Tráfico de armas, amenaza mundial: GI-TOC

Tráfico de armas, amenaza mundial: GI-TOC

El comercio ilícito de armas de fuego es una amenaza para el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad mundial
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El comercio ilícito de armas de fuego es una amenaza para el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad mundial. Su proliferación no sólo intensifica conflictos existentes, sino que también facilita otras actividades delictivas

La línea que separa los mercados de armas de fuego lícitos e ilícitos es cada vez más difusa. El mayor acceso a armas de fuego y munición está configurando el funcionamiento de las redes de crimen organizado. Las armas de fuego modificadas y de fabricación casera son una amenaza creciente. Se necesitan registros fiables y procesos de licencia, bases de datos para rastrear y aplicar tratados internacionales y leyes nacionales.

Las armas de fuego ilícitas sustentan gran parte del crimen organizado tal y como lo conocemos hoy en día. Investigaciones llevadas a cabo en varias regiones han revelado que, ya sea producidas ilegalmente, recicladas de conflictos pasados, desviadas de inventarios gubernamentales o introducidas ilegal­mente desde zonas en las que el suministro es legal y de fácil acceso, las armas de fuego y municiones refuerzan y amplían los mercados ilícitos alrededor del mundo.

De acuerdo con Small Arms Survey, en 2017 había, globalmente, aproximadamente 857 millones de armas de fuego en manos de civiles. De este total, solo el 12 por ciento fueron reportadas como registradas.

En América Latina, una de las regiones más violentas del mundo, la mayor disponibilidad de armas de fuego –en particular de las armas de asalto que comenzaron a fluir hacia el sur tras la expiración en 2004 de la prohibición federal de armas de asalto en Estados Unidos– se ha relacionado con un aumento en homicidios.

Las zonas de conflicto generan reservas de armas. Además, las armas de fuego de guerras civiles y conflictos armados pasados continúan circulando debido a sus largos ciclos de vida. Muchas de ellas van a parar a manos de delincuentes que las utilizan para infligir violencia, tanto dentro como fuera del país.

Las armas de fuego permiten a los grupos criminales luchar por dominio territorial, enfrentarse a agentes estatales y amenazar a las comunidades; solicitar pagos de extorsión; llevar a cabo robos y secuestros; participar en actividades de caza furtiva y en un sinfín de otros delitos.

El Índice Global de Crimen Organizado GI-TOC sitúa el tráfico de armas como el tercer mercado criminal más predominante a nivel mundial, y éste está especialmente extendido en África, América y Asia.

Gobierno de Estados Unidos, principal promotor de venta ilícita de armas

En Norteamérica, las leyes federales y estatales estadounidenses sobre armas de fuego permiten el fácil acceso a una gran variedad de armas de fuego, incluidas las armas de asalto de alto calibre. Como resultado, se estima que los ciudadanos estadounidenses poseen 393,3 millones de armas de fuego, de las cuales 28 por ciento han sido adquiridas en más de 136 mil 643 establecimientos con licencia federal de armas de fuego (FFL, por sus siglas en inglés) o armerías; más del 17 por ciento fueron localizadas en los estados fronterizos del sur del país.

Las armas y accesorios también pueden ser comprados o vendidos por comerciantes con y sin licencia en ferias de armas, que, debido a lagunas legales, no se consideran FFL. Las compras de armas realizadas por terceros, las adquiridas en ferias de armas y las armas robadas o perdidas por los FFL, son las principales formas en que las armas de fuego de propiedad legal se desvían a mercados ilícitos dentro de Estados Unidos y se trasladan a Canadá, América Latina y el Caribe.

Las leyes mexicanas relativas a la posesión de armas son estrictas y sólo permiten a los ciudadanos comprar legalmente armas de fuego en la Secretaría de la Defensa; sin embargo, se estima que el número de armas en México es de 16,8 millones como resultado de una alta disponibilidad en Estados Unidos.

Entre 2015 y 2020, el 69 por ciento de las armas incautadas en México fueron fabricadas o importadas legalmente a Estados Unidos; 32 por ciento correspondieron a los países de Centroamérica y el Caribe. Canadá también se ha visto afectado por los flujos ilícitos de armas procedentes de Estados Unidos: en 2020, el 66,1 por ciento de las armas en Canadá procedían del país vecino.

Aunque estos datos proporcionan una imagen clara de cómo las ventas reguladas permiten los flujos ilícitos a través de América, esto sólo puede hacerse cuando los datos de las incautaciones de armas se recogen de las instituciones de seguridad y justicia involucradas y se comparten los registros completos con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos para su rastreo. Así, este proceso requiere de la cooperación y la colaboración de todas las instituciones de seguridad y justicia de un país.

Durante los últimos 20 años, las agencias de seguridad y de la ley mexicanas se han esforzado por incautar armas de manos de actores ilícitos. Según datos oficiales, las agencias federales han incautado más de 273 mil armas en ese periodo, lo que equivale a 13 mil 650 armas al año.

Teniendo en cuenta que las autoridades mexicanas han calculado que cada año se introducen 200 mil armas ilegalmente en el país, el promedio de incautaciones anuales representa aproximadamente el 5 por ciento del total.

La coordinación entre las autoridades de seguridad y justica de las agencias federales y estatales es crucial no solo para aumentar las incautaciones, sino también para obtener mejores datos de rastreo, que pueden dar una visión más completa del mercado ilícito de armas y de cómo este alimenta al crimen organizado.

La incautación y el rastreo de las armas ilícitas son los primeros pasos de una larga cadena de información que debe ser recopilada y procesada por las autoridades policiales para perseguir a los implicados en las redes de tráfico de armas.

Según la Government Accountability Office (GAO) de los Estados Unidos, la falta de cooperación entre las agencias federales estadounidenses y las autoridades federales y estatales mexicanas ha obstaculizado gravemente este esfuerzo.

En enero de 2022, los Gobiernos de México y Estados Unidos emitieron una declaración conjunta en la que anunciaban que aumentarían la incautación de armas de fuego y municiones y la persecución de los traficantes de armas en ambos países. “Los que trafican armas van a pagar en los dos países”, había dicho el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lo cual nunca lo cumplió Estados Unidos.

Al posibilitar el crimen organizado y los mercados delictivos en general, el comercio ilegal de armas representa una grave amenaza para la resiliencia de las comunidades y la democracia. Según el Índice, el tráfico de armas está relacionado con la trata y el tráfico de personas, así como con el comercio ilícito de recursos no renovables. La delincuencia violenta en América Latina y África, y el tráfico de drogas en Europa, también se han relacionado en gran medida con la presencia de mercados ilícitos de armas.

El Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (el Protocolo sobre armas de fuego) entró en vigor hace más de 15 años, complementando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés). Su objetivo es controlar y regular los flujos de armas lícitas, prevenir su desviación hacia el circuito ilegal, y facilitar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos conexos sin obstaculizar las transferencias legítimas.

Sin embargo, hay muchas áreas en las que se puede mejorar su aplicación dentro y fuera de las fronteras de los 121 estados firmantes. Asimismo, cabe destacar que se trata del protocolo menos ratificado de la UNTOC; países como Reino Unido y Japón, que cuentan con leyes de armas relativamente estrictas y con índices relativamente bajos de delitos con armas, no lo han hecho todavía.

Durante la 65ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, celebrada en marzo de 2022, tres países latinoamericanos presentaron una resolución en la que se destacaba la necesidad de abordar los vínculos entre el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de armas mediante la cooperación internacional.

La aprobación de esta resolución elevó el perfil de esta cuestión al animar a los estados miembros a adoptar y coordinar estrategias fronterizas para prevenir el tráfico de armas de fuego, proporcionar capacitación específica a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y colaborar con las principales partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil.

El análisis de GI-TOC sobre los mercados ilícitos mundiales y su repercusión en el desarrollo, busca contribuir a que se comprenda mejor la relación entre el comercio de armas y otras formas de crimen organizado transnacional.

Con base en las investigaciones de GI-TOC sobre el tráfico de armas en varias regiones del mundo, proporciona una visión general de las fuentes y los flujos que alimentan el comercio ilícito mundial de armas de fuego y el impacto que esto tiene en las dinámicas del crimen organizado. Analiza las deficiencias de los actuales marcos normativos internacionales y ofrece recomendaciones para los estados, así como para las organizaciones regionales e internacionales, que tratan de contrarrestar este mercado ilícito.

Fuentes de armas de fuego

En regiones afectadas por conflictos armados, el tráfico de armas de fuego actúa como un acelerador. La disponibilidad de armas no sólo alimenta los enfrenta­mientos, sino que contribuye a la fragmentación y propagación de los conflictos; aumenta el número de grupos criminales y su uso de la violencia como vehículo de control del mercado, y fortalece a los grupos armados frente a las respuestas del Estado.

Pero las armas de fuego ilícitas no solo proliferan en zonas de conflicto. El nexo entre crimen organizado, extremismo violento y terrorismo, así como actores estatales, per­mite que las regiones se llenen de armas saqueadas de arsenales gubernamentales y de armas adquiridas legalmente, pero vendidas en el mercado negro, además de la habitual diversificación de armas de zonas de conflicto a otros territorios.

Diversas investigaciones realizadas por GI-TOC en varias regiones, han corroborado que los arsenales militares son una de las fuentes más comunes de armas. En los Balcanes Occidentales, armas ligeras de las guerras en la antigua Yugoslavia siguen siendo accesibles en el mercado negro, lo que convierte a la región en lugar de origen y tránsito para el tráfico de armas hacia Europa Occidental.

Esto tiene consecuencias de gran magnitud: las armas utilizadas en el atentado de enero de 2015 contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y en los atentados terroristas de noviembre de 2015 en París, se adquirieron en mercados negros de estos países.

Las guerras civiles en El Salvador y Guatemala, a finales del siglo XX, multiplicaron el número de armas disponibles en la región. Muchos de los 30 mil fusiles M-16 y 260 mil granadas M-67 enviados por el gobierno estadounidense a las autoridades salvadoreñas, siguen en circulación y han sido utilizados por las dos principales pandillas del país: Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18, y enviados a organizaciones criminales en el extranjero.

Asimismo, la prolongada guerra civil en Mozambique tras su independencia ha provocado una importante entrada de armas de fuego. Esto, unido al colapso del proceso de paz de 1992, ha hecho que las armas de fuego procedentes del conflicto probablemente se encuentren en manos de actores no estatales. El país ha pasado por varios procesos de desarme, pero las armas utilizadas en los conflictos políticos siguen filtrándose a la economía ilícita.

Las instituciones policiales y de seguridad privada también se han convertido en proveedores ilícitos de armas de fuego para los mercados y grupos delictivos. Registros débiles e inadecuados tanto de armas de propiedad estatal como de armas recuperadas han dado lugar a la posibilidad de alquilar o vender armas a actores criminales y/o a milicias locales.

Aunque las armas vendidas a las fuerzas armadas suelen llevar marcas que permiten su rastreo, algunos militares de alto rango se benefician del acceso a grandes suministros de armas y las revenden a redes criminales. Además, las redes de tráfico de armas con involucramiento de actores del Estado son difíciles de combatir debido a la corrupción y la complicidad de las autoridades policiales.

El precio de las armas de fuego ilícitas puede variar enormemente en función de la distancia a la que se encuentren de la fuente, de si están disponibles legalmente en un territorio, de sus características (marca, modelo y calibre) y de su estado (nueva o usada).

Estas variables pueden hacer que este mercado ilícito sea muy rentable. Por ejemplo, un fusil de asalto comprado en Estados Unidos puede costar entre 500 y 600 euros, pero en el norte de México puede costar entre 1 mil 200 y 1 mil 600 euros, y esto puede aumentar a medida que avanza hacia el sur hasta llegar a un precio de entre 2 mil y 4 mil euros.

La siguiente tabla ofrece una referencia de los precios de las armas ilícitas en diferentes países. En el sureste de Europa hay un exceso de armas sobrantes de las guerras de la antigua Yugoslavia, pero también por la presencia en la región de una importante industria de armamento militar. En consecuencia, las pistolas y los fusiles de asalto pueden obtenerse a un costo significativamente menor en Europa del este que en otras partes del mundo donde la demanda supera a la oferta.

País Tipo de arma de fuego Precio (€)
Países de los Balcanes Rifle de asalto 150–300
Países de los Balcanes Pistola 150–400
Somalia Rifle de asalto 1 500–1 700
Canadá Pistola 2 200
México Rifle de asalto 1 500–2 500
Honduras Rifle de asalto 1 500–3 000
Australia Pistola 542–600

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