Las fuerzas de seguridad israelíes desplazaron por la fuerza a toda la población palestina de tres campamentos de refugiados en la Cisjordania ocupada desde principios de 2025, a quienes hasta ahora no han permitido retornar. Esta situación viola el derecho internacional, denunció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La operación militar israelí llamada Muro de Hierro, lanzada en enero de 2025 y aún en curso, ha causado la muerte de civiles, destruido o dañado cientos de viviendas y afectado infraestructuras esenciales en los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem, parte de los 19 campamentos de refugiados palestinos establecidos en Cisjordania tras la Nakba de 1948.
Las fuerzas israelíes, además, cortaron o interrumpieron el acceso al agua y la electricidad, obstaculizaron la llegada de ayuda humanitaria y llevaron a cabo operaciones puerta a puerta para forzar a los habitantes a abandonar sus hogares.
La destrucción documentada por la ONU es considerable: para octubre de 2025, más de la mitad de las edificaciones del campamento de Yenín habían sido destruidas o dañadas, frente al 48 por ciento en Nur Shams y el 36 por ciento en Tulkarem.
A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la operación, en julio de 2026 más de 33 mil refugiados palestinos originarios de estos tres campamentos seguían desplazados por la fuerza, de acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).
La operación también dejó un elevado número de víctimas mortales: unos 102 palestinos, entre ellos 21 niños, fueron asesinados por las fuerzas israelíes durante el periodo cubierto por el informe, cifra que representa el 46 por ciento del total de palestinos asesinados por las fuerzas israelíes en Cisjordania en ese lapso.
La Oficina destacó, en particular, el uso de ataques aéreos, drones armados y proyectiles explosivos –medios militares concebidos para los campos de batalla y no para operaciones de mantenimiento del orden–, y señaló que en varios de los casos examinados por sus investigadores las víctimas no parecían representar ninguna amenaza inminente.
Uno de los trágicos ejemplos es el de una mujer embarazada de ocho meses, identificada como Shalabi, que fue asesinada por disparos; una investigación interna israelí concluyó que fue abatida porque miraba al suelo de una manera considerada sospechosa.
La Oficina alertó que, según algunas fuentes, las reglas de enfrentamiento se habrían flexibilizado, permitiendo el uso de munición real contra personas sospechosas de “manipular el suelo” ante la posibilidad de que ocultaran explosivos.
De acuerdo con testimonios recabados por los servicios del Alto Comisionado, las personas palestinas desplazadas relataron que oficiales israelíes les habrían declarado que “ya no habrá campamentos de refugiados” y que debían “irse todos a Jordania”. El 23 de febrero de 2025, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al Ejército mantener sus posiciones en los tres campamentos y declaró que las personas desplazadas no podrían regresar.
Ante estos hallazgos, el organismo internacional consideró que la magnitud, la duración y el carácter sistemático de los desplazamientos suscitan serias preocupaciones sobre la posible comisión del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso.
El uso de ataques aéreos, excavadoras blindadas y explosiones controladas para hacer inhabitables los campamentos, desplazar a sus habitantes e impedir su regreso contraviene el derecho internacional, subrayó el informe, y advirtió que estas prácticas también podrían constituir una forma de castigo colectivo y hacer temer una posible limpieza étnica.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que la forma en que se llevó a cabo la operación sugiere que su objetivo era expulsar al mayor número posible de palestinos y dar paso a más asentamientos israelíes ilegales, violando una vez más el derecho internacional.
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