El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que establece que la Unidad de Inteligencia Financiera debe revelar información relativa al malware Pegasus– vulnera directamente las labores de la UIF, reveló su titular, Pablo Gómez. Ello, porque los obligaría a dar a conocer un diagnóstico donde queda expuesta la tecnología que posee dicha oficina para combatir delitos de cuello blanco y del crimen organizado, ligados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la conferencia presidencial de esta mañana, el funcionario federal detalló que esa tecnología ha sido desarrollada en México y es similar a la que utilizan instituciones homólogas a nivel internacional, con las que la UIF coopera. Añadió que en México y en el mundo, esas tecnologías son consideradas de seguridad nacional y no se pueden publicar.

La Suprema Corte y el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), criticó Pablo Gómez, son los únicos que no entienden la gravedad de esta decisión, pues revelar la tecnología haría imposible a la UIF seguir analizando diariamente millones de operaciones del sistema financiero y otras áreas vulnerables al lavado de dinero y delitos relacionados, como los de la corrupción y narcotráfico.

El servidor público advirtió que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no va a revelar ese diagnóstico, porque se pone en riesgo no sólo la seguridad nacional, sino también la persecución de ilícitos. Ello, en beneficio de los criminales, incluidos los de cuello blanco.

Acerca de los contratos para operar el malware Pegasus –que también debería entregar la UIF tras el fallo de la Corte del pasado 6 de febrero–, el licenciado Pablo Gómez dijo que no es la Unidad de Inteligencia Financiera el área a la que le compete hacerlo, porque no es la contratante. “Nosotros no somos la autoridad que tenga que entregar los contratos de Pegasus, explicó, porque la UIF sólo conoció de ellos porque se le pidió una opinión. No obstante, se manifestó porque todo ello se transparente.

Al respecto, el funcionario consideró que en la adquisición de los equipos y licencias de esa tecnología Pegasus se habría cometido un presunto fraude contra la hacienda pública, por los sobrecostos que implicó. Y dijo que a la Unidad de Inteligencia Financiera no le tocó revisar el uso que se le dio, en clara referencia al espionaje político.

Por ello, Gómez consideró que el trasfondo del fallo tanto de la Corte como del Inai es que la UIF revele su tecnología, lo que dijo, no se va a hacer.