“Lo justo, justicia”, pidió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso en el que cinco empresas maquiladoras litigan contra el Estado mexicano para evadir el pago del impuesto al valor agregado, bajo la figura del supuesto “retorno virtual”.
Consultada por Contralínea, la primera mandataria solicitó: “que los ministros y ministras que están ahora hagan lo justo”, en referencia también a que son los últimos días y las últimas acciones de esta SCJN, pues el próximo 1 de junio se elegirá a la nueva Corte por primera vez.
Y es que el pasado 27 de febrero, en el pleno de la Suprema Corte, la ministra Lenia Batres denunció que el proyecto que presentó la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en la contradicción de tesis 8/2025, buscaba beneficiar a los privados en perjuicio de la hacienda pública y el pueblo de México. Ello, porque las maquiladoras venden parte de su producción en nuestro país, productos por los cuales retienen el IVA que no quieren enterar al Servicio de Administración Tributaria.
Si la Corte falla contra el pueblo y contra el SAT, el daño al erario por las cinco maquiladoras se calcula en más de 45 mil millones de pesos, pero este monto podría ampliarse a más de 250 mil millones de pesos, si las otras 120 empresas de ese mismo rubro piden el mismo trato.
Al respecto, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo llamó a los ministros y ministras a “que no beneficien a algunos en contra de la mayoría. Entonces vamos a estar revisando”.
De acuerdo con la ministra Batres Guadarrama, la resolución que tome la Suprema Corte sobre la contradicción de tesis 8/2025, “definirá el criterio obligatorio que tendrá el Poder Judicial de la Federación (PJF) para resolver los juicios pendientes y futuros sobre el tema del retorno virtual del impuesto al valor agregado (IVA), un esquema que permite a las maquiladoras la importación temporal de mercancías para la elaboración de productos, sin gravamen alguno, con la condición de que no sean comercializados en el mercado nacional”.
Por ello, el pasado 27 de febrero, la juzgadora solicitó que se retirara el proyecto, lo que finalmente ocurrió. Ello, porque acusó que algunas empresas violan estas reglas al vender sus mercancías en México y buscar obtener la devolución indebida del IVA, con el pretexto de que se trata de importaciones temporales.
Al inicio de la sesión del pasado 27 de febrero, la ministra Batres reveló que envió dos oficios en los que solicitó a Yasmín Esquivel Mossa –la ministra ponente en este caso–, y a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, que el asunto se retirara para incluir un estudio de fondo con las repercusiones económicas que ocasionaría a las finanzas del Estado mexicano.
“La resolución del asunto que usted ha enlistado para la sesión de hoy debe tomarse con el estudio minucioso que atienda a su naturaleza y complejidad de manera responsable para no afectar el interés público, facilitando en su caso una evasión fiscal a gran escala”, afirmó Batres Guadarrama.
Durante el debate, los ministros y ministras acordaron aplazar la votación de para mejorar el proyecto de resolución. Antes de ello, la ministra Batres señaló que el Poder Judicial de la Federación “no es un despacho jurídico privado, sino uno de los tres Poderes de la Unión, y sus fallos no pueden ignorar el impacto en los recursos públicos, que se sirven para cumplir obligaciones del Estado mexicano, como servicios públicos y prestaciones sociales”.
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