría dirigido la diligencia tampoco estuvo en el lugar de los hechos; se encontraba en la Ciudad de México.

Asimismo, la experta dijo que el 26 y 27 de octubre se realizaron seis privaciones de la libertad antes de que existiera un expediente sobre el Río San Juan. Las detenciones estuvieron a cargo de elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos, la PGR y la Marina. Todo sin base jurídica.

Por otro lado, la abogada Claudia Paz y Paz indicó que los estudiantes sí fueron presentados en barandillas. La experta dijo que los documentos a los que tuvieron acceso constataron la presencia militar. “Las autoridades militares instruyeron procesos disciplinarios y sancionaron a dos de sus integrantes que omitieron información sobre su presencia esa noche en barandillas”. Procedimientos que tampoco se informaron en la investigación efectuada por la FGR.

Además, precisó que las comunicaciones de actores relevantes en el caso  fueron intervenidas por el Ejército y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Aunque los organismos supieron en tiempo real sobre los acontecimientos, no informaron a las autoridades que llevaban la investigación.

Por otro lado, el abogado Francisco Cox Vial denunció que debido a la destrucción de evidencia se desconoce aún el paradero de los 43 normalistas. Además, recomendó al CNI y a la Secretaría de la Defensa Nacional que entreguen toda la información que sea de utilidad para continuar con la investigación, pues aún hay documentos que se niegan a entregar.

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