Este 1 de diciembre se cumplen 4 años (1 mil 461 días) de que el indígena na savi Arturo Campos, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fue detenido y encarcelado de forma arbitraria.
Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, este encarcelamiento es injusto e ilegal, pues se basa en “una interpretación tendenciosa de la ley penal” y la manipulación de su expediente, además de que las pruebas en su contra fueron fabricadas para achacarle los delitos de robo, delincuencia organizada y secuestro.
En un comunicado, Tlachinollan refiere que esto quedó demostrado en tribunales federales, que ya declararon su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra.
También indica que en dos procesos de amparo se demostró que las acusaciones contra el defensor comunitario son infundadas. Y que los tribunales de mérito reconocieron a la CRAC-PC como una organización social y política de los pueblos indígenas, “facultada para realizar tareas de seguridad y justicia, y a Arturo Campos como consejero de la CRAC-PC”.
Por ello, indica el Centro, la detención del policía comunitario violentó los derechos de los pueblos indígenas al ejercicio de sus sistemas normativos propios, a la libre determinación, autonomía y a crear sus propios sistemas de seguridad y justicia.
Tlachinollan recuerda que el defensor fue detenido durante una protesta realizada hace 4 años para exigir la liberación de otros policías comunitarios detenidos en agosto de 2013. “De inmediato fue trasladado ilegalmente al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México, obstaculizando y violando todos sus derechos a una defensa adecuada”.
Actualmente, contra Arturo Campos sólo permanece abierta la causa penal 196/2013-I-A por el delito de secuestro en agravio de 43 personas, mismas que enfrentaban juicios bajos las instituciones procesales de los Sistemas Normativos de la CRAC-PC.
Esas 43 personas estaban detenidas en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla de los Libres, porque eran acusadas por pobladores de haber cometido delitos, como lesiones, violaciones y homicidios.
Para Tlachinollan, en los próximos días, el juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Tlapa, Guerrero, deberá decretar su libertad: “no hacerlo representa una flagrante violación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
Una campaña nacional e internacional encabezada por los familiares de Campos y el propio Tlachinollan exige la liberación inmediata e incondicional del indígena, el cese a la criminalización contra defensores de derechos humanos en Guerrero y al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de Guerrero y el país.
Nancy Flores
