En el contexto del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, organizaciones defensoras de los derechos humanos dan cuenta de 144 comunicadores asesinados del año 2000 a octubre de 2021. De éstos, 47 ocurrieron de diciembre de 2018 a la fecha
La vida de otro comunicador se apagó el pasado 29 de octubre: el fotoperiodista Alfredo Cardoso fue baleado en Acapulco, Guerrero. Sobrevivió apenas 48 horas después de ser atacado. Un día antes del atentado contra Cardoso, el periodista chiapaneco Fredy López Arévalo caía muerto en la puerta de su casa, luego de que un sicario disparara directo a su cabeza, en Chiapas.
Datos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del gobierno de México dan cuenta de que en el país han sido asesinados 144 periodistas en México, desde el año 2000 a la fecha.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha condenado, constantemente, los crímenes contra la prensa mexicana. En su comunicado más reciente, el organismo internacional se refirió al asesinato de López Arévalo y señaló que éste “representa un nuevo ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información de la sociedad mexicana”.
Para atender los problemas del hostigamiento, la persecución y el asesinato contra periodistas, el gobierno de México ha tomado medidas como el reforzamiento del Mecanismo de Protección, asegura a Contralínea el vocero y coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. “Se busca mejorar tanto la protección como el refugio, porque hay comunicadores que requieren moverse de su lugar de origen”.
Hermosillo y Veracruz, en alerta
En el contexto del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado el 2 de noviembre a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que van de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, indican 47 homicidios a periodistas. En seis entidades, se concentra el 61 por ciento de los delitos (29).
De estas, ocho, en Hermosillo, San Luis Río Colorado, Cajeme, Sonoyta, Guaymas, en Sonora; cinco en Zihuatanejo, Iguala, Acapulco, Zacatepec, en Guerrero; cinco en Actopan, Martínez de la Torre, Papantla, Tierra Blanca, Tezonapan, en Veracruz; cuatro en Huetamo, Morelia, Uruapan, en Michoacán; tres en Ecatepec, Tejupilco, Metepec, Estado de México; tres en San Agustín Loxicha, Huajuapan de León, Morro Mazatán, Oaxaca;
Ramírez Cuevas asegura que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en torno a la realización de investigaciones, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). Sin embargo, reconoce que aún prevalece un alto nivel de impunidad: “desgraciadamente, no se ha sentenciado a nadie todavía, pero ya al menos en cuatro casos hay detenidos y están en proceso, en un juicio”.
Con respecto a los asesinatos ocurridos en lo que va del actual gobierno, responde que “no hay grandes avances porque en muchos casos son temas de las fiscalías estatales; en otros, no está claro que haya sido por su vínculo periodístico, a pesar de que se sigan esas investigaciones. Entonces eso también genera problemas. Tenemos el dato de que la mayor parte de las agresiones provienen de gobiernos locales o de grupos del crimen organizado en las regiones, o de algunos sectores empresariales o económicos que se ven afectados por las denuncias que hacen los periodistas. Estamos en ese proceso”.
El Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), señala que el perfil de las personas periodistas víctimas de homicidio por tipo de nota publicada son: 15 policiaca; ocho, política; siete de información diversa y deportivo y cultural, respectivamente; cinco de denuncia ciudadana; cuatro de información comunitaria y dos de periodismo de investigación.
Para el abogado y defensor de los derechos humanos Maurilio Santiago Reyes, los grupos de poder “están rebasando al sistema”. Por ello opina que es urgente reforzar el trabajo que hace el Mecanismo.
La información de la Segob dice que el 43.1 por ciento de los delitos cometidos contra los comunicadores corresponde a servidores públicos; 33.5 a la delincuencia organizada y el 23.4 por ciento no se ha identificado. Además, de los 47 periodistas asesinados, sólo se ha dictado sentencia en cinco casos; es decir, el 10.63 por ciento.
Santiago Reyes, consultor del Mecanismo que Segob, señala que el Estado no está garantizando la protección de la vida de los periodistas. Sin embargo, reconoce que en la mayoría de los casos se ha visto que es el crimen organizado y, también, las autoridades locales las que atentan contra los comunicadores. Además, considera que la FEADLE no está haciendo su trabajo.
Por su parte Ramírez Cuevas indica que Sonora y Veracruz son los estados sobre los que hay que poner atención especial, pues el municipio sonorense de Cajeme han ido en incremento las agresiones y asesinatos. Mientras que Veracruz “ya tiene una tradición, desgraciadamente, de agresiones y amenazas, incluso de crímenes donde la delincuencia organizada tiene muchas características en el sur del estado, como en Cosamaloapan y Tuxtepec”.
—¿Sobre las fiscalías, alguna sobre la que haya que poner atención? –se le pregunta al vocero de la Presidencia.
—Precisamente la de Sonora, pero también Guanajuato y Jalisco porque hemos detectado que ha habido amenazas y agresiones a periodistas por autoridades locales, y donde se ha dificultado la denuncia en la fiscalía estatal. Hay el caso de un periodista que está refugiado en la Ciudad de México que ha denunciado el abuso de poder y corrupción en Guanajuato. Él ha denunciado que la misma fiscalía es parte del entramado de los que lo están persiguiendo.
Al respecto, el informe del Mecanismo expone que la ruta a seguir por este gobierno se centra en la “modificación del marco normativo en la materia, un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que establezca con claridad la corresponsabilidad y competencias de las instituciones del Estado mexicano en esta materia”.
Asimismo, indica que se debe “impulsar en las fiscalías el seguimiento de las investigaciones de los casos de agresiones contra periodistas y defensores y garantizar las sentencias por parte de la autoridad judicial”. En lo inmediato, la firma de convenios de colaboración con las 32 entidades federativas para: “generar política pública de prevención contra agresiones, amenazas y riesgos de personas defensoras y periodistas; intensificar la atención a la protección de los casos vigentes y los que se sigan presentando; establecer protocolos estrictos de seguridad que deban atender las personas beneficiarias del Mecanismo”.
Precariedad en el periodismo
A la violencia que enfrentan los periodistas en México se suma la precariedad laboral que impera en la mayoría de medios de comunicación. Al respecto, el vocero y coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dice a Contralínea que ya está ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión la Ley General de Comunicación Social que permitirá establecer mínimos laborales para evitar el outsourcing y la precarización laboral.
Con ello, explica, habrá una relación en cuanto a la publicidad que otorga el gobierno a los medios de comunicación y los salarios que estos dan a sus trabajadores, con el fin de que las empresas “respeten los derechos laborales”. Esta iniciativa, expone, también contempla el establecimiento de un salario mínimo profesional. “Yo voy hacia la idea de que se profesionalice la labor periodística en lugar de precarizarse, y eso implicaría un ingreso mínimo profesional que se fije y que no existe”.
Aunque el año pasado ya se tenía previsto que este paso se diera, para evitar que se continúe con la precarización laboral en el gremio periodístico, comenta, la situación de la pandemia por Covid-19 retrasó la propuesta, pero puede ser que a finales de este 2021 ya se tenga lista.
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