La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas –integrada por 21 organizaciones de la sociedad civil y decenas de personas– reprueba “el uso y abuso que el gobierno estatal, servidores públicos y personas de la política interna hacen de los recursos públicos para instrumentalizar a mujeres beneficiarias de programas asistenciales, como el Prospera, para fines político-electorales”.
A través de un comunicado de prensa, alerta que esto “violenta el derecho [de las mujeres] a decidir y participar libremente sin condicionamiento alguno”. Parte de los recursos del programa se utilizan para atender la Alerta de Violencia de Género, que no da resultados, a más de 5 meses de que la Secretaría de Gobernación la declarara en siete municipios de Chiapas, advierte la Campaña.
Respecto de lo anterior, advierte que ni siquiera se han instalado “las mesas de atención de casos, salud y coordinación de municipios”, a pesar de “la urgente necesidad de atender los eventos de violencia contra las mujeres que se siguen sumando en la entidad”.
La Campaña denuncia que no se han materializado los compromisos adquiridos por las instituciones del gobierno estatal y federal para la instrumentación de acciones inmediatas para atender la Alerta de Violencia de Género: “no hay acciones claras y contundentes para atender las múltiples denuncias presentadas por hechos de violencia y feminicidio hacia las mujeres en las distintas regiones de Chiapas”.
Además, señala una “falta de interés por parte del gobernador Manuel Velasco Coello”, a quien le recrimina no haber asistido a la reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) –realizada el pasado 21 de abril en Tuxtla Gutiérrez– para dar seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, y tampoco haber enviado a “funcionarios con capacidad de decisión”. Ésta, advierte la Campaña, fue “programada con suficiente antelación, dada la importancia de atender el tema en el estado ordenado por la federación”.
“La falta de capacidad de los funcionarios delegados a las reuniones del GIM entorpece el avance sustancial de acuerdos mínimos, ya que justifican su desconocimiento en la materia pretextando ‘respetar la autonomía municipal’”.
Para la Campaña, la situación que padece Chiapas es grave, “por el incremento de actos violentos y feminicidios”.
No obstante, indica, hay una “desarticulación entre dependencias del gobierno estatal y los representantes de los siete municipios que presentaron programas de trabajo, ya que no constituye una acción estratégica para atender los problemas de fondo ni para resolver las emergencias que se están demandando”.
Los integrantes de la Campaña llaman “a observar la posible instrumentalización y desvío de fondos en la realización de diagnósticos previos y creación de protocolos institucionales a nivel estatal, cuando ya existen ordenamientos claramente establecidos en el Informe de la Alerta de Violencia de Género y la Norma 046”.
Además, solicitan a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “que asuma su papel de coordinación, seguimiento y vigilancia del GIM en seguimiento a la Alerta, ya que no puede reducir su intervención a la moderación de las sesiones ordinarias”.
Para los integrantes de la Campaña, “la declaratoria parcial de Alerta de Violencia de Género para 23 municipios omite las graves violaciones a derechos humanos de las mujeres que se están cometiendo en el resto de municipios de la entidad que no fueron consideradas como parte de la declaratoria; siendo ésta una oportunidad para que el gobierno estatal reconozca y atienda de manera integral el alto costo humano que representa la violencia especifica, en todas sus formas, contra las mujeres en Chiapas”.
Nancy Flores
