Votada por 266 votos a favor y 212 en contra, tras una sesión de más de 15 horas, la Ley de Ingresos de la Federación pasará a ser la más polémica de las últimas décadas. A pesar de contemplar un endeudamiento público histórico, no estará exenta de determinados riesgos económicos, como la probable caída en el ahorro interno por el incremento al gravamen a las ganancias de los inversionistas.
En lo que algunos legisladores calificaron como un impuesto al ahorro, por cada mil pesos de rendimiento, el ahorrador debe pagar un peso cincuenta centavos. Sin embargo, tal cantidad se incrementará a cinco pesos.
Esto –se teme– desalentará las inversiones, sobre todo, de renta fija y el ahorro bancario. En particular, si se considera que datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) establecen que sólo cuatro de cada 10 mexicanos tienden a meter su dinero en inversiones. El promedio de las cuentas a plazo fijo representa 30 mil pesos.
Pero no son sólo algunos legisladores, sino organismos empresariales a través de su Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). De igual manera, vislumbran escenarios no muy viables para la economía nacional, sobre todo, si tomamos en cuenta los compromisos que el nuevo gobierno deberá asumir en el 2025.
De acuerdo a los analistas del CEESP, las finanzas públicas han ido experimentando un deterioro constante desde 2018 al 2022. El gasto público creció un 2.7 por ciento del producto interno bruto (PIB). En tanto, los ingresos aumentaron únicamente en un 1.5 por ciento en el mismo periodo. Esto, sin considerar que el déficit fiscal subió 2.1 por ciento del PIB en 2018, y 3.3 por ciento en 2022. Se estima que en 2023 llegue a 3.7 por ciento.
De hecho, el paquete económico –establecido por las autoridades hacendarias y aprobado por los legisladores de mayoría en el Congreso de la Unión– contempla un aumento del déficit fiscal desde el 3.3 por ciento a 4.9 por ciento del PIB en 2024. Equivale a 1 billón 693 mil millones de pesos. Es considerado el mayor saldo en contra en 36 años.
Otro de los puntos que causó intensos debates fue la autorización de un endeudamiento interno por 1 billón 990 mil millones de pesos. Amén de que el endeudamiento externo del Sector Público –donde se contempla al gobierno federal y la Banca de Desarrollo– contempló un techo de endeudamiento de 18 mil millones de dólares en la Ley de Ingresos 2024.
De acuerdo a la iniciativa que pasó sólo con tres reservas aprobadas en el pleno, se prevén ingresos por 9 billones 66 mil 458 millones de pesos. De los cuales, 55 por ciento provendrá del pago de impuestos equivalentes a 4 billones 900 mil millones de pesos. En tanto, 2 billones de pesos tendrán su origen en la emisión de deuda. Elevarán este rubro al techo más alto en los últimos 34 años. El resto será cubierto con los ingresos de la renta petrolera.
De esta forma, se pronostica que el saldo de la deuda del sector público pasará de 10 billones 500 mil millones de pesos en el 2018 a 17 billones de pesos para el 2024. Esto es un aumento del 70 por ciento en lo que va del actual sexenio.
Aunque, de acuerdo a las estimaciones oficiales, los ingresos presupuestarios crecerán 0.8 por ciento. Mientras que los gastos presupuestarios se elevarán en 7.8 por ciento. Sobre todo, en el aumento contemplado a las pensiones de los adultos mayores.
No deja de llamar la atención que, por segundo año consecutivo, el proyecto de ley de ingresos de la federación no incluyó ni Miscelánea Fiscal ni modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Además, esta situación se da en la vorágine mediática por la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial que ascienden a más de 15 mil millones de pesos.
Para el CEESP, por ejemplo, debe contemplarse que las reservas preventivas del erario nacional –donde muchos de los fondos de estabilización han sufrido importantes mermas– podrían aumentar la vulnerabilidad ante imprevistos en un probable escenario adverso.
En la tribuna parlamentaria, legisladores señalaron que algunos de estos fondos de estabilización –como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)– casi han desaparecido.
Sin embargo, mientras los ahorradores pagarán tres veces más de ISR en 2024, Petróleos Mexicanos pagará menos impuestos. Ello genera un vacío a los ingresos en las arcas públicas por 10 mil millones de pesos. Afectará, sobre todo, a los ingresos de los estados y municipios.
La crítica radica en que, mientras a la ineficiente empresa productiva del Estado se le dará mayores recursos, 32 entidades y 2 mil 400 municipios se quedarán sin un importante monto de participaciones federales. El asunto parece la receta de un paracetamol a una enfermedad terminal, pues la deuda global de Pemex asciende a más de 10 mil 500 millones de dólares.
Asimismo, se estableció que las operaciones que realicen, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la reasignación de activos no generarán una enajenación para efectos fiscales. Pues se argumentó que se trata de una “redistribución interna”.
En el caso de la CFE, esto le evitará una carga fiscal a la enajenación de activos en materia de suministro y transmisión de energía eléctrica. Contemplará la salvedad de que, en caso de practicarse tal reorganización interna, no se interpretará como venta. Anulará la generación de una carga fiscal.
El golpe a los presupuestos de los estados y municipios busca ser amortiguado. Se les transfiere los recursos generados con la regularización de los llamados “autos chocolate” en el año fiscal 2022. Ello, de acuerdo a un convenio establecido por la propia Secretaría de Hacienda, mediante el mecanismo denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas).
El problema es que, según estimaciones, tales montos no superan siquiera los mil millones de pesos. Esto deja un boquete de 9 mil millones de pesos por las exenciones que se otorgarán a Petróleos Mexicanos.
Ante una debilidad en los ingresos públicos que en la primera mitad de este 2023 quedaron por debajo a lo proyectado, será recomendable emplear el gasto con cautela. Evitar en lo posible erogaciones innecesarias que comprometan la solidez fiscal en el año por venir, ante probables caídas en los ingresos. Sobre todo, si se considera que en 2025 habrá un nuevo gobierno que puede tener un arranque complicado si no se planea con responsabilidad a corto plazo.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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