Las mujeres violadas y torturadas por militares en Perú no encuentran justicia. Sus verdugos, en la impunidad a pesar de las promesas de los gobiernos “democráticos”. Por cientos, los casos de campesinas golpeadas y ultrajadas por elementos de las fuerzas armadas peruanas durante acciones de contrainsurgencia. Cientos de menores de edad fueron sometidos a los mismos abusos
Milagros Salazar / IPS
Lima, Perú. Las investigaciones sobre violaciones sexuales a mujeres en la guerra contrainsurgente en Perú siguen prácticamente congeladas, pese a que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó las respectivas denuncias en 2004. Aún no hay una sola sentencia contra militares, y las víctimas aumentan.
Uno de los casos es el de las ocho mujeres del pueblo de Llusita, en el sureño departamento de Ayacucho, que, con sus hijos en brazos, fueron detenidas y luego torturadas junto con decenas de vecinos del lugar el 24 de abril de 1983.
Las mujeres, tras ser trasladas a la base militar de Cangallo, fueron violadas al día siguiente de su detención. Muchos pobladores inocentes murieron en esa acción represiva.
“Nos empezaron a pegar como si fuéramos sus esposas; nos pateaban en toda la cintura. Yo cargaba a mi bebé en la espalda. No podía hacer nada, ni defenderme ni gritar. Nos golpeaban como a un costal”, cuenta una de las sobrevivientes que, por seguridad, pidió el anonimato.
“Cuando le dije [al militar] que tenía ganas de orinar, me sacó con mi hija y me llevó hacia un cuarto. Entonces, allí empezaron a violarme tres soldados. No he podido resistir a esa violación y por eso me agarraban de los pies. En eso mi hijita se me agarró llorando. Cuando lloraba mi wawita (bebita), le hacía chupar su testículo”, contó la víctima en una denuncia hecha por la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) ante la fiscalía de Ayacucho en 2005.
La investigación de esta denuncia sigue entrampada al igual que una veintena de procesos en fiscalías y juzgados de Ayacucho y de los vecinos departamentos de Huancavelica, Apurímac, Cusco, Junín, Pasco y Lima, informaron a IPS abogados de las organizaciones de derechos humanos.
En el marco del conflicto armado interno de 1980 a 2000, las violaciones sexuales fueron frecuentes como método de tortura, castigo o represalia en 15 de los 24 departamentos en que se divide el país.
El informe de la CVR, creada por el entonces gobierno de transición en Perú (2000-2001), revela que los principales responsables de estos delitos son agentes estatales, particularmente del ejército.
Los informes de organizaciones humanitarias indican que en ese lapso también se practicaron, de manera sistemática, ejecuciones, torturas y masivas desapariciones forzadas, especialmente en zonas rurales que se encontraban bajo el control militar y bajo la declaración de estado de emergencia.
La CVR registró 538 víctimas de violaciones sexuales en los años del conflicto. Sólo 3 por ciento de los casos forma parte de las investigaciones que siguen trancadas en vericuetos judiciales, mientras que sólo dos causas lograron avanzar en tribunales penales. Se trata de la violación sexual a mujeres en las bases militares de Manta y Vilca en la región de Huancavelica. Hasta hoy, no existe ninguna sentencia.
El registro inicial de víctimas que hizo la CVR ya ha sido desbordado por nuevas denuncias. El Consejo Nacional de Reparaciones ha registrado 1 mil 150 mujeres violadas durante la lucha contrainsurgente y tiene otras 697 solicitudes de víctimas.
Para la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, las autoridades se han quedado estancadas en “la identificación de los perpetradores sin utilizar para la imputación la forma en que se utilizó la violación” y la manera en que se trataba de ocultar a los responsables.
Recordó que las mujeres fueron violadas en centros clandestinos de reclusión o cuando las patrullas militares se desplazaban por los poblados, y en muchas circunstancias utilizaban seudónimos y pasamontañas. Por eso, “la identificación pretendida por las fiscalías se hace casi imposible”, explicó Cano a IPS.
Los abogados defensores de derechos humanos consideran que los fiscales y jueces, en la mayoría de los casos, no cuentan con una estrategia clara para demostrar un crimen de esta naturaleza.
Esas críticas hacia la justicia se hacen evidentes en investigaciones, como el caso de Llusita. La fiscalía de Ayacucho separó las acusaciones por violaciones sexuales contra las mujeres de los asesinatos, torturas y desapariciones forzadas de las que fueron víctimas de manera simultánea otros pobladores de la zona.
“En Llusita, todos los hechos ocurrieron de manera sistemática. La acusación por separado no tiene sentido y resta posibilidades para condenar a los que dieron la orden para el operativo militar y a los que comandaron las patrullas”, señaló el abogado Gustavo Campos, de la Comisedh.
Esta organización, que lleva la defensa de las víctimas de Llusita, presentó denuncia contra el entonces jefe de la base militar de Cangallo, Arnulfo Arévalo Torres, y el capitán del ejército, Édgar Acevedo López, jefe de la base militar de Huancapi, entre otros.
Campos aseguró que las autoridades han tomado parcialmente las declaraciones de las víctimas.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (dependiente de la fiscalía), se sumó a estas críticas al decir a IPS que es un grave error “esclarecer los hechos a partir de elementos tradicionales de investigación de casos comunes de violación sexual, tales como exámenes médicos legales de las víctimas de reciente data o la autoincriminación de los investigados”.
En Ayacucho, donde se concentra más del 50 por ciento de los casos, figura el de Georgina Gamboa, quien fue violada en 1981, cuando tenía 16 años, por efectivos policiales.
Su caso, archivado inicialmente, fue reactivado en 2004 luego de reiterarse la denuncia y ha seguido una investigación similar al de cualquier caso de violación sexual.
Como consta en el expediente, entre las pruebas que le pidieron a Georgina en febrero de 2006 para reanudar las actuaciones judiciales, aparecen un examen físico y sicológico, así como una evaluación ginecológica.
Aunque las autoridades saben que tales pericias ya no servirán de nada debido a que los hechos ocurrieron hace más de 20 años, lo hacen por una formalidad “a pesar de que, con ello, se vuelve a victimizar a las mujeres”, cuestionó Cano.
Para resolver esta problemática, los abogados de las organizaciones humanitarias proponen que las autoridades tomen como cierta la versión de la víctima para que luego sea corroborada con otros indicios o pruebas, como establecieron los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También proponen una intervención a través de equipos multidisciplinarios integrados por sicólogos, médicos, abogados, antropólogos, historiadores y otros que además hablen la lengua nativa de las víctimas.
