Defensores de derechos humanos y familiares exigieron justicia por las víctimas directas de la estrategia contrainsurgente que encabezaron gobiernos priístas en el periodo de la Guerra Sucia. Entre 1965 y 1990, las administraciones federales fueron responsables de la desaparición de centenas de disidentes políticos, años en los que México fue gobernado por los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
Para visibilizar la gravedad de las violaciones graves a derechos humanos cometidas por el PRI en el gobierno, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el proyecto SITU Research de Nueva York reconstruyeron visualmente los llamados “vuelos de la muerte”, que se ejecutaban para desaparecer los cuerpos de los disientes políticos asesinados por agentes del Estado mexicano.
A partir de sus investigaciones, ambos organismos indicaron que existen evidencias de que en la base aérea militar Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero, eran detenidas las personas consideradas como disidentes del régimen político –estudiantes, activistas, guerrilleros, campesinos, académicos, profesionistas–, para posteriormente ser ejecutados y arrojados al mar.
La información muestra que, tan sólo de 1975 a 1981, se detectaron más de 200 vuelos realizados en dos aviones Aravá 201s de origen israelí. De ellos, 30 fueron identificados como “vuelos de la muerte”. Cada uno de esos 30 viajes era usado para transportar al menos cinco cadáveres.
Los vuelos del Ejército eran clasificados como “nocturnos” y “locales”. Contenían información de la fecha, tiempo total de vuelo, lugares de salida y de entrada y la identificación de la aeronave, señaló la investigación del video reconstruido por el Centro Prodh y el proyecto SITU Research.
“Los vuelos de la muerte inicialmente llevados a cabo bajo órdenes directas de los generales [Mario Arturo] Acosta Chaparro y [Francisco] Quirós Hermosillo, según la investigación militar, se produjeron repetidamente durante un periodo de seis años, en un número no revelado de vuelos”.
Al analizar los hechos, las organizaciones señalan que los cuerpos no habrían sido arrojados a más de 200 kilómetros de la costa de Guerrero. Y debido a la magnitud de la herida histórica, el Centro Prodh, así como los familiares de las víctimas, continúan exigiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que reabran los documentos y esclarezcan el paradero de los desaparecidos.
“Mientras el Ejército se niega a revelar información de personas que fueron detenidas en pie de la cuesta, asesinados y sus cuerpos dispuestos en el mar. La identidad y el paradero de estas, pueden estar en los archivos”.
La investigación presentada por el Centro Prodh recopila la información proporcionada por algunos elementos de la Sedena, en colaboración con testigos que han declarado información para encontrar el paradero de la joven Alicia de los Ríos Merino, quien fue militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, aún desaparecida.
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