Los enfrentamientos entre indígenas y policías peruanos en la amazonía, aún latentes. La disputa del territorio entre pueblos indios y trasnacionales mantiene en vilo a una comisión especial que busca la reconciliación antes de que ocurran nuevos derramamientos de sangre

Ángel Páez / IPS-Voces de la Tierra

Lima, Perú. Comunidades indígenas amazónicas consideran que el gobierno de Perú pudo haber evitado los choques que les costaron la vida a 24 policías y 10 civiles en la selvática localidad norteña de Bagua, en una jornada de protesta cívica realizada el 5 de junio.

Los manifestantes se oponían a un paquete de leyes promovidas por el gobierno que, según las organizaciones nativas, amenazaba la propiedad sobre sus territorios y sus recursos naturales.

“Si el gobierno hubiera derogado dichas leyes, no habría habido derramamiento de sangre”, dijo a IPS el presidente de la independiente Comisión Especial Investigadora de los sucesos de Bagua, el líder awajún Jesús Manacés.

Manacés acaba de retornar de un largo viaje por las localidades selváticas de donde salieron los miles de nativos y pobladores que protestaron contra las llamadas “leyes de la selva” del gobierno de Alan García.

El dirigente informó que ya concluyó la etapa de recopilación de testimonios en las comunidades amazónicas. “Ahora nos falta recoger la versión de la policía, que es la otra parte en el conflicto”, indicó.

El propósito de la comisión, integrada por personalidades independientes conocidas por su carácter componedor –entre ellas dos exministras del gobierno de García, Pilar Mazzetti y Susana Pinilla–, es develar qué sucedió realmente en Bagua para que no se repitan las situaciones que derivaron en aquel hecho de inusitada violencia.

La comisión que preside fue recibida, inicialmente, con recelo por las comunidades indígenas, admitió Manacés. El dirigente lo atribuyó al hecho de que sus miembros viajaron acompañados de un equipo de seguridad de la policía.

“Después de lo sucedido, obviamente, existe un clima de desconfianza” hacia los funcionarios del orden público, afirmó Manacés, de 41 años, natural de Bagua y empleado público con estudios de derecho.

A las cinco de la mañana del 5 de junio, 600 policías emprendieron una operación de desalojo de la Curva del Diablo, tramo de la carretera Fernando Belaúnde que une la costa con las principales localidades selváticas del norte de este país.

Los manifestantes ocupaban el lugar desde hacía 60 días, en reclamo de la derogación de las “leyes de la selva” respaldadas con firmeza por el presidente García.

Además de la Curva del Diablo, nativos awajún tomaron la Estación de Bombeo de Petróleo Número 6, en Imacita, donde se encontraba un grupo de 30 policías.

Dirigentes indígenas y jefes policiales habían acordado que, si el gobierno ordenaba reprimir a los manifestantes, habría un aviso para permitir que se retiraran pacíficamente del lugar.

Pero el Poder Ejecutivo despachó a Bagua al jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), quien, sin tomar el acuerdo en cuenta, procedió al desalojo atacando a quienes bloqueaban la carretera por aire y por tierra.

Cuando los indígenas que ocupaban la Estación de Bombeo Número 6 se enteraron de la batalla y de los caídos en la Curva del Diablo, resolvieron secuestrar y luego ejecutar a los policías en la instalación petrolera.

“Las versiones que hemos recogido entre los hermanos indígenas señalan que, efectivamente, habían acordado con los jefes policiales una reunión a las 10 de la mañana del 5 de junio para retirarse de la Curva del Diablo y de la estación. La gente ya estaba agotada y sin alimentos”, señaló Manacés.

“Se había frustrado toda posibilidad de derogar las leyes. Había, entonces, desmoralización y desaliento, así que decidieron el repliegue. Pero antes que sucediera llegó la policía”, agregó.

Manacés indicó a IPS que confía en que el informe de la comisión influya en la actitud del gobierno respecto de las comunidades indígenas.

“Tengo esperanza de que el informe produzca un cambio, pero si no es así, la mentira decepcionará a nuestros pueblos. El Estado debe reconciliarse con la población que está muy resentida y dolida por los incidentes de Bagua”, argumentó.

Los pobladores de Baguá le recordaron a la comisión que “la huelga se ha suspendido momentáneamente” y que “no se ha levantado”.

A pesar de su saldo fatal, el episodio aporta una lección, afirmó el apu (máxima autoridad de una comunidad indígena) Zebelio Kayap, profesor bilingüe de 32 años, awajún natural de la localidad de El Cenepa, región amazónica fronteriza con Ecuador.

“De las tragedias también se aprende. Valió mucho la pena esa lucha”, le dijo Kayap a IPS. “De lo ocurrido debemos sacar lecciones para que Perú no vuelva a repetir esa situación tan lamentable, penosa, triste, que no es exclusiva responsabilidad de nuestros pueblos.”

Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), negó que la nación awajún sea violenta, y aseguró que su propósito fue exigir el respeto de su derecho a ser consultado, impuesto por las leyes peruanas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Queremos ser escuchados, y reclamar ese derecho no es un acto violento”, dijo. “Decir que somos violentos es una demostración de que no se conoce a los pueblos indígenas. El conflicto de Bagua se originó en gran parte por el desconocimiento en Lima de nuestra Amazonía.”

Cuando el presidente García sostuvo que, al exigir la derogación de las “leyes de la selva”, los indígenas reclamaban trato de ciudadanos de primera clase, muchos dirigentes nativos se mostraron ofendidos.

“Con esa expresión el presidente dañó directamente nuestros corazones. No hay personas de primera o segunda categoría. Todos somos iguales ante la ley y ante dios. Entre los awajún todos somos iguales, no nos diferenciamos”, anotó Kayap.

El líder indígena confirmó que las comunidades están a la expectativa de la actuación del Poder Ejecutivo para decidir si reanudan la huelga suspendida por la masacre en Bagua.

“En un reciente congreso, las comunidades reiteraron que hemos suspendido la huelga hasta que el gobierno nos escuche y acepte nuestras propuestas y reclamos. Las decisiones que tomemos dependerán de la respuesta del gobierno a las recomendaciones de la comisión investigadora, tomaremos decisiones”, indicó Kayap.

Los choques de junio también alentaron al gobierno de García a iniciar acciones judiciales contra dirigentes indígenas, los participantes en las protestas y contra los supuestos asesinos de los 24 policías.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que encabezó la protesta contra las “leyes de la selva”, informó que han sido enviados a prisión 10 manifestantes y que hay juicios contra otros 84.

Además, cinco directivos de Aidesep afrontan denuncias penales por alterar el orden y convocar a la insurgencia, entre ellos el presidente de la organización, Alberto Pizango, quien debió exiliarse en Nicaragua.

En un principio, todos los líderes de Aidesep eran objeto de orden de captura, como Teresita Antazú, de 49 años, perteneciente a la Unión de Nacionalidades Ashaninkas-Yanesha, en la selva central del Perú.

La justicia ordenó la detención de Antazú porque había participado en la conferencia de prensa en la que Pizango anunció el 15 de mayo que los indígenas se levantarían en insurgencia si no se derogaban las “leyes de la selva”.

Pero la justicia cambió esa orden de captura por una de comparencia. Ahora Antazú puede transitar libremente por Perú sin temor a ser arrestada y enviada a prisión.

“Me acusaron de apología del terrorismo, rebelión y sedición, de cosas que hasta ese momento no sabía qué significaban ni que estaban penadas”, explicó Antazú a IPS.

“Durante dos meses y 15 días tuve que vivir en la clandestinidad. Pero mi comunidad me protegió, me alimentó y cuidó de mi familia. ¿Qué crimen cometí? Representar a mi pueblo y apoyar la lucha por la defensa de nuestras tierras y nuestros recursos”, se contestó.

“Los indígenas somos parte de la naturaleza y consideramos a la naturaleza parte de nosotros. El indígena no es nada sin su territorio, que es muy sagrado para nosotros”, agregó.

“Por eso lo defendemos con nuestras vidas ante la irrupción de las empresas trasnacionales mineras, petroleras y gasíferas que lo depredan todo, sin nuestro conocimiento ni autorización, ni consentimiento. Sin territorio, no tenemos ni dónde morir”, advirtió Antazú.

La dirigente consideró que el sacrificio de vidas del 5 de junio “valió la pena: no sólo conseguimos que se derogaran las leyes más peligrosas, sino que también se nos visibilizara como pueblo. Antes de Bagua, los pueblos amazónicos no éramos considerados dignos de respeto. Después de

Bagua, sí nos respetan. Eso es lo que hemos ganado”.