Dos auditorías internas de la UNAM revelan irregularidades por más de 1 millón 300 mil pesos en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Semanas antes de que Luis Raúl González Pérez dejara la CNDH,  el Instituto celebró un convenio con este organismo autónomo que dio cobijo a “investigaciones” por adjudicación directa que nunca se entregaron. Además, se pagaron viáticos injustificadamente

La Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) documenta irregularidades por 1 millón 373 mil 500 pesos en cuentas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (Iisue). Dos auditorías internas señalan adjudicaciones directas en investigaciones que no se encuentran y pagos de viáticos sin justificar, para trabajos de campo no autorizados y de los que no hay informes de resultados.

El Iisue se embarcó en una investigación distinta a la que reza su misión formal: “generar y difundir conocimientos originales sobre la universidad y la educación en todas sus modalidades y niveles”, pues formalmente participó en una investigación solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), titulada “Estudio sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Policía Federal”. A su vez, el Iisue subcontrató a un tercer actor para que realizara encuestas, de las que no se tienen los resultados.

Semanas antes de que Luis Raúl González Pérez dejara la Presidencia de la CNDH, al final de 2019 –y se refugiara en la UNAM como coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos–, el organismo autónomo y el Iisue celebraron dos convenios que estuvieron vigentes del 24 de septiembre al 30 de octubre de ese año.

De todo da cuenta la auditoría interna A029/2018-AR-B3, practicada por la Contraloría de la UNAM al Iisue. Tales convenios –uno específico de colaboración y otro modificatorio– importaron un monto de 1 millón 720 mil 800 pesos. Y ampararon la contratación de servicios que realizó la Universidad a terceros.

Del total de recursos erogados por estos convenios, un total de 989 mil 300 pesos correspondieron a “trabajos de campo, servicios profesionales independientes y honorarios de apoyo académico”.

Los trabajos contratados se adjudicaron de manera directa, cuando debieron ser –según la normativa– por invitación a concurso a cuando menos tres personas, subraya la auditoría.

Al detalle, los auditores de la Contraloría –dependiente del Patronato de la UNAM– destacan el caso de 394 mil pesos que se pagaron bajo contrato por concepto de “trabajos de campo para el estudio sobre la situación de los derechos humanos en la Policía Federal”.

En particular sobre este punto, los examinadores detectaron que no se realizó una solicitud interna de estos trabajos, cotizaciones sobre los estudios, ni orden de servicio ni contrato validado por la instancia jurídica del Instituto. Tampoco se realizaron estudios de mercado para garantizar las mejores condiciones para la Universidad. A todo lo anterior le obligaba la normatividad.

Asimismo, se careció del oficio de solicitud de propuestas donde se especificaran las características de lo solicitado ni los tiempos de entrega. Menos aún se tuvo conocimiento de la asociación contratada presentara una propuesta de manera formal. Ni siquiera se “obtuvo evidencia de la notificación de la adjudicación de los servicios adquiridos”.

Finalmente no hay evidencia de los trabajos realizados. De lo que sí hay constancia es del pago de los trabajos, traslados, hospedaje, alimentos y pasajes locales, “por lo que el pago se efectuó sin verificar y dejar evidencia de la recepción del servicio realizado”.

En cada punto, el Iisue violó diversos artículos de la Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de las Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Más aún, se pagaron “honorarios adicionales” por 243 mil pesos, entre ellos 114 mil 400 pesos entregados al personal entrevistado (policías federales) por concepto de “Aplicación de los instrumentos cuantitativos y de las entrevistas semiestructuradas al personal seleccionado para el Estudio, para verificar el cumplimiento de sus derechos humanos en los diversos estados de la República seleccionados para el levantamiento de la información”.

La Contraloría demanda al Iisue, como primera “acción correctiva”, “presentar los expedientes completos, debidamente integrados de las operaciones observadas, con la evidencia documental de que las áreas requirieron los servicios indicados, mediante la solicitud previa de compra respectiva, así como la documentación que sustente la entrega de las cotizaciones debidamente requisitadas por parte de los proveedores y el cuadro comparativo correspondiente”.

Entre otras seis “acciones correctivas” ordenadas por la Contraloría de la UNAM, destacan: “presentar el contrato debidamente validado por las instancias jurídicas correspondientes, en su caso, los motivos por los cuales no se cuenta con ese documento”; así como “proporcionar evidencia documental fehaciente de la recepción de los servicios recibidos a entera satisfacción de las áreas solicitantes o, en su caso, la devolución de los recursos”.

Con respecto de las tres “acciones preventivas”, destaca que, “en lo sucesivo, asegurarse de que todos los expedientes contengan los documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad institucional de adquisiciones, implementando mecanismos de control, como pudiera ser un formato a manera de lista de verificación”.

Viáticos a diestra y siniestra

Otras irregularidades están documentadas en la auditoría interna A029/2019-AR-B3. El periodo revisado es del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2019.

En seis operaciones, faltan requisitos documentales por 192 mil 600 pesos, pues no se proporcionaron las cotizaciones respectivas. Y en otros 13 casos, por 555 mil 500 pesos, que sí cuentan con cotizaciones, carecen de alguno de los otros requisitos establecidos en la normatividad. Y en otros siete, por 231 mil 400 pesos, las órdenes de compra no se requisitaron conforme lo señalaba el propio formato.

Las irregularidades se encontraron en las partidas 211 (Viáticos para el personal), 212 (Pasajes Aéreos) y 215 (Gastos de Trabajo de Campo). Los auditores sólo revisaron el 36 por ciento del total de presupuesto para estos rubros.

Entre las omisiones y anomalías se encuentran la entrega de viáticos sin que se contara con los oficios o cartas de autorización. Otros no contaron con los seguros de viaje o sólo con periodos parciales, “situaciones que generaron que el personal y los participantes no estuvieran respaldados con la póliza de seguro respectiva, en caso de alguna contingencia”.

Asimismo, en el caso de cuatro boletos de avión, no se acreditó por qué se eligió a la aerolínea Aeroméxico. De tal suerte, no se acreditó que se realizara la mejor compra para los intereses de la Universidad. El monto pagado por estos boletos fue de 188 mil 600 pesos.

También se encuentran viáticos que nunca fueron comprobados, “por lo que no fue posible verificar que los recursos fueron utilizados para los fines que fueron solicitados”. Incluso se detectó que se compraron “artículos personales” por 6 mil 600 pesos.

Entre las cinco “acciones correctivas” determinadas en esta auditoría, se encuentra que el Iisue debe “presentar los expedientes completos, debidamente integrados, de las operaciones observadas”. También, justificar que los boletos de avión comprados a Aeroméxico eran los “económicos”.

Con respecto de las “acciones preventivas”, se advierte que “en lo sucesivo, asegurarse de que todos los expedientes contengan los documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad institucional de adquisiciones, implementando mecanismos de control, como pudiera ser un formato a manera de lista de verificación”.

Contralínea solicitó entrevista con el director del Iisue, Hugo Casanova Cardiel, quien dirige la institución desde el 27 de noviembre de 2018. La dependencia informó que una entrevista sobre las irregularidades detectadas por la Contraloría universitaria sólo podría ser autorizada por la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la Universidad. A su vez, en esta oficina se informó que el Iisue prepararía un documento al respecto. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

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