El erario nacional podría ahorrarse hasta 32 mil millones de pesos –en cinco años– con la reforma en materia electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó esta mañana la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. En la conferencia presidencial, expuso que el modelo de democracia que se tiene en México es uno de los más caros del continente, porque hay duplicidad de funciones en las instituciones electorales.
La iniciativa –que fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero– también busca fortalecer la democracia, impulsar las consultas populares y que éstas sean vinculatorias, así como eliminar las listas plurinominales para que las diputaciones y senadurías se ganen en urnas.
Acerca del costo de las instituciones electorales, la funcionaria federal explicó que éste equivale a 9.07 dólares por persona. Por ello, es superior a los sistemas electorales de Brasil, Canadá, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile y Nicaragua.
En ese contexto, Alcalde Luján detalló que el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos se reduciría a la mitad y eliminaría el financiamiento para actividades partidistas específicas, lo que generaría el ahorro de 32 mil millones de pesos entre 2025 y 2030.
Como ejemplo de estos gastos, la secretaria de Gobernación citó que el financiamiento público para las elecciones de 2024 es de 72 mil 294 millones de pesos (repartidos entre partidos políticos y el aparato electoral). Además, los 33 órganos electorales tienen un presupuesto conjunto de 49 mil 838 millones de pesos, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reporta un financiamiento de 3 mil 622 millones de pesos. Los partidos políticos nacionales y locales obtendrán un total de 18 mil 834 millones de pesos.
De acuerdo con la abogada, la iniciativa de reforma también plantea transformar el actual sistema electoral, al crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, expuso la funcionaria. Éste sustituirá al Instituto Nacional Electoral (INE), además de que absorberá las funciones de los 32 organismos públicos locales (OPLES) –con lo que se busca evitar la duplicidad de funciones en cada entidad federativa– y su pleno estaría integrado por seis consejeros electorales, por un periodo de sólo 6 años y sin posibilidad de reelección.
La secretaria de Gobernación expuso que desde la reforma política-electoral de 2014, el INE asumió diversas responsabilidades de los OPLES e interviene en sus procesos cuando lo estima necesario. Actualmente ejecuta, verifica o coordina prácticamente todas sus actividades significativas.
Respecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Luisa María Alcalde expuso que éste atraería las funciones de los 32 tribunales electorales locales del país. Otro cambio es que se reduce el periodo de los magistrados electorales de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección.
Además, tanto magistrados del TEPJF como consejeros del INEC serán electos a nivel nacional por voto directo de la ciudadanía y no por negociaciones de partidos políticos en la cúpula como en la actualidad. De aprobarse esta reforma se llevaría a cabo una elección extraordinaria en 2025.
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