Tras la detención de Lambertina Galeana Marín, exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa investiga la desaparición de videos del Palacio de Justicia de Iguala, grabaciones que podrían haber sido clave para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos forzadamente.

“Algunos de los autobuses en los que viajaban los jóvenes se detuvieron en el Palacio de Justicia y después desaparecieron los videos del Palacio de Justicia; presuntamente sí existían, pero se borraron por fallas técnicas o [por] la magistrada, según la Fiscalía Especializada”, declaró la primera mandataria.

Sheinbaum Pardo subrayó que la detención de Galeana Marín, de 79 años, responde a una exigencia constante de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, quienes durante años han señalado la desaparición de dichas grabaciones como un posible acto de encubrimiento institucional.

“Lo que está investigando es por qué esos videos se borraron y esa es la presunta acusación que se le está haciendo a la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Ese es el motivo que los padres y madres, desde hace tiempo, habían estado planteando”, agregó la jefa del Ejecutivo federal.

La detención se llevó a cabo el pasado 14 de mayo, como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad; con ello, se abre una nueva fase en las investigaciones sobre la posible responsabilidad de autoridades judiciales en la obstrucción del caso.

Finalmente, la presidenta enfatizó que el avance en las indagatorias dependerá de la labor conjunta de la Comisión Especial de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa, quienes encontraron nuevos elementos que apuntan a la responsabilidad de la exmagistrada.

La detención de Galeana Marín representa un avance en el esclarecimiento del caso, que lleva más de una década sin ser resuelto, y refuerza las exigencias de justicia de los familiares de las víctimas, quienes han denunciado reiteradamente omisiones y encubrimientos por parte de autoridades locales y federales.

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