No es necesario realizar una encuesta entre los miles de trabajadores que han comenzado a jubilarse bajo el régimen de cuentas individuales impuesto en 1997 por el tecnócrata Ernesto Zedillo Ponce de León para saber que, durante las casi tres décadas en que las llamadas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) han manejado el dinero de millones de ahorradores, han terminado entregando pensiones de miseria que apenas alcanzan 30 por ciento de sus últimos salarios.

Una realidad muy distinta a la que ofrecía el Sistema Solidario, desaparecido en 1996 por decisión de los legisladores del PRIAN en el Congreso. Una situación similar enfrentan ahora los trabajadores burocráticos, luego de que en 2007 el espurio panista Felipe Calderón modificara la Ley del ISSSTE para enviarlos al esquema de cuentas individuales de las Afores, lo que con el paso del tiempo ha afectado de manera considerable los montos pensionarios de gremios como el magisterio.

En ambos casos, los gobiernos de corte neoliberal argumentaron la inviabilidad financiera del sistema solidario, tanto en el apartado “A” como en el apartado “B”. Sin embargo, a la distancia, la medida se revela como un innegable despojo de los fondos de ahorro de millones de trabajadores, que de la noche a la mañana fueron entregados a los banqueros.

Como si no hubiera bastado con el rescate bancario del FOBAPROA, implementado también por Zedillo en 1998, mediante el cual una deuda privada se convirtió en deuda pública y que, hasta la fecha, ha costado a las nuevas generaciones de mexicanos nada menos que 2 billones 300 mil millones de pesos tan sólo en intereses.

El problema de fondo es que, en manos de los banqueros y los voraces inversionistas, los ahorros de millones de mexicanos se han manejado no con base en los intereses de los trabajadores ni en los de la economía nacional, sino en función de fondos buitres que se han escudado en las “letras chiquitas” de la legislación para justificar las llamadas minusvalías, que no son otra cosa que pérdidas derivadas de inversiones de riesgo que los banqueros están autorizados a realizar mediante los contratos leoninos que las Afores firman con los trabajadores.

En marzo pasado, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) reportó pérdidas, o minusvalías, por 417 mil 321 millones de pesos que, por supuesto, son endosadas a los ahorros de millones de trabajadores. Además, la propia CONSAR reconoce que unos 18 millones 400 mil mexicanos tienen su dinero en una cuenta AFORE y que, al quedar cesantes, no la han reclamado, sin que las administradoras de fondos los notifiquen al respecto. Un robo legal e institucional.

El modelo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) busca abrogar para retornar al sistema solidario garantiza las ganancias de los banqueros y de las Afores. No sólo porque les permite invertir los recursos donde mejor convenga a sus intereses, con los riesgos que ello implique, sino porque además les autoriza a cobrar comisiones por la administración de más de 70 millones de cuentas.

La narrativa de muchos medios cuyos principales anunciantes son precisamente los banqueros y las Afores busca descalificar la lucha y las exigencias de la CNTE bajo el argumento de que esos recursos no pertenecen a los maestros, sino a los ahorradores. Sin embargo, omiten explicar a la opinión pública y a la clase trabajadora que las Afores comenzaron a capitalizarse con recursos que el Estado les entregó en bandeja de plata provenientes de los ahorros de los trabajadores.

Con el paso del tiempo ha quedado claro que la imposición de Zedillo, tanto del Fobaproa como de las Afores, nunca fue consultada ni con la población ni con los trabajadores. Los banqueros ganaron por partida doble: no sólo se liberaron de una deuda privada calculada entonces en casi 600 mil millones de pesos, al transferirla a todos los mexicanos como deuda pública, sino que además recibieron como “bono extra” el manejo de miles de millones de pesos de los fondos de ahorro y un mercado cautivo de clientes obligados a abrir cuentas individuales.

Cálculos conservadores señalan que, desde 1997, las ganancias promedio de las Afores han oscilado entre 10 y 12 mil millones de pesos anuales. Ello ha sido posible gracias a la laxitud y complicidad no sólo de Zedillo, sino también de los presidentes que le sucedieron: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes permitieron a los banqueros cobrar elevadas comisiones por la administración de cuentas, incluso cuando éstas permanecían inactivas.

Durante más de una década, los voraces financieros se despacharon con la cuchara grande al cobrar comisiones de hasta 1.9 por ciento, las más elevadas del mundo, incluso por encima de las registradas en Perú y Chile. Este último país fue el primer antecedente del sistema de cuentas privadas, impuesto durante la dictadura del genocida Augusto Pinochet, que con el paso de las décadas terminó condenando a la pobreza a miles de adultos mayores debido a las insuficientes pensiones obtenidas al final de su vida laboral.

Es la misma ruta hacia la que se encamina México. Y aunque actualmente, por disposiciones oficiales emitidas en 2021, las comisiones rondan 0.5 por ciento, los ahorradores siguen careciendo de mecanismos efectivos para decidir sobre el manejo de su dinero.

A la fecha, se estima que las 10 Afores que operan en el país administran más de 7 billones de pesos, de acuerdo con sus propios intereses y proyectos de inversión, sin responsabilidad alguna frente a los verdaderos dueños de esos recursos: los trabajadores. Bajo el actual modelo de corte neoliberal, unos cuantos consorcios y grupos de poder económico son los que ganan, mientras millones de personas pierden.

La exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 para retornar a un sistema solidario que garantice pensiones dignas no sólo para los maestros, sino para toda la burocracia, resulta plenamente legítima. Los recursos de los ahorradores existen y deben ser administrados por el Estado, que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad social de millones de mexicanos.

Los servidores públicos sindicalizados deben tomar conciencia de que la lucha de los maestros y maestras de la CNTE beneficia a todos los trabajadores del apartado “B”. Pero también los sindicatos democráticos y la clase obrera deben exigir que, en el caso de los trabajadores del apartado “A”, se revierta la reforma neoliberal que modificó la Ley del Seguro Social en 1997 para incorporarlos a un sistema de cuentas individuales que los está condenando a la pobreza durante su vejez.

Es momento de aprovechar la actual coyuntura para tejer un gran movimiento nacional que impulse el retorno al sistema solidario. El gobierno federal debe valorar que esta medida no sólo representa un acto de justicia social, sino también una obligación para un gobierno de izquierda que busca resarcir el grave daño que las políticas neoliberales ocasionaron a las pensiones de la clase trabajadora.

Martín Esparza*

* Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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