Diversos son los esfuerzos hechos en materia electoral para reducir al mínimo posible los casos de violencia política en razón de género; sin embargo, existe una fuerte resistencia cultural que desde el ámbito de lo social transciende al espacio de la política. De la misma manera, la violencia trasciende de la relación cara a cara al espacio digital. Tan sólo en el mes de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 28 quejas, 24 relacionadas con ataques en redes sociales. Lo anterior permite constatar la existencia de un sustrato histórico y un patrón estructural que reproducen de manera constante, en el caso que nos ocupa, la violencia política en razón de género.
La normalización de estos patrones dificulta que los diferentes niveles de gobierno y aún los partidos políticos hagan absolutamente efectivas las herramientas legales con que cuentan para identificar la violencia recurrente y adoptar estrategias adecuadas para su prevención, atención, sanción y erradicación. Esto no supone que se abandone a quien pretende ocupar un cargo de elección popular a su suerte. La legislación electoral en la materia ha ido avanzando gradualmente, como lo muestran los diferentes ordenamientos legales que soportan la lucha en contra de la violencia política de género, a saber: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General de Partido Políticos, entre otras disposiciones normativas.
Se debe anotar igualmente, que las resistencias a no ejecutar actos que puedan traducirse en violencia política existen también al interior de los diversos partidos políticos e instancias de gobierno, por lo que la actuación de la autoridad electoral para conocer y sancionar tales actos es crucial, especialmente en épocas de elecciones como la que está en curso. Una estrategia para atender esta situación y evitar, en lo posible, que una persona violentadora vuelva a ocupar puestos públicos es la existencia del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia contra las Mujeres en Razón de Género. Instancia que, en lo que va de los actuales comicios, ha registrado 21 infracciones por violencia de diversos tipos (patrimonial, económica, psicológica, verbal, simbólica y digital). En siete de estos casos la víctima fue una mujer indígena y en dos se trató de integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.
Esto da cuenta de la complejidad que supone la atención a casos de violencia política en razón de género pues, como puede observarse, a las desigualdades construidas socialmente, a partir de la asignación de género, se unen otras desigualdades expresadas como vulnerabilidades asociadas tales como: el origen étnico, la edad, la condición socioeconómica, la religión, etcétera. Asimismo, debe tenerse en cuenta que ya no se sostiene la asimilación única de género con mujeres, sino que esta categoría debe incluir a las personas de la comunidad sexo diversa. De esta manera, al hablar de “violencia política en razón de género” deberá incluirse a los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ quienes sufren, al igual que las primeras, la violencia patriarcal.
Por todo lo dicho se vuelve imperativo que: el INE realice un seguimiento más cercano al uso que los partidos políticos le dan a su presupuesto para la formación de liderazgos de mujeres y asignen presupuesto para la gente de la diversidad sexual; los partidos políticos profundicen, vía cursos y talleres, en los procesos de sensibilización en materia de perspectiva de género y que transparenten los mecanismos para la selección de las candidaturas destinadas a estas dos categorías sociales.
Éste y otros temas serán parte del análisis que realizará el Panel Ciudadano de Seguimiento al Proceso Electoral, una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad PUEDJS UNAM, que arranca labores en el Centro Cultural Tlatelolco, el 17 de abril de 2024. Más información en https://puedjs.unam.mx/panel-ciudadano-de-seguimiento-al-proceso-electoral-2024/
Ivonne Acuña Murillo*
*Académica de la Universidad Iberoamericana, experta en sistema político y género
