Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado de la Ciudad de México rechazaron la propuesta de amparo a favor de la empresa Bayer-Monsanto, en contra del decreto presidencial que establece la prohibición del maíz transgénico, así como la sustitución del uso de glifosato. Sin embargo, pospusieron la discusión sobre el uso del herbicida.
La discusión se aperturó debido a la propuesta del magistrado Ricardo Gallardo Vara, quien intentó favorecer a la empresa transnacional a través de amparos en favor del glifosato, por segunda ocasión. Ello, bajo el argumento, sin cabalidad científica, de que no existe peligro asociado a los maíces transgénicos.
A raíz del planteamiento, sus colegas magistrados Jean Claude Tron Petit y Patricio González discutieron la transparencia del sustento, por lo cual aplicaron el principio precautorio y contrarrestaron el análisis de Gallardo Vara, indicó la Demanda de Acción Colectiva contra el Maíz Genéticamente Modificado en México.
“El magistrado Jean Claude Tron Petit resaltó aspectos en el proyecto de resolución que necesitan revisión, por ejemplo, que el glifosato es un herbicida de acción profunda que mata a las plantas con las que tiene contacto, razón por la que se han desarrollado organismos genéticamente modificados (OGM) resistentes a sus efectos”.
Asimismo, el magistrado Tron Petit rescató el sustento del decreto presidencial al señalar que éste no sólo considera la limitación o regulación del glifosato, sino también garantiza la biodiversidad a nivel nacional. Con ello, recordó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –del pasado 13 de octubre de 2021– que reconoce las afectaciones por el uso de este herbicida.
Con evidencia científica concreta, los preceptos del magistrado Gallardo Vara fueron contrarrestados. Esto debido a que sus colegas expusieron que el daño a la salud es de tal magnitud que, en Estados Unidos, varias personas han demandado a Bayer-Monsanto por desarrollar un tipo de cáncer conocido como Linfoma no Hodgkin, lo cual ha resultado en la derrota ante los tribunales de la empresa, con cifras millonarias de por medio.
Con este hilo conductor, el magistrado Tron Petit expuso que incluso en México se confirmó la presencia de glifosato en personas, particularmente infantes, en los Estados de Jalisco y Campeche.
Por su parte, el magistrado Patricio González Loyola centró su participación en el impacto al medio ambiente. “El principio precautorio, es justificado, ya que nos obliga a tener cuidado frente a situaciones en las que el riesgo puede ser el factor detrás de la actuación de que se trata, en este caso, del decreto que el magistrado Gallardo Vara insistentemente ha intentado atacar”.
Ante el rechazó a su proyecto, Vara insistió en volverlo a presentar, y arguyó que los estudios científicos que presentaron sus colegas no son suficientes.
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