En la SCT hay un rezago de 800 mil exámenes psicofísicos integrales a operadores transportistas, reconoce José Manuel Nogueira Fernández, director general de Protección y Medicina Preventiva. Esto se debe a la pandemia, asegura. Por ello el funcionario admite que el proceso de evaluación –que en 2019 generó ingresos a la Tesofe por 208 millones de pesos– regresó, de manera “temporal”, a manos privadas

Por el rezago en la aplicación de exámenes psicofísicos integrales (EPI’s) a operadores transportistas aéreos, marítimos, ferroviarios y terrestres, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) regresará a manos privadas este negocio. Ello, bajo el argumento de que la pandemia rebasó a la autoridad. Esta situación provocará pérdidas al erario por más de 166 millones de pesos, aproximadamente.

La privatización no es nueva: inició en 2010, cuando se creó la figura de médicos terceros autorizados (MTA). En el sexenio de Felipe Calderón, el pretexto fue la escasa infraestructura e insuficiencia operativa humana en la práctica de los EPI’s. Así, los ingresos generados por los exámenes dejaron de ingresara a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y se trasladaran a manos particulares.

Asimismo, la figura de los MTA permitió asegurar la aptitud psicofísica para los operadores de los cuatro modos de transporte mediante el pago a estos establecimientos que competían por captar al mayor número de clientes, generando el “negocio de los aptos”.

El Programa de Médicos Terceros Autorizados inició bajo la tutela de José Valente Aguilar Zinser, titular de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT) de 2000 al 2018. Y mientras que en 2010 las Unidades Médicas de la SCT se encargaban de aplicación de 201 mil 635 EPI’s; para 2018 sólo aplicaban 24 mil 703 (los otros 332 mil 446 beneficiaban a particulares).

Al inicio de esta administración y bajo la dirección de Ricardo Neri Vela, la SCT recuperó su participación: en 2019, indica la información oficial, se realizaron 359 mil EPI’s en las Unidades Médicas y ninguno para los terceros autorizados.

Información entregada a diferentes mandos de la SCT señala que en ese año se contaba con 52 Unidades Médicas, que retomaron al ciento por ciento la productividad nacional, y con ello los ingresos a la Tesofe pasaron de 42 millones en 2018 a 208 millones de pesos en 2019.

Al respecto, José Manuel Nogueira Fernández, director general de Protección y Medicina Preventiva de la SCT, dice que los médicos terceros autorizados surgieron porque “la Secretaría no tenía la capacidad, por el volumen y la demanda para sacar sus exámenes para obtener una licencia federal. Ese programa, en 2019 se cortó por completo y se instituyó un nuevo programa emergente y temporal. No es el mismo programa anterior, aunque con la pandemia se hizo un rezago de alrededor de 800 mil exámenes psicofísicos que deben de tener un rostro humano porque utilizamos los cuatro medios de transporte: aviación, autotransporte federal, ferroviarios y marítimos. Todos pasan por un examen de competencia para hacer su capacidad de obtener una licencia federal, ese es el contexto que ponemos”.

Nogueira Fernández fue nombrado al cargo en enero de este año. Este se dio a poco más de un mes de que Ricardo Neri Vela, extitular de la dependencia, renunciara a causa de razones médicas. “A partir de mi llegada –expone el directivo de la SCT– vimos todas las posibilidades que teníamos dentro de la Secretaría para poder abatir un rezago que se hizo enorme. Entonces tuvimos que echar mano de un nuevo programa emergente y temporal a partir de abril de este año, con actores nuevos, médicos nuevos, instalaciones y gente nueva. No es el programa anterior, que todo mundo cree. Nuestras unidades las estamos fortaleciendo poco a poco para que una vez abatido el rezago, este programa concluya”.

—Su antecesor recuperó Unidades Médicas a la Secretaría, que pasaron de 44 en 2018 a 52.

—No es así: tenemos 47 unidades trabajando en este momento por diversas razones y el máximo que tenemos son 51. Quedaron en proyecto, pero no se llegaron a realizar.

Respecto de la evolución de este mecanismo de atención, que ha vuelto a privatizarse, indica: “Yo llego en enero de 2021. Aquí se cerró, por la pandemia, todas las actividades. Mucha gente con riesgos, mayores de 60 años, gente sindicalizada no ha vuelto a trabajar del todo. Ahora, la Secretaría tiene que fortalecerse poco a poco para que, una vez que el rezago esté abatido, tenga autonomía total para poder hacer todos los exámenes”.

—Se habla de un nuevo proceso de privatización que va contrario de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿es así?

—Yo no lo pongo de esa manera porque nosotros no hemos privatizado la medicina del transporte, en lo absoluto. Estamos apoyándonos por la necesidad imperiosa de abatir un rezago, hay que entender que toda esta gente necesita trabajar y es muchísima gente que tiene rostro humano. Todos tienen que trabajar, tienen que tener derecho a una licencia federal, pero primero a un examen que valide que la persona está apta para obtener su licencia del medio de transporte correspondiente.

—¿De qué manera tiene control la SCT?

—Existe un programa de supervisión muy estricto que lo estamos actualizando, normando, para que esos terceros autorizados –que son nuevos actores que entraron en abril de este año– sean muy bien supervisados para que el examen sea de calidad y muy bien realizado para que ellos tengan su licencia federal. Creemos que exámenes muy bien realizados y muy bien operados pueda disminuir los accidentes en carretera. Las Unidades se están fortaleciendo, equiparlas, ver que todo esos equipos sean nuevos, de mejor calidad, con más médicos por instrucciones del señor presidente.

Pérdidas millonarias

Respecto de los ingresos que llegan a la Tesorería de la Federación por esta vía y que con el cambio de modelo, de 2018 a 2019, se observó una diferencia de 166 millones de pesos, Nogueira Fernández responde: “es utópico hacia donde queremos llegar. A la fecha, los terceros autorizados se llevan un gran volumen de ese dinero, yo no puedo normarlos porque es de un particular a otro, pero una vez que se abata el rezago, todo ese ingreso que se va a terceros reingresará a Tesorería y se quedará con nosotros. Tendríamos autosuficiencia económica, esa es la intención a corto plazo”.

No obstante, advierte que es tal el retraso y problema que se calcula que en año y medio se pueda “abatir con toda la fuerza del estado y de los apoyos de los terceros. Y ya que se haya pasado por esta situación, se quede la Secretaría con todo ese ingreso que sale a un particular”.

Al ser un programa nuevo y temporal, dice, “con el antecedente de que el ciento por ciento fue corrupto, estaban enlazadas las cámaras, los sindicatos, los permisionarios, los dueños de líneas aéreas, no se permitió este esquema anterior volviera. Éste es un esquema nuevo, en donde no hay ninguno que haya sido tercero autorizado”.

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