Mientras existan la oferta y demanda de drogas y mercancías ilegales, así como la desigualdad económica entre el norte y el sur, las redes criminales de las Américas seguirán traficando mercancías ilícitas con fines lucrativos y socavando la seguridad del continente. Imposible, erradicarlas bajo las condiciones actuales

En América Latina y el Caribe, nuevas redes criminales reemplazan regularmente a las que se degradan o eliminan, y surgen nuevos productos a medida que cambian los mercados y las oportunidades de obtener ganancias ilícitas. Ello dificulta erradicar a los grupos del crimen organizado trasnacional, reconoce el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Asegura que “existe dificultad general en la elaboración de respuestas políticas y de  cooperación para combatir las redes criminales en América Latina. Por parte del gobierno de Estados Unidos, los gobiernos regionales y las poblaciones locales, a menudo existen intereses bastante divergentes”.

Advierte que, “como lo demostraron repetidamente los resultados desiguales de años de cooperación y transferencia de habilidades, es un error suponer que los socios locales, necesariamente comparten las prioridades estadounidenses”.

Admite que durante años de “guerra” contra las drogas ha habido una expectativa política de que las redes criminales de las Américas pueden ser completamente desmanteladas y desaparecidas (en particular, apuntando a la mercancía que trafican). Sin embargo, señala que este enfoque se basa en una percepción militar de enemigos que pueden ser completamente derrotados, en lugar de reconocer que los incentivos económicos y sociales pueden impulsar la dinámica criminal en la región.

Los legisladores estadunidenses, por ejemplo, suelen estar más preocupados por delitos transaccionales como el narcotráfico internacional y el tráfico de migrantes; los gobiernos anfitriones a menudo están motivados por asegurar la supervivencia de las élites y el dominio político, mientras evitan la presión de  Estados Unidos, que a menudo pueden disminuir al cumplir con los intereses de este país de manera superficial.

Mientras tanto, es probable que las comunidades locales se concentren más en el costo de los delitos “depredadores”, como la corrupción menor, la extorsión criminal, el asesinato y el secuestro, indica.

El informe Redes criminales en las Américas (2022), de la American University, Washignton DC, en colaboración con la fundación InSight Crime, como parte de un proyecto respaldado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, establece tres tipos principales de redes criminales en las Américas que socavan la seguridad regional en general, y del país vecino en particular.

El informe perfila 19 de las más de 100 redes criminales, con base en más de 200 entrevistas con autoridades policiales, judiciales, fiscales, académicos y expertos en delincuencia organizada; análisis de casos judiciales, informes de inteligencia, documentos regulatorios, informes de código abierto sobre el crimen organizado, incluida la extensa base de datos de InSight Crime. Algunas todavía están activas, y otras ya han sido desmanteladas.

Las redes criminales en las Américas encajan en tres grandes tipos: aquellas motivadas centralmente por el capital político integradas al Estado; los motivados principalmente por lazos sociales y capital social; y aquellos que operan bajo la figura empresarial para asegurar el capital económico.

Igual, describe varias de estas redes, características, su ethos central e identidad; sus aspectos económicos, sociales y base política; su modus vivendi, su uso de la violencia, su estructura y modus operandi, y conexiones entre los nodos (individuos o grupos) dentro de cada una de las principales redes, así como entre la red y otras redes e individuos.

El informe fue coordinado por Steven Dudley, codirector de InSight Crime,  Matthew Taylor, profesor asociado de la Escuela de Servicio Internacional de la Universidad Americana, y Annie Pforzheimer, quien pasó más de 30 años trabajando para el Departamento de Estado.

Redes criminales integradas en el Estado

Están integrados en los órganos electos, las fuerzas del orden, las entidades judiciales, las agencias reguladoras y otras partes del gobierno; utilizan el poder estatal para enriquecerse a sí mismos y a sus socios a través de esquemas criminales y corruptos, para socavar sistemáticamente el estado de derecho y los poderes regulatorios, a fin de proteger sus actividades y garantizar la impunidad.

“Estas redes son las más difíciles de abordar para el gobierno de los Estados Unidos porque son, por definición, sus contrapartes. También pueden jugar un doble juego, empleando sus recursos para luchar contra algunas actividades delictivas, que pueden corresponder a los intereses de Estados Unidos”, considera el informe.

El análisis identifica cinco redes integradas en el Estado: el Clan Urbina Soto en Honduras; los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad  (CIACS), de Guatemala; el Cártel de Los Soles, en Venezuela; la Red Horacio Cartes, en Paraguay; y Red Bouterse, en Surinám.

Explica que su principal motivación es obtener y mantener el poder sobre partes clave del Estado a través de sus representantes electos o sus burocracias. De esta manera, la red puede acumular rentas de diversas de actividades delictivas, incluido el flujo de bienes y servicios ilícitos, así como a través de esquemas de corrupción y chantaje que involucran tanto recursos estatales como esquemas de sobornos del sector privado.

Tal es el caso del Clan Urbina Soto en Honduras, cuya base de poder se estableció cuando un miembro del clan se convirtió en alcalde de Yoro, la pequeña ciudad capital del estado del mismo nombre. Tras el asesinato del alcalde, tres de sus hijos pronto comenzaron a traficar, participando en redes internacionales que utilizan Honduras para el tránsito y almacenamiento de drogas.

Por ejemplo, utilizaron la oficina del alcalde para controlar quién dirigía la agencia reguladora ambiental local, de modo que su tráfico de madera pudiera eludir las regulaciones.

Las redes criminales integradas en el Estado son dinámicas pero logran cohesión a través de la afiliación política o la afiliación burocrática y extraen su poder de su control sobre partes del Estado.

Poderosas élites políticas y económicas, a veces miembros de clanes familiares, a menudo asumen roles de liderazgo, pero su base de poder proviene de su control sobre partes clave del aparato político, regulatorio y de seguridad, refiere el informe.

Uno de esos ejemplos de élites burocráticas integradas en el Estado son los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad  (CIACS), poderosos grupos de militares actuales y retirados que establecieron puntos de apoyo en varias partes del gobierno de Guatemala donde establecieron lucrativos esquemas de corrupción.

Los CIACS son jerárquicos pero también dinámicos. Se ajustaron cuando los miembros fueron removidos (o retirados), por ejemplo, estableciendo sus propios partidos políticos, grupos de interés y servicios especializados desde los cuales podrían continuar influyendo en el estado desde adentro.

Eventualmente, esto catapultó al menos a un poderoso bloque de la CIACS a la presidencia bajo Otto Pérez Molina. También mantuvieron un dominio absoluto sobre algunos de los cuellos de botella más importantes para actividades delictivas y corruptas, como la oficina de aduanas, los puertos y las prisiones.

Redes criminales de circunscripción social

Surgen de un electorado social, construido sobre circunstancias compartidas, herencia y/o creencias políticas, y crean redes criminales que promuevan los intereses del electorado. Pueden brindar protección contra grupos criminales rivales y un estado depredador, al mismo tiempo que brindan herramientas para el avance social y económico.

El electorado social dentro de este espacio, ya sea una prisión, un barrio oprimido o una aldea rural pobre, es la principal fuente de poder de la red y, a menudo, su fuente de ingresos,  se basan en varias economías criminales, pero su base de poder es decididamente de naturaleza social y política. Estas redes surgen y operan en áreas donde el gobierno está ausente, corrupto o inepto, y a menudo asumen algunos de los roles del estado, incluido el uso extremo de la violencia para ejercer control sobre el territorio.

De alguna manera, similares a grupos fraternos, vecinales o religiosos, estas redes han compartido experiencias, condiciones de vida y un conjunto de circunstancias que las unen en una comunidad criminal cohesiva.

Su principal motivación es reforzar estos lazos sociales compartidos, establecer reglas comunales y abrir caminos para el avance social y económico. Lo hacen ante todo obteniendo y ejerciendo control sobre un espacio particular y el electorado social dentro de él.

Los investigadores identificaron ocho redes criminales de circunscripción social: el Primer Comando de la Capital, en Brasil; Mara Salvatrucha, en Centroamérica; Soldados sin Límite, en Curazao; Ducha Grupo; Urabeños, Ejército de Liberación Nacional, y exguerrilleros de la FARC, en Colombia, y Barrio Rey, en Perú.

La red criminal de base social más avanzada y amenazante de las Américas es el Primer Comando Capital (PCC), nació en el sistema penitenciario de São Paulo.

Las prisiones eran en gran parte espacios sin gobierno donde los presos depredadores y los guardias de prisiones dominaban y un estado opresivo ejercía una violencia extrema cada vez que había disturbios o levantamientos en las prisiones.

El PCC derrocó el sistema con su propia violencia extrema, luego estableció procedimientos para prevenir el acoso depredador, establecer un proceso de cumplimiento claro y mantener a raya al Estado.

Su retórica presentaba al gobierno como el enemigo y creaba un mundo paralelo donde los criminales podían robar, vender ciertas drogas y vender contrabando dentro de sus propias reglas de enfrentamiento. A veces se refieren a este colectivo como partido  (La Fiesta).

Este fue el caso con Barrio Rey en Perú. La red tomó el control de las cárceles locales, llegando a un acuerdo informal con las autoridades para mantener el orden. Solo más tarde aprovechó su fuerza carcelaria para controlar un centro de tráfico vital: el puerto de Callao. Con el tiempo, la red amplió sus conexiones políticas para incluir a jueces, fiscales, militares y políticos.

Barrio King dependía de una combinación de depredación (extorsión dentro de las prisiones e impuestos a los traficantes que usaban los puertos) y espíritu empresarial (algunos miembros eventualmente comenzaron a participar en el tráfico de cocaína a través de los puertos).

Barrio King obtuvo su poder de su capacidad para controlar dos espacios físicos: las prisiones y el puerto, así como los distritos electorales de prisioneros y criminales dentro de ellos.

Este es también el caso de Urabeños, la red criminal más prominente de Colombia cuyos orígenes son un grupo de vigilantes convertido en ejército paramilitar que trabajaba contra las insurgencias de izquierda, a menudo en conjunto con el ejército y la policía. Si bien eran un ejército delegado del gobierno, operaban fuera de los límites del Estado.

Sus electores eran en su mayoría terratenientes adinerados, grandes empresarios y políticos de derecha, pero también se basaban en una ideología anticomunista profundamente arraigada en Colombia. Y a diferencia de la guerrilla, nunca titubearon sobre si debían ingresar a mercados criminales como el narcotráfico.

Tal vez la versión más cruda de una red de electores sociales proviene de los barrios marginados de Curazao, donde los Soldados Sin Límite (NLS), organización comunitaria que se convirtió en una empresa de tráfico cuando su líder inicial se distanció del grupo cuando hizo este cambio y comenzó a ayudar a sus socios en otras partes del Caribe, Panamá y Brasil a mover pequeños envíos de cocaína a Europa.

Tras el arresto de algunos de sus principales miembros, algunos elementos de la NLS ahora tienen su base en el extranjero, mientras que otros permanecen activos en Curazao, donde el grupo sigue dependiendo de su electorado social en las zonas más pobres de la isla como base para su poder.

Redes criminales de emprendedores

El tercer tipo de red criminal transnacional en las Américas, las redes criminales empresariales, están impulsadas por el mercado, motivadas por obtener ingresos en uno o más mercados en los que operan.

Los flujos de ingresos son la fuente principal de su poder. Están diseñados como una empresa comercial con múltiples formas y una estructura suelta, lo que les permite maximizar  ganancias y minimizar el riesgo. En su mayoría proporcionan bienes y servicios ilícitos de toda índole, pero a veces son depredadores y a menudo emplean la violencia.

Si bien el núcleo de estas redes suele ser una o más familias muy unidas – que les brindan muchas ventajas integradas en términos de confianza, reclutamiento y resolución de conflictos – estas redes se rigen por motivos de lucro y derivan su poder del capital económico.

Además de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (que se abordan por separado en otra entrega), el informe incluye dentro de las redes criminales empresariales a la NTR-Elemental, de Perú; Los Monos, de Argentina; Figueroa Red, de Puerto Rico y República Dominicana y Kan Red, en Guyana.

Los clanes también son comunes entre las redes empresariales en Argentina, donde la familia Cantero, más conocida como Los Monos, opera. Con sólo unos 20 miembros de la familia principal y algunos socios cercanos, Los Monos es una operación minúscula en comparación con sus pares de la red empresarial mexicana, que involucran a cientos, si no miles.

Sin embargo, la red de Los Monos se extiende a varias partes de Argentina donde abastece con cocaína y sus derivados al vibrante mercado local de drogas, y asiste a otras redes locales e internacionales que mueven drogas al exterior.

También ha logrado corromper a funcionarios policiales y judiciales clave, construyendo capital político. Finalmente, es más violento que la mayoría de los grupos en el país, algo que constantemente ha colocado a su ciudad natal de Rosario entre las ciudades más homicidas de Argentina.

De hecho, las redes empresariales tienen un tremendo alcance y flexibilidad, como lo demuestra la red NTR-Elemetal de contrabando de oro y lavado de dinero con centro en Perú.

Si bien la red tenía varios actores centrales, en realidad era una serie de nodos entrelazados que operaban en América del Sur, que cambiaron a medida que cambiaba la aplicación de la ley.

Cuando las autoridades peruanas tomaron medidas enérgicas contra el oro de origen ilegal, por ejemplo, los corredores de la red simplemente desviaron el mismo oro a través de los vecinos Bolivia y Ecuador.

En total, la red lavó más de 3 mil millones de dólares en oro ilegal en el mercado internacional a través de sus conexiones en los Estados Unidos, dependiendo de una cadena de suministro masiva y variada, funcionarios corruptos y comerciantes internacionales sin escrúpulos en todo el continente, hasta que algunos de los miembros principales fueron arrestados y condenados.

Las redes criminales empresariales no buscan suplantar al Estado, financian a políticos y movimientos que apoyen sus intereses comerciales. Este fue el caso de la Red Figueroa Agosto, un grupo de base familiar que operaba principalmente en Puerto Rico y República Dominicana.

Las redes empresariales también proporcionarán servicios y donaciones para asegurar y mantener la legitimidad con la población como un medio para ganarse la buena voluntad. De esta manera, se asemejan a sus contrapartes en negocios legítimos.

En los casos más extremos, como el del Red Khan en Guyana, pueden presentarse como luchadores contra el crimen. La red estaba vinculada al presidente, al ministro del interior y al ministro de salud, quien luego se convirtió en ministro de agricultura.

Ese último ministro era un supuesto intermediario del llamado “Escuadrón Fantasma”, el grupo de ejecución de Khan que incluía a la policía activa. Aun así, la base criminal de Khan estaba menos conectada con el Estado que con sus orígenes empresariales.

Además de drogas, la red de Khan traficaba armas a Guyana, que cambiaba por cocaína que luego ayudaba a pasar de contrabando a Estados Unidos y Europa.

Cuando su nombre apareció en una investigación, Khan se presentó a sí mismo como una extensión del Estado, argumentando que había desempeñado un papel en mantener bajas las tasas de criminalidad. Pero no contó con la protección del gobierno, como la tuvo Bouterse. En cambio, huyó del país y fue arrestado.

Al final, los desafíos que presenta la red empresarial se deben principalmente a su acumulación de ganancias, que buscan activamente convertir en legitimidad política y social.

Y a medida que sus ganancias ilícitas se convierten en una parte clave del crecimiento económico regional y, a menudo, nacional, suplantarlos tiene un costo político y económico cada vez mayor para los estados que los enfrentan.

Además, la red criminal empresarial tiene una estructura dinámica, dependiendo del mercado criminal, la fortaleza del estado donde opera y su historia. Si bien algunos comenzaron como jerarquías estándar más integradas verticalmente, la mayoría ahora tiene una jerarquía regional y, en algunos casos, se aproxima más a la jerarquía similar al Cártel de Sinaloa.

En territorios ricos en aplicación de la ley, la red empresarial puede dividirse aún más en células independientes, con poco o ningún contacto o comprensión de toda la operación. Por lo tanto, la jerarquía cambia a medida que cambia el entorno de aplicación de la ley.

Difícil, erradicar redes criminales

Para mitigar el poder del crimen organizado, el informe formula recomendaciones específicas en torno a los tres tipos de redes criminales. En cada caso, propone que los recursos se destinen a reducir o debilitar su principal fuente de capital.

En resumen, con redes integradas en el Estado, plantea enfatizar la regulación legal aplicada de manera consistente y apoyo internacional a organismos locales que se enfocan en las élites que fomentan la corrupción, socavan sistemáticamente el desarrollo de instituciones fuertes e independientes y aseguran la impunidad para ellos y sus aliados.

Para luchar contra las redes de electorado social, sugiere generar apoyo popular contra el comportamiento delictivo mediante la provisión de las protecciones básicas y las comunidades que estas organizaciones criminales brindarían de otro modo a sus electores.

Y para las redes empresariales comerciales, propone emplear políticas de reducción de la demanda en casa (Estados Unidos), y para aumentar los costos de la empresa criminal y reducir visiblemente los beneficios tanto para las redes criminales como para sus clientes.

De esa manera, puede ser posible reducir los riesgos de que las redes usen su poder económico para expandir su capital político y social, y así socavar su resiliencia.

Los formuladores de políticas también deben desincentivar a los posibles aliados políticos y burocráticos de élite, así como desarrollar campañas públicas para socavar las narrativas de “Robin Hood” con respecto a la generosidad social y la asistencia pública brindada por la red criminal.

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