Las agresiones contra las normales rurales que se pensaba habían llegado a su punto crítico con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del 2014, prosiguen en el mayor de los contrasentidos en la 4T, por parte de gobernadores de Morena.

La detención y vejaciones a 95 estudiantes del plantel de Mactumactzá  –entre ellos 74 mujeres–, perpetradas por Rutilio Escandón, en Chiapas, tras oponerse a que el examen de admisión sea de forma obligatoria mediante el uso del internet y una computadora –pues en sus comunidades los aspirantes carecen de tales herramientas técnicas–, derivó de nuevo en una criminalización de su protesta.

Tras la toma de las casetas en la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, el pasado martes 18 de mayo, como medio para ser escuchados por unas autoridades cerradas al diálogo, los normalistas fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas policiales y enviados al penal del Amate por órdenes directas del gobernador.

Una vez más, su lucha fue criminalizada al ser acusados de los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia y ataques a las vías de comunicación. Sin la asistencia jurídica establecida por ley, los estudiantes fueron tratados como delincuentes de alta peligrosidad y las alumnas agredidas sexualmente.

El gobernador Rutilio Escandón empleó a los medios, como los gobiernos neoliberales, para desvirtuar los motivos de su legítima protesta en un estado donde el 60 por ciento de la población vive en comunidades rurales e indígenas, muchas de ellas sin el acceso a internet, e incluso, a la electricidad.

Ya con antelación el gobernador perredista, Pablo Salazar, había intentado borrar del mapa a la normal de Mactumactzá. La razón: el Banco Mundial le había condicionado el otorgamiento de un crédito por 40 millones de dólares a cambio de cancelar el otorgamiento automático de plazas a los egresados de dicho plantel. Ante la férrea resistencia de los normalistas y el alto costo político que hubiera representado imponer por la fuerza los dictados del organismo internacional, el mandatario de seudoizquierda se abstuvo de consumar su felonía.

Lamentable que el desinterés del también gobernador de Morena en Puebla, Miguel Barbosa, haya derivado en la muerta trágica de dos alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán Teteles Ávila Castillo. Horas antes de la tragedia, unas 70 normalistas habían entregado un pliego petitorio al mandatario, en la capital del Estado, solicitando asumir los compromisos pactados desde el 2019, entre ellos, la construcción de ocho aulas adicionales, el mantenimiento en general al plantel, el mejoramiento del comedor comunitario y la entrega de un camión para sus traslados.

Al igual que en Chiapas, las alumnas no obtuvieron respuesta y decidieron manifestarse en la caseta de peaje de la autopista Amozoc-Perote, donde las normalistas Iris S, de 21 años; y Mónica Paola R, de 22, perdieron la vida al caer de un tractocamión. Para variar, los medios priorizaron la versión de que las jóvenes intentaban “saquear” el tráiler.

Creadas durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas para atender el reclamo de justicia social y educación a los sectores campesino e indígena, las normales rurales han enfrentado a lo largo de su historia una sistemática agresión de aquellos cacicazgos regionales y políticos que vieron desde su nacimiento como un peligro a los maestros egresados de sus aulas, comprometidos con la defensa de sus comunidades.

Contra lo que se piensa, no sólo la tecnocracia neoliberal ha buscado su desaparición, también gobiernos de corte priísta trataron de borrarlas del mapa por considerarlas nidos de insurrección, sobre todo luego del movimiento estudiantil de 1968, donde también sistema de educación como las prevocacionales fueron desmanteladas en represalia a la toma de conciencia social que fue brutalmente acallada.

De las 35 normales rurales que funcionaron en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se mantienen en pie solo 17, más por la inquebrantable voluntad y lucha de sus estudiantes que por la aprobación de los gobiernos en turno, acostumbrados –como ahora nuevamente sucede–, a criminalizar los movimientos de lucha de sus estudiantes.

La Normal Rural del Mexe, en Hidalgo, fue cerrada bajo el pretexto de darle mantenimiento a sus instalaciones; ahora las autoridades anunciaron que este año tampoco reabrirá sus puertas por la falta de recursos presupuestales. A dicho plantel han acudido por décadas los hijos de campesinos y obreros que han alentado la esperanza de ser maestros.

Los gobiernos neoliberales se caracterizaron por alentar la precariedad de estas escuelas, regateándoles los recursos que por ley les correspondían porque el común denominador de las Normas Rurales por décadas fue el sobrevivir con unos cuantos pesos. Se esperaba que con la llegada de la 4T las cosas cambiaran, pero la astringencia presupuestal prosigue.

La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, ocurrida en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tuvo antecedentes también justificados para sus movilizaciones. Su lucha venía de tiempo atrás y en diciembre del 2011, el narcogobierno de Felipe Calderón, envió a las fuerzas federales a desalojarlos violentamente de un bloqueo que mantenían en la autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo.

Los subordinados del entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –procesado en los Estados Unidos–, abrieron fuego matando a dos alumnos: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. A la llegada de Peña Nieto al poder, las cosas en la Normal de Ayotzinapa no cambiaron y obligados por las circunstancias, los estudiantes debieron continuar con sus movilizaciones y protestas. Lo que como ya todos saben derivó en la desaparición, en septiembre del 2014, de 43 estudiantes. Brutal represión en la participaron lo mismo elementos policiales que militares y que hasta la fecha sigue clamando justicia.

Ahora son los alumnos de la Normal Rural de Mactumactzá los que han pagado con cárcel el defender su derecho a la educación para convertirse en los profesores que tanto necesitan miles de niños de las comunidades apartadas no solo de Chiapas sino de todo el país.

También inconcebible que gobernadores de izquierda actúen como recalcitrantes neoliberales de derecha, prosiguiendo con la intención neoliberal de desaparecer a las Normales Rurales.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas