La desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 fue “un crimen de Estado” que involucra a Enrique Peña Nieto, de acuerdo con lo informado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Ello, porque el expresidente de la República participó en reuniones desde las cuales se cocinó el encubrimiento.
Durante la presentación del segundo informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), el subsecretario reveló la existencia de la llamada “Junta de Autoridades”. Indicó que “todas las autoridades locales, federales y municipales estaban puntualmente informadas de las actividades que desarrollaban los estudiantes desde meses antes”.
De forma específica, detalló que la información que Tomás “N” proporcionó a la Covaj sostiene que “la verdad histórica” fue una construcción desde el gobierno federal en la “Junta de Autoridades”. Y que entre sus integrantes destacan: el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto; el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el exsecretario de Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos; el exsecretario de la Marina (Semar),Vidal Francisco Soberón Sanz; el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer; el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Ímaz Gisper; el exencargado del despacho de la subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón Lucio.
Las conclusiones refieren que el gobierno de Peña Nieto creó la llamada “verdad histórica” para ocultar la relación que tenían los tres niveles de gobierno con el grupo delictivo Guerreros Unidos, responsable de violentar a los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa. En colusión con el gobierno del expresidente, “manipularon y ocultaron evidencias y pruebas; crearon escenas del crimen; obtuvieron declaraciones bajo tortura; protegieron a los servidores públicos que participaron en la desaparición y mintieron a las familias de las víctimas y a toda la sociedad”.
Respecto a ello, el subsecretario Encinas insistió que “las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, [además de que] existen elementos suficientes para presumir que se alteraron hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad”.
Asimismo, señaló que la Covaj encontró que “Guerreros Unidos mantenía una importante cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región que de diversas declaraciones podemos identificar el contubernio que tenía Guerreros Unidos con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, así como con la policía estatal y la policía estatal ministerial y con la policía federal preventiva. Y que en esta red podemos identificar también actividades de distintos órdenes de gobierno como es el caso del entonces presidente municipal de Iguala [José Luis Abarca Velázquez, privado de la libertad por el secuestro de Arturo Hernández Cardona]”.
De acuerdo con el segundo informe de la Covaj, se concluye que las autoridades implicadas en la desaparición de los jóvenes en la noche del 26 de septiembre del 2014 formaban parte de los tres niveles de gobierno, la Sedena, el Cisen, el gobierno de Guerrero, la presidencia Municipal de Igual, la Policía Federal, la Policía Estatal y las Policías Municipales. “Estuvieron informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones que llevaban a cabo los estudiantes de la Normal de cara a las acciones del 2 de octubre en la Ciudad de México”.
La mentira histórica
En conferencia, Encinas Rodríguez puntualizó las diferencias entre la mal llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto y la investigación de la Covaj. Al respecto destacó tres puntos:
“1. La verdad histórica señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiamunicipal, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, en tanto que la investigación de la Covaj refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
“2. La verdad histórica acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominados Los Rojos, mientras que la Covaj reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.
“3. Asimismo, la llamada verdad histórica reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la Covaj detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 batallones de Infantería.”
Al respecto, expuso que la Covaj no ha torturado ni sembrado pruebas; tampoco ha alterado escenas del crimen ni fabricado culpables, pues ha actuado con ética. Además, indicó que el actual gobierno reconoce públicamente las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y señala a las personas que presuntamente intervinieron en los hechos, así como en la construcción de la “verdad histórica”.
Acerca de la labor de la Comisión, Encinas dijo un componente central en su composición es la participación de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, “a quienes se les reconoce su lucha, resistencia y organización que visibiliza y dignifica a sus hijos”. El subsecretario Encinas Rodríguez subrayó que el trabajo se realiza con pleno respeto a los familiares, sin caer en la conducta poco humana de generar falsas expectativas; lo importante es darles certeza.
Y detalló que las personas detenidas actualmente suman 132 en diversos penales: 41 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 71 policías, de los cuales cinco son federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco, 45 de Iguala y el exprocurador general de la República, así como el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR); un exministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); un exsecretario de Seguridad estatal de Guerrero, además del presidente municipal y la expresidenta del DIF, ambos de Iguala. Agregó que existen tres solicitudes de extradición de actores relevantes que se encuentran en Israel y Estados Unidos, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Indicó que la “verdad histórica” fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación para dar carpetazo al caso. Y pretendió presentar las sentencias de los responsables por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, con lo que se evitaba abordar lo sucedido desde la perspectiva de la desaparición forzada.
Además, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación dijo que con esa “verdad histórica” se señaló como único móvil la violencia ejercida por los grupos criminales que operaban en la región, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal. Sin considerar la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, por lo que sólo se responsabilizó a autoridades locales.
Búsqueda continúa
Encinas indicó que se siguen desarrollando acciones necesarias para localizar e identificar a los 40 estudiantes que permanecen desaparecidos. Y que se encuentran en proceso de identificación genética los restos óseos encontrados en el predio Las Cuevillas en Apetlanca, Guerrero, que se analizarán en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck.
Asimismo, detalló que continúa la búsqueda de nuevas fuentes de información y de posibles testigos. En particular, de las intercepciones de comunicaciones realizadas por la Sedena al grupo delictivo durante los hechos. Y se define el mecanismo de continuidad del caso Ayotzinapa por parte de la Fiscalía General de la República y la búsqueda de los estudiantes al margen del cambio de gobierno.
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